Contaminación crítica en Tierra Amarilla por un negocio minero en plena expansión

Las emanaciones de la Fundición Paipote han vuelto a generar alarma pública en Tierra Amarilla. Esta comuna de la Región de Atacama despierta otra vez para reclamar por la polución ya no sólo de la planta de Enami, sino también de las grandes mineras que rodean el pueblo, contaminan el aire, agotan el agua y sacuden el suelo. Las empresas intentan responder al potente reclamo de que se llevan la riqueza y dejan la basura con donaciones a la comuna. Esta vez no basta. Frente a los miles de millones que invierten y ganan, el presupuesto del municipio sigue siendo escuálido y la población pobre. Ciper Chile 11 de agosto 2011.


No eran ecologistas los habitantes de Tierra Amarilla que protagonizaron uno de los primeros movimientos ambientales fuertes tras el regreso a la democracia. Simplemente estaban ahogados con las emanaciones de la fundición de cobre Paipote, de la empresa estatal Enami. Protestaron, marcharon hasta Copiapó y lograron atraer la atención de las autoridades que en 1993 declararon la zona saturada de anhídrido sulfuroso y diseñaron un plan que reducía drásticamente las emisiones.

Por mucho tiempo el problema pareció haberse solucionado, pero en los últimos meses Paipote volvió a convertirse en un peligro latente. Durante abril, la planta superó tres veces la norma y en el pueblo cobraron nuevamente fuerza los reclamos por la contaminación de la planta ubicada a 10 kilómetros de Tierra Amarilla.

Aquí nadie quiere el cierre de Paipote. De hecho, Paipote ni siquiera es el único responsable de la molestia ciudadana. Lo que tiene hartos a muchos de los habitantes de Tierra Amarilla es la sensación de que viven en un lugar con pésimas condiciones ambientales, en gran parte por culpa de la actividad minera.

El impacto de la minería es difícil de soslayar en Tierra Amarilla. Salta a simple vista. No sólo porque es una ciudad rodeada de yacimientos de cobre, sino porque los enormes cerros de material estéril se depositan a metros de las casas. Minas que levantan grandes cantidades de polvo en sus procesos, relaves abandonados y tronaduras que sacuden el suelo de improviso. Se les culpa además de haber acelerado la desaparición del río Copiapó, cuyo lecho seco pasa por en medio de la ciudad.

“Los beneficios son muy pocos en relación al impacto de la gran minería en Tierra Amarilla”, resume el concejal Jorge Hidalgo (PPD). Con el precio del cobre por las nubes y la conciencia ambiental en auge en todo Chile, Tierra Amarilla busca que las empresas mineras se pongan al día con una deuda que se arrastra por décadas.

Hay quienes creen que el daño es tan grande y el negocio tan rentable que llegará el momento en que se optará por la minería y se erradicará a los 12 mil habitantes de Tierra Amarilla. El alcalde Carlos Barahona lo descarta tajantemente:

-Eso se viene escuchando desde que soy niño, porque dicen que el mejor cobre está bajo la ciudad. Creo que es imposible que pase. Como gente nacida y criada en Tierra Amarilla, voy a oponerme”.

Paipote: El vecino molesto
La Coordinadora Ambiental de Tierra Amarilla nació en 2009 y permaneció inactiva hasta hace algunos meses, cuando la contaminación de Paipote se hizo evidente. El 29 de marzo pasado las estaciones de monitoreo registraron un alza fuera de lo habitual, pero no fue hasta el 15 de abril que superaron los límites. Ese día en la estación de Paipote se superaron dos veces los tres niveles en que se miden los episodios críticos. Su registro llegó a marcar 4145 ug/Nm3. La Seremi de Salud inició entonces un sumario. No sería suficiente. El 28 de abril volvería ocurrir un episodio crítico. La Seremi de Medio Ambiente de Atacama informó que en los meses siguientes no se sobrepasaron los niveles críticos.

Esta vez la alerta fue en la estación de Tierra Amarilla, que al menos desde 2003 no registraba una emergencia. La alarma pública fue muy potente. Se suspendieron las clases en los colegios y el alcalde interpuso un recurso de protección para obligar a la empresa a tomar medidas. “Uno percibe el humo, lo sientes cuando respiras. En mi trabajo nos pasan mascarillas”, cuenta Iris Reygadas, de la Coordinadora Ambiental, quien trabaja en una empresa cercana a Paipote.

