En Villarrica se realizó foro”privatización de semillas y sus implicancias en la soberanía alimenta”

La actividad tenía como objetivo socializar las características y alcances del Convenio UPOV 91 y el proyecto asociado a la ley de obtentores vegetales, las acciones de rechazo que vienen realizando los movimientos campesinos y la opciones que ofrece el Convenio 169 de la OIT en estas materias.

En la ciudad de Villarrica y con un gran marco de público comenzó ayer el Foro "Semillas, Soberanía Alimentaria y Movimientos Sociales", convocado por distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Observatorio Ciudadano, CET-Sur, Corporación de Kom kelluayin, RED AGRA, Red Derechos Colectivos, Red Ciudadana de Villarrica, Territorios en Acción (TEA), Ética en los Bosques, Centro de Alumnos Pontificia Universidad Católica de Villarrica y la Federación Estudiantes Secundarios Villarrica.

Refiriéndose al rechazo ciudadano frente a la aprobación del Convenio UPOV 91, y vinculándolo al contexto actual y coyuntura política del país, José Araya, encargado del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, destacó que "Chile es un país que se caracteriza por su nivel de desigualdad, que hoy atraviesa por una coyuntura histórica. En lo que se refiere al tema puntual del rechazo campesino, mapuche y ciudadano al convenio UPOV 91, es difícil resolverlo en el espacio institucional vigente, por eso es necesario conectarlo con los debates que se están dando a nivel nacional en materia ambiental, educacional y de pueblos indígenas", indicó.

Aprobación Convenio UPOV 91

Cabe recordar que el estado chileno en el mes de mayo adhirió al Convenio UPOV 91, el cual permite privatizar las semillas, asegurando a las empresas productoras la posibilidad de patentar y apropiarse de estas semillas, favoreciendo la propiedad privada sobre éstas. Desde los años 80, las grandes empresas que controlan el comercio de los alimentos se han ido apoderando de la producción y comenzado a gestar un conjunto de leyes para permitirse la obtención de los derechos sobre las semillas.

En esta línea, Camila Montecinos, miembro del grupo internacional GRAIN, que investiga y monitorea los efectos de diversas políticas y normas sobre la biodiversidad, agricultura y la alimentación, señaló que la Ley de Obstentores o Ley UPOV 91, "es un golpe mortal para comunidades campesinas e indígenas, hay una ofensiva muy fuerte en América Latina para que se apruebe esta ley, al tiempo que existe una oposición muy fuerte en muchos países", explicó.

Montecinos además detalló que en el contexto actual existe una guerra por la propiedad de las semillas, "campesinos y pueblos originarios controlan el 30% de la tierra y el resto ha sido acaparado por empresarios. Con ese treinta por ciento, producen la mitad de la comida que se consume en el mundo, ahí está el sustento de la humanidad", argumentó.

La profesional alertó además en el marco de la aprobación del Convenio UPOV 91 en Chile, "el tribunal constitucional adujo que la propiedad de las empresas es más importante que la propiedad de los pueblos. En la aprobación de este tipo de leyes el objetivo central es terminar con la producción independiente de alimentos, pues si una empresa dice que alguna semilla es de ellos, cualquier persona que la compre pierde la posibilidad de intercambiar y producir las semillas, ya que pasa a ser un delito penado por ley", explicó.

Convenio 169 de la OIT

Por su parte José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, realizando un análisis sobre la relación entre el Convenio 169 de la OIT y la aprobación del Convenio UPOV 91, comentó que éste último tiene incompatibilidades de forma y de fondo con el tratado internacional vigente en Chile desde 2009. "El 169 protege el medio ambiente, la tierra y territorio de los pueblos indígenas. Todos estos elementos se ven vulnerados con la apropiación de semillas que son parte de la soberanía y cultura de los pueblos indígenas”, aseguró. “El convenio 169 establece la posibilidad de los pueblos indígenas a determinar sus formas de desarrollo, entre ellas la conservación de la agricultura tradicional, que se ve amenazada con la imposición del convenio UPOV 91”, agregó.

Según José Aylwin, otro elemento que claramente ha sido vulnerado, es el deber de consulta a los pueblos indígenas, consulta que debe ser de buena fe y con miras a llegar acuerdo, frente a medidas que les afecten directamente. “Este Convenio (UPOV 91) afecta su manejo ancestral de semillas y no se consideró un proceso de consulta adecuado a los pueblos indígenas en el proceso de aprobación de dicho Convenio, realizado por ambas cámaras. Es decir, al momento de aprobar el Convenio UPOV, los pueblos indígenas no incidieron entregando su parecer mediante consulta, vulnerándose gravemente el Convenio 169 de la OIT”, concluyó José Aylwin.