Termoeléctricas ¿Qué hacer con ellas?

En el último tiempo hemos sido testigos de un claro incremento en el número e intensidad de  los conflictos socioambientales relacionados con la posibilidad de  instalar centrales térmicas para la generación eléctrica. Estos conflictos han dejado de ser aislados o patrimonio exclusivo de las organizaciones ambientales, y comienzan a presentar ciertas características que vale la pena analizar.

Por una parte, se trata de conflictos territoriales que surgen de la preocupación, molestia o indignación de comunidades locales que se sienten frustradas o derechamente  burladas por las autoridades de turno. La raíz de esa frustración y sentimiento de impotencia nace del casi nulo resguardo que presenta el marco regulatorio vigente al patrimonio ambiental de Chile y a las actividades económicas locales. Si bien existen estrategias de desarrollo regional y en algunos casos incluso zonificaciones del borde costero, estos instrumentos en la práctica son sólo documentos indicativos que no tiene ninguna fuerza legal que pudiera resguardar y hacer respetar las actividades económicas que se desarrollan en un territorio.

Prueba de ello fue el caso Barrancones, que pretendía instalar una termoelectrica en una zona con un valioso patrimonio natural y cercano a áreas protegidas, cuestiones que están permitidas de acuerdo a la ley chilena. Como consecuencia, una vez aprobado bajo las normas vigentes y ante la enorme presión ciudadana, el Presidente Sebastián Piñera intervino saltándose la institucionalidad ambiental y negoció directamente con la empresa el retiro del proyecto.

Esto refleja claramente que las regulaciones son pocas y malas, lo que en definitiva permite que sean las empresas las que deciden dónde, cuándo y cómo instalan sus proyectos.

La ausencia de regulaciones, sumada  a una poco rigurosa aplicación de la legislación ambiental chilena o incluso a veces de la mala aplicación de la misma, determina la aprobación de proyectos termoeléctricos en diversos lugares de Chile, afectando la vida y salud de las personas.  Se suceden los casos de Campiche, Patache, Pacifico, Castilla, Los Robles, Bocamina, Guacolda, por nombrar sólo algunos de los casos, que se multiplican día a día: de 233 proyectos de generación eléctrica evaluados entre enero del año 2000 y junio de 2011, 161 presentan conflictos y 93 de estos conflictos están asociados a termoeléctricas, cifra nada despreciable. 

La mayoría de los proyectos evaluados ambientalmente pasaron por el sistema de evaluación de impacto ambiental entre el año 2006 y 2010, probablemente debido a que el corte de gas desde Argentina desató una suerte de pánico entre empresarios y el gobierno de la época y abrió la puerta a un fuerte impulso para nuevos proyectos eléctricos.

Pero  ¿qué responsabilidad tiene en esto las comunidades locales? ¿Por qué algunas pequeñas caletas deben soportar una carga ambiental negativa? Los proyectos de generación térmica en su mayoría utilizan carbón, combustible contaminante, que emite gases tóxicos al aire y provoca contaminación local, además de aportar con emisiones de gases de efecto invernadero.  Junto con ello, las centrales térmicas utilizan grandes cantidades de agua y por eso  se ubican en el borde costero, pues para su funcionamiento toman agua del mar, la que utilizan en sus sistemas de enfriamiento  para luego devolverla a una temperatura mayor, en general de entre 8 y 10 grados más  de lo que fue captada.

Lo que ocurre y que no se dice, es que al captar agua están captando gran cantidad de pequeños organismos  adultos o larvas de peces, moluscos u otros que viven en la columna de agua, generando una mortalidad de estos seres por el efecto de succión.  Además, las plantas utilizan compuestos químicos denominados antifouling o antiincrustantes, que también inciden en la mortalidad de organismo acuáticos. Junto con ello, generan emisiones de azufre, que en contacto con el agua provocan cambios en el PH.

En definitiva, se trata de una serie de impactos que son poco visibles pero que tiene tremendas consecuencias para las comunidades locales. Por ello no es de extrañar que  en la bahía de Quintero, que ha estado en la prensa por la contaminación de la  escuela de La Greda y donde existen varias termoeléctricas además de industrias contaminantes, se le denomine “zona de sacrificio”. Allí, relatan los pescadores, ya no hay nada para sacar del mar, todo se acabó. Naturalmente, surge el cuestionamiento: ¿es justo esto? ¿Por qué no existen mayores exigencias a estas industrias?

En la actualidad nuestro país no cuenta con un sistema  de ordenamiento territorial y por tanto a cualquier comunidad le puede llegar un proyecto que cambie su destino. Respecto a las termoeléctricas, la norma de emisiones  al aire recién está  vigente y su aplicación es paulatina, dependiendo del contamínate y de si la generadora es nueva o antigua, pero siguen faltando una norma de emisiones al aire, exigencias de recambio tecnológico, regulaciones sobre la vida útil de estas generadoras, así como normativa para los combustibles sólidos.

Por estas razones y mucho más es que la gente protesta, reclama, se frustra, acumula resentimiento y no confía en las regulaciones.  Las comunidades afectadas por termoeléctricas saben lo que es vivir con la impotencia de no poder hacer nada para evitar o disminuir la contaminación. Esto no es una ilusión de sus sentidos, sino que es pura y claramente ausencia de política publica ante problemas socioambientales, que comprometen la salud y la vida de las personas, como también el medio ambiente y las actividades económicas locales.