Apuran licitación de Parques Nacionales, mientras Congreso aún no discute Servicio de Biodiversidad

Especialmente preocupante resulta el actuar del Gobierno, pues mientras se está discutiendo una ley supuestamente orientada a conservar, proteger y resguardar la biodiversidad y las aéreas protegidas, en forma paralela al proceso legislativo el Ejecutivo ha diseñado y puesto en marcha a través de CONAF un amplio proceso de licitación de áreas protegidas.

Como es de público conocimiento, la reforma a la institucionalidad ambiental contenida en la ley 20.417 y las modificaciones a la ley N° 19.300, que creó a comienzos de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, estableció en su artículo 8° transitorio que en el plazo de un año se debía ingresar al parlamento un proyecto de ley para crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SABP), proyecto de ley que ingresó al Senado a fines de enero de 2011, junto con otro destinado a crear la institucionalidad pública de CONAF.

El contenido de ambos proyectos deja mucho que desear, y en el caso particular del proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, no fue discutido y ni siquiera socializado con los actores relevante, esto pese a solicitudes formales realizadas desde la sociedad civil, como fue la carta enviada al Presidente Sebastián Piñera en septiembre de 2010 y de la cual nunca hubo respuesta.

Con esto, una vez más queda claro que para este gobierno la participación de la sociedad civil no es relevante y que todo se restringe a discusiones legislativas.

Así las cosas, la Comisión unida de Agricultura y Medio Ambiente del Senado tiene en este momento la tarea de analizar este proyecto y definir si se aprobará o no la idea de legislar, para recién allí comenzar su tramitación.

Esta es una responsabilidad no menor si se considera que el proyecto presentado por el Ejecutivo presenta serias falencias, hasta el punto que el Servicio propuesto no da garantías de que podrá encargarse del resguardo de la Biodiversidad y Áreas Protegidas y que constituya un avance en la materia.

Más bien parece que otra vez estamos priorizando crear una institucionalidad, pero no solucionar los temas de fondo, esto es, proteger nuestro patrimonio natural, como ocurrió con la reciente reforma ambiental.

Por ello y pese la poca visibilidad del tema, la tramitación de estos proyectos ha estado marcada por una profunda preocupación de parte de numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos, entidades gremiales, sindicales, entre otras –algunas de las cuales fueron recibidas entre mayo y octubre por los senadores para escuchar sus planteamientos.

Representantes de todos estos grupos han concurrido regularmente a las sesiones realizadas en el Senado, lo que ha permitido evidenciar una gran distancia entre la posición de estos actores y la del gobierno.

Especialmente preocupante resulta el actuar del Gobierno, pues mientras se está discutiendo una ley supuestamente orientada a conservar, proteger y resguardar la biodiversidad y las aéreas protegidas, en forma paralela al proceso legislativo el Ejecutivo ha diseñado y puesto en marcha a través de CONAF un amplio proceso de licitación de áreas protegidas.

Es decir, mientras por un lado se discute como proteger, por la otra está licitando y entregando en concesión pedazos de parques nacionales.

Evidentemente, la entrega de estas concesiones no va en el sentido de mejorar las acciones de conservación que se realizan en estos parques, sino que su objetivo es generar rentabilidades económicas. Es decir, una vez más se prioriza el lucro en desmedro de la protección del patrimonio de todos los chilenos.

Como consecuencia, desde distintos puntos del país se han comenzado a sentir voces de alerta respecto al inminente riesgo de privatizaciones parceladas de nuestros Parques Nacionales, incluyendo Puyehue, Torres del Paine, entre otros, con todo tipo de proyectos.

Estas licitaciones, convocadas y decididas desde Conaf, generan alarma pues no se conocen los criterios ni la planificación de mediano y largo plazo que están detrás de este proceso. Junto con ello, llama la atención que el proceso se realice sin la adecuada información hacia la ciudadanía, y en momentos en que el país, a través de sus parlamentarios, discute precisamente la creación de una entidad que deberá velar por nuestras áreas protegidas.

Hoy, el gobierno debiera entender la trascendencia de este tema, pues cualquier menoscabo que se produzca no sólo tendrá consecuencias para el presente sino que quedará como herencia para las generaciones futuras.

En consecuencia, el gobierno debería ordenar a Conaf congelar el proceso de licitaciones, y dejarlo pendiente hasta que el país, a través de un debate parlamentario inclusivo, decida democráticamente un diseño de Sistema de áreas protegidas y de un Servicio de protección de la Biodiversidad.