Ministro de Agricultura preocupado por intereses de grandes transnacionales

Frente a las declaraciones del Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, respecto a la ratificación del Convenio UPOV 91, sobre obtentores vegetales, Fundación Terram declara:
Lea las declaraciones del Ministro Galilea: Gobierno apoya proyectos de mejoramiento genético para crear nuevas variedades vegetales.


– Sólo la mitad de la afirmación del ministro es correcta, pues el mencionado Convenio internacional busca efectivamente proteger los intereses de los titulares de los derechos sobre obtenciones vegetales, sean éstos personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, por lo que probablemente los mayores beneficiados serán las grandes empresas transnacionales (Monsanto, Bayer, Syngenta, entre las principales), que obtienen anualmente millones de dólares provenientes de cultivos en todo el mundo. La suscripción del Convenio está lejos de representar una ventaja para los agricultores locales.

– Cuando el Ministro se refiere a semillas “de calidad superior “, es necesario saber si se está refiriendo a las semillas tradicionales que tienen registro de obtentor o a semillas transgénicas registradas, pues las implicancias de la utilización de uno u otros tipo de semillas es distinto. En todo caso, en ambos casos los agricultores deberán pagar a la empresa propietaria del registro de ese tipo de semillas por su utilización.

– Paulatinamente en todo el mundo en que se ha intensificado el uso de semillas registradas, sean éstas transgénicas o no, lo que generan es una fuerte y creciente dependencia de parte de miles de pequeños y medianos agricultores con respecto a las empresas que dominan este mercado, pues no sólo deben comprarles año a año las semillas (tienen prohibido reproducirlas por sí mismos, como es el uso tradicional). Además, en el caso de las semillas transgénicas, se ven obligados a comprar a las mismas compañías los fertilizantes, herbicidas y pesticidas específicos que cada variedad de planta requiere, ya que lo que se ofrece es un paquete tecnológico en el que cada uno de los componentes “se vende por separado”.

– Este año el Parlamento chileno finalmente ratificó el Convenio UPOV 91, cuya adhesión formaba parte de compromisos adquiridos por el país a través de tratados comerciales con Estados Unidos y la UE. Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria surgieron diversas voces que dejaron en claro que se trata de un acuerdo que no es beneficioso para el país, sino que busca fundamentalmente proteger los intereses comerciales de las grandes empresas del sector a nivel mundial. Por el contrario, existen fundados temores en el sentido que puede convertirse en una amenaza para nuestra biodiversidad y para los usos tradicionales de la agricultura nacional.

– En todo caso para su implementación UPOV 91 necesita de la aprobación de una ley sobre obtentores vegetales que reemplace a la que está en vigencia. Este proyecto de ley se encuentra en el Senado en segundo trámite legislativo, y esperamos que durante la discusión legislativa se incorporen los necesarios resguardos para los agricultores nacionales y sus usos tradicionales.

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