Mina Invierno y el fracaso de la institucionalidad ambiental

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en El Quinto Poder.cl, 26 de agosto 2011. (www.elquintopoder.cl)


El gobierno, a través del Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental dio recientemente su visto bueno final al proyecto Mina Invierno, que pretende extraer carbón en la región de Magallanes, específicamente en Isla Riesco. Se trata de una zona aislada, de alto valor para la conservación y el desarrollo de proyectos de bajo impacto ambiental, con baja densidad de población pero con una larga tradición ganadera. La defensa que se hace desde algunos sectores de éste y futuros proyectos de este tipo en Isla Riesco, centra el foco exclusivamente en los supuestos beneficios económicos de la minera, incluso con argumentos nacionalistas, señalando que el carbón de Mina Invierno permitirá sustituir la importación de carbón, que actualmente se trae principalmente desde Colombia, para el funcionamiento de las termoeléctricas del país.

Lo que no se menciona es la mala calidad del carbón de Isla Riesco, o de cómo se pretende abordar el problema de la creciente carbonización de la matriz eléctrica chilena y los impactos que con el tiempo provocará en la economía nacional. Es importante dejar en claro que el carbón de Magallanes es de tipo sub-bituminoso, es decir de baja calidad y menor poder calórico que el carbón bituminoso que hoy se importa de Colombia. Si bien efectivamente el carbón de Magallanes se usará para la generación de energía térmica en diversos lugares de Chile, de materializarse la iniciativa tendrá costos socioambientales mayores, pues impactará en la salud y forma de vida de las personas, perjudicando a las comunidades aledañas a las centrales.

Resulta demasiado simple centrar el debate en torno a los impactos económicos del proyecto o sobre las regulaciones ambientales que permitieron su aprobación, pues lo único que se consigue es generar frustración y desencanto; también debe considerarse a la hora de la toma de decisiones sobre un territorio la vocación, las condiciones naturales y, especialmente, el bienestar de quienes habitan en ese territorio y qué es lo que sus habitantes definen como forma de desarrollo. Excluir estos aspectos al planificar inversiones, tomando decisiones basadas sólo en los supuestos beneficios económicos de la inversión, es percibido como una agresión, una imposición sobre la comunidad, lo que genera una conflictividad creciente.

Como hemos señalado, Isla Riesco es actualmente una zona con escasa densidad poblacional pero con una rica tradición vinculada a la crianza de animales, actividad que ha convivido y se ha desarrollado en medio de una naturaleza relativamente intocada y rica en biodiversidad, de características muy especiales y muy frágil, determinada por unas condiciones climáticas especialmente inhóspitas. Es en este contexto en el que debemos preguntarnos si efectivamente este proyecto beneficia a la región y a este territorio, y si sus habitantes prefieren otro destino.

Pese a que los titulares del proyecto insisten en que aplicarán tecnologías modernas y diversas medidas de mitigación, la experiencia y el sentido común nos señalan que faenas industriales instaladas en esta escala (se trata de una mina a tajo abierto de 500 hectáreas, que en la zona más profunda tendría 180 metros, y que intervendría una superficie total de 1.500 hectáreas), inevitablemente generarán consecuencias graves e irreversibles para el entorno. Ya existen ejemplos dramáticos de este tipo de intervenciones, como lo ocurrido en la zona de Ventanas y Puchuncaví, que vio transformar su paisaje drásticamente en cerca de 30 años. Algunas de las consecuencias previstas son el cambio en la calidad de las aguas, tanto continentales -superficiales y subterráneas- como del mar, la contaminación de los suelos con desechos mineros, además de la tala de al menos 400 hectáreas de bosque nativo de lenga y coihue, junto a la contaminación acústica por el constante movimiento de maquinarias y camiones de gran envergadura funcionando día y noche, durante un período inicialmente planificado de 12 años, hasta agotar el mineral en la zona.

Estas modificaciones físicas generarán, a su vez, cambios irreversibles en la flora y fauna de la zona, así como en las actividades productivas de los actuales habitantes de Isla Riesco, quienes, tal como están las cosas, han sido relegados al lugar de observadores pasivos, sin derecho a opinar o a tener alguna influencia en las decisiones que afectarán el territorio que los ha albergado por generaciones.

Desde Santiago se ha tomado una decisión teniendo a la vista exclusivamente consideraciones económicas, sin tener en cuenta la tradición, modo de vida y, finalmente, el sentir de los habitantes de la región, quienes debieron enfrentar prácticamente solos –a excepción del apoyo de organizaciones ciudadanas y algunos académicos- el árido proceso de calificación ambiental del proyecto. Frente a las críticas, las autoridades deslindan responsabilidades señalando que “han funcionado las instituciones”, olvidando que esas instituciones, en materia ambiental, una y otra vez han dado muestras de ser incapaces de canalizar adecuadamente las legítimas aprensiones de la sociedad civil, e invariablemente favorecen la aprobación de cualquier iniciativa privada. La única restricción consiste en condicionantes orientadas a mitigar o compensar las consecuencias reconocidamente negativas, cuestiones que la experiencia ha demostrado que tienen un impacto escaso o nulo pues no existe de parte de la autoridad la capacidad de fiscalizar adecuadamente su cumplimiento.

Es importante señalar que Mina Invierno es sólo el primero de cinco proyectos de extracción carbonífero que diversas empresas tienen proyectados para la zona, lo que hace aún más preocupante la decisión de aprobar este primer emprendimiento minero, punta de lanza de los demás proyectos. Por esto resulta fundamental reflexionar sobre lo que estamos haciendo como país y de una vez por todas dejar de aprobar proyectos que no reportaran reales beneficios para Chile.

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