La energía eléctrica enciende las próximas batallas

El sector energético chileno reproduce y amplifica el modelo de libre mercado junto a todas sus contradicciones y distorsiones. Es un sistema hecho a la medida para un desarrollo productivo basado en la extracción de recursos naturales, cuyos beneficios son corporativos y sus externalidades han sido tradicionalmente absorbidas por la ciudadanía. En los últimos meses, sin embargo, todo ha cambiado. La sociedad civil ha ingresado a la escena como un poderoso actor, que está cuestionando el modelo económico desde sus cimientos. Pero no es el único actor; ha ingresado a escena un viejo antagonista: el gobierno, como brazo político de aquellas corporaciones. Le Monde Diplomatique, 30 de noviembre 2011.


El sector eléctrico es un referente magnificado de los efectos directos e indirectos que numerosas otras actividades humanas entregadas al mercado están afligiendo a la población. Se trata de un sector considerado como piedra angular para la instalación del modelo neoliberal, pionero en el proceso de privatizaciones durante la década de los 80 y también pionero en el proceso de internacionalización de las inversiones que caracterizó a la década siguiente. La privatización y entrega de este sector estratégico a las fuerzas del libre mercado marcó el inicio y el contagio en la región de aquel eufemismo referido a la ultranza mercantil denominado “reformas estructurales”.

Las distorsiones y corrupciones que padecen otras áreas de las actividades humanas reducidas a servicios o mera actividad económica tales como la educación, la salud o el transporte, están presentes y amplificadas en el sector energético, que padece no sólo todo tipo de torsiones internas, sino que deformaciones y contradicciones que penetran otras variadas áreas. Los efectos de este sector emblemático para la instalación y consolidación en Chile del modelo de mercado, aun cuando es posible observarlos con evidencias poco beneficiosas sobre el medio ambiente, decenas de comunidades o pueblos originarios, están presentes de un modo igualmente concreto en la profundización y extensión de un sistema económico de mercado basado principalmente en la extracción de recursos naturales. La expansión del sistema energético ha ido a la par con la ampliación de los grandes proyectos extractivos.

Lo que presenciamos hoy en día es una parte más de este proceso. Los proyectos mineros de aquí hacia mitad de la década suman 65 mil millones de dólares, según la Sociedad Nacional de Minería, impulso que tiene también su referente en los grandes proyectos energéticos. Sólo con HidroAysén en la Patagonia y la Central Castilla en Atacama -la misma zona del proyecto aurífero Pascua Lama- las inversiones se elevan a casi ocho mil millones de dólares para generar más de cinco mil megawatts de potencia.

Hace poco más de un mes una avería dejó sin electricidad a gran parte de Chile. Pese a la campaña’ de HidroAysén, que ha relacionado la suspensión de este proyecto con una eventual falta de oferta futura de energía, la falla estuvo en la red de transmisión eléctrica, la que, según cálculos independientes, requeriría hasta unos mil millones de dólares durante los próximos cinco años para superar estos episodios.

Pero esta es una estimación que poco tiene que ver con el curso de los hechos. En un modelo de libre mercado, son finalmente la oferta, la demanda y la rentabilidad las variables que determinarán las inversiones. Un fenómeno que es aplicable a la transmisión pero particularmente expresivo en la generación eléctrica, en el que decisiones sobre rentabilidad han sido las determinantes en el actual diseño y estructura de este sector. Al mismo tiempo, fenómenos climáticos o las alzas en el precio del petróleo han conducido a otras decisiones económicas orreriráaszredneiteestosde4troducción, lo que ha derivado en una matriz energética cada vez más basada en el carbón.

Así ha actuado el mercado sobre este sensible y estratégico sector. Reduce costos con efectos nocivos en el medio ambiente. Según un informe de IM Trust para el primer semestre del 2011, la generación hidroeléctrica sólo representó el 33 por ciento del total, en tanto el carbón, junto al diésel y el gas natural licuado concentraron el 63 por ciento. Las energías renovables no convencionales (ERNC) bajo un tres por ciento (1). De continuar este proceso, la generación de termoelectricidad por carbón podría triplicarse hacia el año 2030, convirtiéndose en el principal insumo, con alrededor del 60 por ciento del total (2).

Esta disminución de costos, que va en perjuicio del medio ambiente, sólo redunda en beneficios para los inversionistas. Porque esas reducciones no se han visto reflejadas en el bolsillo de los consumidores finales, que han sido históricamente expuestos a las constantes alzas de tarifas, proceso que, por cierto, explica las enormes utilidades de estas empresas: pese a haber reducido su ritmo por la sequía y el alza en los precios de los combustibles, el 2010 Endesa Chile ganó casi mil millones de dólares.

Energía cara y sucia

La comisión asesora para el desarrollo eléctrico (CADE), integrada por los ex ministros de Energía Alejandro Jadresic, Marcelo Tokman y Vivianne Blanlot más una decena de especialistas, ha reconocido que Chile tiene uno de los precios de la energía eléctrica más altos de la región.

