Clausuran 39 pozos de la minera Cosayach por extracción ilegal en la Pampa del Tamarugal

Ministerio Público ordenó el retiro de los tableros de control de los pozos de agua. Al lugar concurrió el ministro de Obras Públicas Laurence Golborne. EI Ministerio Público allanó y clausuró 39 pozos de la minera Cosayach por la extracción ilegal de aguas en la Pampa del Tamarugal. Estrella Iquique 23 de septiembre de 2011.
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Personal de la Policía de Investigaciones, junto a funcionarios del Mop desactivaron y retiraron los tableros electrónicos de comando de los pozos, los cuales permiten extraer el agua a más de 60 metros de profundidad. La diligencia se concretó simultáneamente en las plantas Cala Cala y Negreiros, de la compañía de extracción de yodo, pertenecientes al empresario Francisco Javier Errázuriz.

A primera hora de ayer, el fiscal jefe de Pozo Almonte. Hardy Torres llegó al lugar acompañado por personal de la PDI y con una orden de entrada, registro e incautación decretada por el tribunal de Pozo Almonte. Rápidamente desactivaron los tableros electrónicos y así quedaron clausurados los 39 pozos de extracción ilegal de agua.

La diligencia forma parte de una investigación que desarrolla el Ministerio Público desde el año pasado y que incluso ya fueron formalizados los ejecutivos de la minera Carlos Contreras Quispe y Alejandro Puelles, como imputados por el delito de usurpación de aguas. Las coordinaciones para desactivar las instalaciones fueron realizadas por la fiscalía de Tarapacá junto a la intendencia, la seremi de Medio Ambiente, el ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, Sernageomin y la Policía de Investigaciones.

Pasadas las 11 de la mañana el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne llegó a la planta Cala Cala acompañado por autoridades regionales para verificar las diligencias. El ministro señaló que "hemos logrado a través de un proceso judicial cerrar definitivamente estos artefactos que extraen ilegalmente agua desde el acuífero de la pampa del Tamarugal".

Descartó que el cierre de los pozos sea una persecución contra el empresario Francisco Javier Errázuriz.

Además el ministro anunció que presentarán un proyecto de ley para dotar de mayores atribuciones a la Dirección General de Agua para acelerar estos procedimientos y endurecer las sanciones y penas de quienes infrinjan la normativa.

"Hoy la sanción por una captación ilegal de agua puede llegar a $ 400 mil, lo cual pareciera una cifra bastante poco relevante en algunos casos, para la magnitud del agua que se está captando. Con la nueva normativa que vamos a proponer, esta cifra puede llegar a $200 millones en caso de reincidencia, aumentando también las penalidades en el caso de la tipificación penal de estos delitos".

Las diligencias del Ministerio Público continuarán. El fiscal Hardy Torres citará a quienes figuren como miembros del directorio o principales accionistas de Cosayach, así corno dirigentes sindicales de las plantas para efectos que en calidad de testigos declaren acerca de quien o quienes ordenaron extraer agua sin autorización.

INTENDENTE

El intendente (s) Espártago Ferrari dijo que el cierre de los pozos de la planta Cosayach es una señal importante para la región y para el país. "Esto demuestra que la ley es para todos y todos deben cumplirla. Acá el Ministerio Público detectó que estaban sacando agua en forma ilegal, por lo cual se procedió al cierre de los pozos".

Hay que recordar que la investigación se inició en el 2010 por una denuncia interpuesta por la Dirección General de Aguas.

Hace tres semanas el fiscal Hardy Torres constató en terreno la usurpación y las instalaciones ilegales.

Recuadro : Denuncian complot del gobierno

En un comunicado emitido por Cosayach, la empresa asegura que la acción publicitada "con escándalo" por el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, da cuenta de una operación comunicacional del gobierno de Piñera en contra del Grupo Errázuriz.

"Buscan apropiarse de los derechos constitucionalmente garantizados, ya que luego de fracasados sus intentos de sobremensurar las pertenencias y que luego fueron con- firmadas unánimemente incluida la Corte Suprema, ahora buscan impedir la producción arrebatándole sus derechos de agua.

El documento también aclara que además de la pérdida de mercados externos, "provocarán una enorme cesantía en el desierto nortino, la misma que existía hace 20 años al iniciar Cosayach sus actividades en la región".

-Incautación – será hasta fin del juicio

El fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres explicó que las diligencias que solicitó el Ministerio Público fueron la incautación de los implementos que permiten la extracción y conducción de agua.

De esta manera el retiro de los tableros permitirá que la empresa no pueda ocupar los pozos.

Las especies quedarán incautadas hasta el término del juicio. Posteriormente, si así se resuelve, deberán ser destruidas.

El fiscal Torres llegó hasta las plantas Cala Cala y Negreiros con una orden de entrada, registro e incautación decretada por el Tribunal de Pozo Almonte.

Por su parte, el fiscal regional, Manuel Guerra señaló que "la finalidad era evitar que este delito se siga ejecutando en el tiempo. Nos parece de gravedad que se extraiga en forma ilegal el agua en una zona saturada como es la Pampa del Tamarugal, donde es de vital importancia para preservar una forma de vida ancestral".

Guerra aclaró que la diligencia la toma el ministerio público porque la fiscalía de Pozo Almonte solicitó el cierre de estos pozos en la comuna. "En este sentido, el ministerio de Obras Públicas funciona como auxilio de nosotros, ya que ellos cuentan con instrumentos técnicos para poder cerrar los pozos y eso se les ha solicitado".

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