Esta vez se trata de un informe de Contraloría, solicitado por el diputado radical Alberto Robles, que se conoció hace pocos días y donde, según expresó el parlamentario, se constató la presencia de presiones indebidas desde distintos ministerios a los funcionarios públicos para aceptar la calificación ambiental.

“Una de de las cosas que se descubrió fue la unidad de aceleración de inversiones, donde están los ministros más importantes del Gobierno del Presidente Piñera. Ese comité tiene una unidad que se dedica a hacer lobby y dar instrucciones a distintos organismos del Estado para apurar las inversiones del país. Esta unidad es contraria a cualquier institucionalidad del Gobierno, extralimitando sus atribuciones y actuando coercitivamente con los funcionarios públicos que se relacionó”, sostuvo el diputado.

Jorge Godoy, representante de la Mesa Social de Atacama contra Termoeléctrica Castilla, añadió que el informe del órgano fiscalizador se convierte en una luz de esperanza al revelar que la municipalidad de Copiapó se saltó muchas etapas legales al aprobar el cambio de uso de suelo, lo que facilitó la construcción de este megaproyecto.

Godoy recalcó que “se abre una ventana que nos permite a nosotros avanzar en la paralización de Castilla, porque quedó claro en el informe de Contraloría que hay irregularidades en lo que es aprobación del plano regulador y que se cambie una zona de protección ecológica a zona de producción industrial, un cambio hecho a la medida casi milimétrica en cuanto a kilómetros según requerimientos y necesidades de la termoeléctrica Castilla”.

La termoeléctrica cuenta con la oposición de todos los alcaldes, los concejales y cores de esta región, además de los ciudadanos, ya que se han podido constatar los dañinos efectos de las termoeléctricas, tanto en el medioambiente, como en la calidad de vida y la salud la población, por lo que temen por el futuro del pueblo del Totoral.

Fabiola Flores, vecina de Totoral, señaló que  los amplios cultivos de Oliveros, que son parte de su sustento económico se verían dañados con la cancha de ceniza que se instalará a menos de siete kilómetros del pueblo, así como su salud y calidad de vida.

Flores sostuvo que “está al lado, nos van a poner un acoplo de ceniza que con el viento se irá al pueblo, es un hecho. Tenemos una rabia muy grande con el gobierno, porque no han sido capaces de velar por nosotros, los que nos veremos afectados. Siempre privilegian a las empresas y eso nos tiene con mucha rabia e impotencia”.

“El miedo que nosotros tenemos es que entierren al pueblo del Totoral, que lo maten”, señaló la vocera. Esto, cuando en pocos días la Corte de Apelaciones de Antofagasta se podría pronunciar sobre el recurso de protección, que ya lleva más de un mes en revisión.

De no obtener resultados, los vecinos llegarán hasta la Corte Suprema, pero además, los distintos abogados que participan en la causa están evaluando la posibilidad de presentar nuevas acciones a raíz de este informe de Contraloría y las fuertes irregularidades que constata.