Deficiencias en la institucionalidad ambiental chilena

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en revista América Economía el 17 de noviembre de 2011.


La evaluación ambiental de proyectos continúa siendo el principal foco de los conflictos en esta materia en Chile, y así lo consigna el Barómetro de Política y Equidad en su análisis del segundo semestre de 2011, a pesar de la reciente reforma a la institucionalidad efectuada en 2010, con la que se creó el ministerio de Medio Ambiente, la superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental.

Prueba de ello es que los primeros meses de 2011 fuimos testigos de numerosas protestas ciudadanas, cuya máxima expresión se desató con la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén del emblemático proyecto HidroAysén, que pretende construir cinco megarepresas en esta región y transportar la energía hasta la zona central.

Apenas aprobado el proyecto, la respuesta ciudadana no se hizo esperar: fueron miles de personas las que salieron a las calles, en distintas regiones de Chile, a manifestar su oposición a la decisión tomada por las autoridades.

Sin embargo, la gente no sólo expresaba el rechazo a HidroAysén; muchas de estas manifestaciones también expresaban el rechazo a la aprobación de proyectos de generación eléctrica en otras ciudades de Chile, como es el caso de las termoeléctricas Pacífico y Patache.

No se trata de una situación nueva y probablemente no debería sorprender a nadie, pues Chile se ha caracterizado por tener una débil y poco rigurosa institucionalidad y una ley ambiental -tanto la nueva como la antigua- cuyo objetivo fundamental es facilitar la aprobación de proyectos de inversión, y no proveer el adecuado resguardo a nuestro patrimonio ambiental. Evidentemente el malestar ciudadano se ha ido acumulando. La gente tiene múltiples razones, las que van desde denunciar irregularidades en los procesos de calificación, la falta de independencia de las autoridades que aprueban proyectos, la mala calidad de los estudios de impacto ambiental, la afectación de actividades económicas locales, o el irreparable daño al medio ambiente, entre muchas otras. El rechazo se incrementa cuando las comunidades no se sienten escuchadas y atendidas, cuando sus demandas no son respondidas o los impactos que ellos señalan son minimizados.

Pero sea cual sean las razones que expresan las comunidades locales, Chile está enfrentando un escenario de creciente conflictividad, debido a que la institucionalidad ambiental no es capaz de responder a las necesidades del país. No se trata de una situación nueva y probablemente no debería sorprender a nadie, pues Chile se ha caracterizado por tener una débil y poco rigurosa institucionalidad y una ley ambiental -tanto la nueva como la antigua- cuyo objetivo fundamental es facilitar la aprobación de proyectos de inversión, y no proveer el adecuado resguardo a nuestro patrimonio ambiental.

Sin embargo, esta situación cada vez con mayor frecuencia comienza a quedar en evidencia. La ciudadanía desconfía de la normativa ambiental y los conflictos y rechazos a proyectos se multiplican. Sólo para mencionar una cifra, desde el año 2000 hasta junio de 2011 ingresaron a evaluación ambiental 222 proyectos, y de estos 153 presentan o presentaron algún tipo de conflicto ambiental.

Esta realidad da cuenta de un problema de política pública que debe ser abordado con decisión. Resulta lamentable constatar que la reforma a la institucionalidad ambienta no resolvió los problemas de fondo que la generaron y, peor aún, a más de un año de su entrada en vigencia aún no ha podido ser implementada ni se sabe con certeza cuándo lo será.

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