Para Enami, lo ocurrido durante abril no está fuera de lo habitual. Si antes del plan de modernización y descontaminación se registraban hasta 400 episodios anuales –más de uno diario–, desde que éste terminó de implementarse, el año 2000, se producen unos tres episodios al año. De hecho, en 2010 hubo cinco. Se atribuyen a fenómenos metereológicos que son difíciles de predecir.

Pero a diferencia de ocasiones anteriores, tras los episodios de abril, Enami propuso un nuevo plan de control de emisiones para minimizar la probabilidad de emergencias ambientales. Según el documento en que se presenta el plan, la empresa “ha dado fiel cumplimiento” a la norma de calidad del aire y los cambios se producen porque están “concientes de la sensibilidad que hoy existe”. Profesionales ligados a la compañía señalan que la alarma pública que se desató por la contaminación en una escuela cercana a la Fundición Ventanas, en la Quinta Región, habría hecho que esta vez la gente de Tierra Amarilla se asustara. “La gente sobre reacciona porque el SO2 en baja cantidad igual se siente fuerte, pero es sólo la sensación, no produce ningún daño al organismo”, afirma un ejecutivo de Enami.

En cambio, a los funcionarios de la Seremi de Salud la contaminación no les parece tan inocua. De acuerdo a la información entregada por la autoridad sanitaria, el SO2 es peligroso para los humanos y la exposición “produce irritación e inflamación aguda o crónica de las mucosas conjuntival y respiratoria”. Además, puede transformarse en partículas finas de sulfato y niebla de ácido sulfúrico, lo que podría “incrementar la morbilidad y mortalidad de enfermos crónicos del corazón y vías respiratorias. En individuos asmáticos puede producir broncoconstricción”. De acuerdo al alcalde Carlos Barahona, las atenciones de emergencia aumentan en los días críticos, lo que fue confirmado en el consultorio local.

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en personas asmáticas que realizan ejercicio, los síntomas se presentan con sólo 10 minutos de exposición al SO2. La norma diaria debiera ser de 20 ug/m3, aunque para países en desarrollo se recomienda al menos 50 ug/m3 (Chile admite 80 ug/m3). En 10 minutos se recomienda que no se supere una concentración de 500 ug/m3. En el país los episodios críticos se determinan en registros de una hora y se miden en tres niveles: 1.962 ug/Nm3, 2.616 ug/Nm3 y 3.924 ug/Nm3

El seremi de Medio Ambiente, Mario Manríquez, cuenta que ellos mismos han constatado que cuando se supera el nivel 500 la gente lo percibe y empieza a llamar para preguntar si hay algún problema. Habitualmente las estaciones de monitoreo registran menos de 10 ug/m3 de SO2, pero hay momentos en que se dispara. Por ejemplo el registro horario de abril, el mes crítico, arroja más de 500 ug/m3 en algunas horas de los días 13, 16, 21, 24 y 25, además del 15 y el 28 en que hubo alarma ambiental.

En abril las autoridades regionales actuaron con mayor énfasis que en otras oportunidades. El más duro fue el seremi de Salud, Nicolás Baeza, quien llegó a amenazar con cerrar la fundición si era necesario. Y aunque dijo confiar en la información entregada por la empresa en cuanto a que no han aumentado las emisiones, no le pareció suficiente el nuevo plan de Enami. Baeza afirmó a CIPER que la autoridad sanitaria debía ser más agresiva, con un mayor control sobre los procesos de la empresa, con cámaras que permitan monitoreo meteorológico y constatar al interior de la empresa si la compañía cumple con los protocolos en caso de emergencia.

Baeza pretendía bajar los niveles de las alertas a 1000 ug/m3, pues en pocos minutos “puede haber personas que presenten síntomas como irritación ocular, asma, tos, sensación nauseosa y vómitos, entonces obviamente eso genera mucha conmoción”. Las últimas alertas es lo que le preocupa también al alcalde de Tierra Amarilla, Carlos Barahona:

-Soy nacido y criado en esta comuna y en los episodios que se sucedieron estaban contaminando de sobremanera. No hay que tener el monitor para saber que están contaminando. Tenemos hartos hipertensos, gente que tiene silicosis, y en los episodios se nos doblaba la población en el consultorio atendiéndose, lo que nos produce un daño enorme en personal y medicamentos –explica Barahona, quien dice que le pidió a Enami que entregara al municipio $50 millones anuales en compensación, obteniendo una respuesta negativa de la empresa.

El recurso de protección del municipio busca que Enami se comprometa a eliminar los episodios de Paipote que afectan a la comuna. Ni siquiera en la Coordinadora Ambiental buscan el cierre de la planta, pues saben que la fundición es parte de una cadena que genera empleos en la minería. “Nos atacan con que pedimos el cierre, pero lo que buscamos es que el Estado invierta en tecnología”, dice Iris Reygadas.

El problema es que de acuerdo a Enami, actualmente la planta absorbe el 90% de las emisiones y pasar a una tecnología que se acerque más al 100% implica fuertes inversiones. Las estimaciones preliminares hablan de entre 500 y 600 millones de dólares. Palabras mayores que por ahora no están contempladas, según explica el vicepresidente ejecutivo de Enami, William Díaz:

-Estamos cumpliendo la norma diaria y anualmente, por lo tanto no hay razones para hacer esa inversión. Es el Estado el que tiene que tomar la decisión, y la primera es cuál es el nivel de contaminantes que quiere incorporar a la nueva norma. Teniendo claro cuál es ese nivel, se verá cómo las empresas del Estado tenemos que hacer las inversiones para cumplirla. Además, por ese volumen de inversiones, lo más lógico es hacer toda la fundición de nuevo. Y dado el escenario de asentamiento humano en el entorno actual, no tiene ningún sentido hacerla donde mismo. Si nos vamos 100 kilómetros hacia el desierto, estaremos haciendo una fundición que captura el 90 y tanto por ciento de los gases en un lugar donde no vive nadie. Es una decisión que depende del Estado.

Precisar los efectos acumulativos de las emisiones de la planta en la población debiera ser un antecedente a tener en cuenta antes de tomar una decisión, pero hasta ahora no existen investigaciones al respecto. “Estamos terminando un trabajo sobre el impacto en las atenciones de urgencia que dará alguna idea, pero no ha sido posible hacer estudios porque se requiere de recursos que la región no tiene”, dice el jefe del Departamento de Salud Pública de Atacama, Omar Maldonado.

Los resultados de estos primeros análisis no los recibirá el seremi Baeza, quien renunció la última semana de junio aduciendo razones personales. Sólo alcanzó a estar poco más de ocho meses en el cargo, un periodo rodeado por la polémica pues fue quien recalificó la central termoeléctrica Castilla, permitiendo su aprobación. En Enami hay quienes creen que este episodio hizo que Baeza fuera particularmente duro con Paipote, como una forma de reafirmarse políticamente.

Antes de renunciar, Baeza reconoció a CIPER que pese a lo declarado públicamente, no tenía autoridad para decretar el cierre de la planta en caso de que hubiera un incumplimiento reiterado de la norma. Su única herramienta era decretar sumarios sanitarios y multar a la empresa. Pero aún esa herramienta ha sido puesta en duda por Enami.

El antecesor de Baeza, Raúl Martínez, aplicó la multa máxima de 1.000 UTM ($37 millones a junio de 2010) como medida ejemplificadora, pues notaron que la empresa no estaba tomando las medidas adecuadas para enfrentar los aumentos de niveles que se producen con ciertas condiciones atmosféricas. Sin embargo, la empresa reclamó en tribunales que las emergencias sancionadas no constituyen infracción a las normas ambientales, calificando la multa de “improcedente, arbitraria, ilegal e inconstitucional”. Esto, pese a que los sumarios sanitarios arrojaron que el 19 de marzo de 2009 los niveles de SO2 llegaron a 4.167 mg2/Nm3 y el 1 de octubre del mismo año a 3.268 mg2/Nm3.

El argumento de Enami es que la Norma Primaria de Calidad de Aire para Dióxido de Azufre establece límites anuales y diarios, los que no han sido sobrepasados. Pese a que los niveles horarios que obligan a decretar emergencia ambiental fueron superados, Enami sostiene que la norma no prohíbe ni sanciona expresamente la ocurrencia de estos episodios críticos que duran aproximadamente una hora, por lo tanto no constituyen una superación de la norma. La compañía estima que la autoridad sanitaria confunde la facultad de fiscalizar con la atribución de sancionar.

Aún queda el fallo de la justicia de Atacama. De confirmarse la tesis de Enami, la autoridad sanitaria estaría completamente atada de manos para actuar contra la empresa.

Rodeados por minas
Punta del Cobre, Carola, Atacama Kozan, Candelaria y Ojos del Salado (estas dos últimas son ahora propiedad del gigante estadounidense Freeport) son las mineras que operan en torno al pueblo de Tierra Amarilla. Generan diversos tipos de impacto, pero el prioritario de abordar para la Coordinadora Ambiental es el material particulado levantado por las faenas. El alcalde comparte la preocupación.

“Cuando hay tronaduras se producen momentos Peak en que el polvo en suspensión es bastante fuerte. Algunas mineras tienen las chancadoras cercanas al radio urbano y hay relaves depositados muy cerca a nuestra población que con el viento producen polución con cobre, plomo y zinc a diario”, se queja el alcalde Barahona. Dice que el enorme cerro de estériles que minera Candelaria ha acumulado por años –y que los vecinos temen se desplome sobre el cementerio y una población nueva– ha obstaculizado la ventilación del polvo en suspensión. A la actividad minera se suma el polvo habitual de una zona desértica.

Desde el 2007 que la Seremi de Salud de Atacama está pidiendo al gobierno central que se decrete zona saturada en Tierra Amarilla, Paipote y Copiapó, debido a que supera la norma de PM 10 (material particulado grueso). Se requiere de un decreto presidencial y ni el gobierno anterior ni el actual han querido tomar la decisión.

Para la Coordinadora Ambiental este tema es clave, pues esperan que la declaración de zona saturada obligue a iniciar un plan de descontaminación que haga que las empresas paguen por el impacto que generan en la comunidad.

Sin embargo, el seremi de Medio Ambiente, Mario Manríquez, explica que se está revisando la norma de PM 10 y que el resultado podría ser menos restrictivo que el actual. Esto, debido a que en enero comienza a regir la norma de PM 2.5 -material particulado fino- que es mucho más dañino para la salud. “La norma de calidad del aire se hace más estricta controlando el 2,5. No tiene mucho sentido establecer una norma (de PM 10) que en la práctica es imposible de cumplir en zonas en que aún sin presencia de componentes antrópicos se encuentran saturadas por acción de la naturaleza”, dice.

Pero Manríquez agrega un dato que podría beneficiar a Tierra Amarilla y que no ha estado en la discusión pública: el SO2 es un precursor de PM 2.5, por lo que en cuanto este material particulado comience a medirse, es posible que Paipote supere la norma y deba obligatoriamente bajar sus emisiones.

Iris Reygadas explica que actualmente la suma del humo de Paipote y el polvo de las mineras hace que en ocasiones el aire sea irrespirable. Ella misma tuvo que mudarse durante varios años a Vallenar cuando su hija era pequeña porque el doctor le dijo que en Tierra Amarilla nunca superaría sus problemas respiratorios.

Ella es de las que cree que las empresas no compensan ni siquiera una pequeña parte del enorme daño que generan a la ciudadanía. Pese a ser una comuna minera, dice, las empresas que generan más trabajo son pequeñas y medianas, no las grandes compañías que obtienen millonarias utilidades por sus explotaciones en Tierra Amarilla. Desde el punto de vista del empleo, estas empresas tampoco serían un aporte. Y ello porque la gran minería ha alcanzado altos grados de sofisticación y por lo tanto requieren de mano de obra calificada que no se encuentra en la comuna. Los servicios prestados por los trabajadores locales son muy básicos y de bajos ingresos, pues no están capacitados.

Los indicadores sociales de Tierra Amarilla hablan de una comuna de escaso desarrollo, donde la educación es el principal problema (ver documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional y el informe de la Fundación para la Superación de la Pobreza). En la última década, la tasa de analfabetismo ha aumentado en vez de disminuir. La encuesta Casen de 2000 arrojó que el 3,6% de la población no sabía leer y escribir, porcentaje que aumentó a 4,8 en 2003 y a 5,6 en 2006 (el 2009 no se entregó por comuna), mientras en el resto del país era de 3,9%. Y si el promedio nacional de escolaridad es de 10,2 años, en Tierra Amarilla sólo alcanza 8,6 años. En el Simce los resultados no son más alentadores: están bajo el promedio en todos los niveles y materias evaluadas, y en algunos casos hasta 50 puntos bajo la media. Registra además el menor nivel de cobertura educacional de la Región de Atacama.

El nivel de desocupación es, sin embargo, más bajo que el nivel nacional, impulsado principalmente por la agricultura y la pequeña y mediana minería. La mala calidad de la educación tampoco impidió que los ingresos por familia se duplicaran entre 2003 y 2006, aunque aún muy por debajo del promedio nacional.

Cuánto aportan las grandes mineras
El auge del precio de los metales ha atraído nuevos inversionistas mineros, aún más grandes que los que llevan ya años trabajando cerca del centro urbano de Tierra Amarilla. Los recién llegados se instalan kilómetros más arriba, en la cordillera. Ahí está, por ejemplo, el proyecto de oro y cobre Cerro Casale, de las empresas canadienses Barrick Gold -el mayor productor aurífero del mundo- y Kinross, que contempla una inversión de más de US$ 4.200 millones. Es el más temido por la Coordinadora Ambiental debido a que utilizará cianuro en sus procesos.

Otro de los nuevos vecinos que genera recelo es Caserones, de Lumina Cooper, que se encuentra en construcción y alcanzaría los US$ 1.700 millones de inversión. Kinross explota además el proyecto Maricunga y Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic, tiene importantes proyectos en la comuna.

Cuando las inversiones se cuentan en miles de millones de dólares, el shock es fuerte para un municipio como Tierra Amarilla, cuyo presupuesto anual es de sólo US$ 3,4 millones, y que aún presenta un bajo índice de desarrollo comunal. De acuerdo a la encuesta Casen 2006, el 20% de las viviendas tiene condiciones deficitarias y el 16,4% presenta condiciones deficitarias de saneamiento debido a la falta de conexión al alcantarillado (parte de sus 12 mil habitantes vive en zonas rurales).

En la actualidad, cuenta el administrador municipal Alejandro Mella, el aporte del fondo común municipal es equivalente a las patentes comerciales que pagan las mineras: $ 700 millones. Además el municipio tiene divergencias con Kinross y Punta del Cobre respecto al monto que les corresponde pagar.

Otro monto similar se recibe por el pago de patentes mineras, pero sólo puede gastarse en obras de inversión para la comunidad. El alcalde reclama que, pese a ser una de las comunas que produce más mineral en Chile, no recibe ni un peso por el pago de royalty.

Si hasta hace algunos años las empresas no parecían tener ningún interés en aportar más que lo que les exige la legislación chilena -diseñada para favorecer la inversión-, la llegada de empresas más grandes ha fomentado el desarrollo de iniciativas a favor de la comunidad en el marco de sus políticas de responsabilidad empresarial. Las compañías ahora saben que los reclamos ambientales y sociales pueden causarles un fuerte daño en imagen e incluso hacer peligrar sus inversiones.

En Tierra Amarilla esas nuevas políticas se ponen en práctica a través de convenios con la municipalidad. Y son millonarios, al punto que superan varias veces el presupuesto municipal. Por ejemplo, Candelaria aportó $ 1.140 millones para la remodelación del estadio e iluminó la comuna con internet wifi; y Barrick se comprometió a entregar $1.300 millones para la construcción de obras en beneficio de la comunidad, un sistema de reciclaje de basura y hacerse cargo de la licitación del diseño del nuevo liceo. Caserones invertirá US$ 1 millón en cuatro años en diversas iniciativas, como un nuevo cuartel de bomberos con un carro bomba, la remodelación del consultorio y la piscina municipal a lo que agrega una nueva piscina temperada y capacitación laboral.

Claudio Alfaro, de la Coordinadora Ambiental, reconoce el cambio de actitud de las empresas, pero dice que se está traduciendo en cambios externos que no solucionan los problemas de fondo de la comuna: su retraso educacional y el nulo desarrollo de actividades culturales que la hagan desarrollarse y mejoren la calidad de vida.

Incluso, opositores al alcalde, como el concejal Jorge Hidalgo, valoran que haya atraído nuevas inversiones. Sin embargo, critica la falta de independencia que tiene el municipio con las mineras, pues según él no se las fiscaliza adecuadamente. Otro de los cuestionamientos al alcalde es la forma “creativa” en que se han ejecutado algunos de los convenios. El más polémico es el de Caserones: cuatro funcionarios municipales reciben su sueldo con plata de la empresa.

– No porque estemos sacando lucas no nos preocupamos. Para nada me quita libertad. En ningún momento hemos “vendido” la comuna a la empresa privada. Como municipalidad hemos hecho un esfuerzo tremendo para que las empresas se acerquen a colaborar después de contaminar toda una vida. Sentimos que la empresa privada nunca en la historia ha dejado nada en Tierra Amarilla. Siendo Carlos Barahona alcalde eso se ha logrado -se defiende el edil.

Otros creen que la buena relación con las grandes compañías se explica porque el alcalde tiene una empresa familiar que se dedica a la minería y al transporte de materiales. Barahona descarta tajantemente que preste servicios a las grandes empresas, como acusan sus detractores.

-Por favor diga que el alcalde no se ha vendido y no va a permitir que vengan a destruir la comuna -concluye Barahona.

* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.

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