Aún más significativo resulta un estudio de la consultora Adimark Gfk, que consignó la evolución de los precios de 18 productos y servicios desde mayo de 1987 a la fecha. La mayor alza real la registró la electricidad, con un aumento del 160 por ciento, seguido de manera bastante directa por el alza en el pasaje del metro, que aumentó en ese período en un 159 por ciento. Cabe mencionar, sólo a modo de comparación, que durante ese periodo el precio del agua potable, un servicio también privatizado, aumentó en un 101 por ciento, en tanto la leche subió poco más de un 15 por ciento. Los pasajes aéreos, que también requieren de la energía como insumo, bajaron más de un 20 por ciento entre 1987 y el 2011.

Las empresas justifican estas alzas por la sequía y los precios del petróleo. Otros analistas observan aquí las distorsiones y contradicciones propias de un sistema de mercado que tiende a su concentración y al abuso en la fijación de los precios. Si sucede desde las farmacias, las clínicas y las universidades privadas, por qué no en la piedra angular del modelo, que es su fuente de energía. Y así es: la concentración en este sector es también modélica. Endesa, Colbún y-Aes Gener concentran más del 80 por ciento de la generación del Sistema Interconectado Central.

El sector energético, como piedra angular de la producción, determina los destinos de la economía chilena. El modelo de libre mercado instalado hace ya unos 30 años ha determinado que sea el sector privado quien decida el cómo, cuándo y dónde se instalan los proyectos de generación eléctrica, en tanto también decide qué tipo de combustible y energía utiliza. Este dogma neoliberal, que cruza toda la economía chilena, es también la esencia del sistema eléctrico. Al haber suscrita el Estado chileno todo tipo de tratados internacionales de inversiones y de comercio, al haber desregulado la economía y al haber renunciado a su rol fiscalizador, no puede discriminar a los inversionistas por origen de capital, por sector o por tipo de tecnología. Todo lo resuelve el me o.

Pero durante los últimos años y en especial meses, ha surgido un nuevo actor en escena: la sociedad civil organizada, que ha impugnado la instalación de numerosos proyectos ya sea por atentar contra el medio ambiente, contra la calidad de vida de las comunidades cercanas o simplemente por constituir una nueva vuelta ala tuerca neoliberal, como lo es HidroAysén: no sólo atenta contra los ecosistemas, la geografía y las comunidades: también contribuye a la concentración del mercado.

Así como ha sucedido con HidroAysén, que tras su aprobación por parte de la autoridad en mayo pasado contribuyó indirectamente a la cohesión y expresión pública déla sociedad civil, prácticamente todos los proyectos energéticos se enfrentan hoy a una tenaz oposición de la ciudadanía. Al tratarse de inversiones gigantescas y contaminantes cuyos beneficios recaerán en las grandes corporaciones extractivas, como es la minería o la industria forestal, la sociedad civil ha tomado conciencia de que ya no quiere absorber sus efectos negativos.

Ese fue el caso del proyecto termoeléctrico Barrancones en Punta de Choros, impugnado por el mismo presidente Sebastián Mera en agosto del 2010, de la aprobada Central termoeléctrica Castilla, de la rechazada central a carbón Puchuncaví o el trance que vive hoy en día la central hidroeléctrica de 500 megawatts que AES Gener pretende instalar en la cuenca del río Maipú, en la zona central.

"El problema es que el sistema está muy viciado. Ya no se trata de discutir proyecto a proyecto. La discusión debe apuntar hacia el fondo del problema porque hay que pensar si el desarrollo del sector energético se debe seguir estructurando sobre esos parámetros", comenta Rodrigo Bórquez, economista de la Fundación Terram.

¿Hay que apuntar sólo a Hidroaysén, al multimillonario brasileño Eike Batista y su inversión a carbón en la central Castilla? se pregunta. "Los inversionistas siempre quieren ganar dinero a toda costa. Aquí el problema es la legislación ola carencia de legislación respecto a las inversiones. El empresariado decide qué es lo mejor para ellos, en tanto los gobernantes chilenos han aceptado esa premisa sin ningún reclamo", explica.

Hoy, con el estallido de indignación de los estudiantes y, por extensión, de la sociedad civil, se ha instalado por primera vez en dos a tres décadas un cuestionamiento directo al modelo. Este vuelco de la historia reciente debiera llevara una reflexión más profunda sobre el modelo energético. "Al observar estos tremendos proyectos eléctricos, que tienen un horizonte de largo plazo, sería bueno reflexionar si queremos o no queremos proyectar hacia el futuro el actual momento tan lleno de contradicciones", dice Rodrigo Bórquez.

Aun cuando Sebastián Piñera tuvo que intervenir el proyecto Barrancones para cumplir una palabra empeñada durante su campaña que circulaba por todas las redes sociales, no ha mantenido el mismo criterio con el resto de las grandes inversiones eléctricas. Lo que ya era una percepción durante aquellos días pasó a ser una evidencia la víspera de la votación de HidroAysén, cuando el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, defendió públicamente aquel cuestionado proyecto. Desde entonces, la intromisión del Ejecutivo en las decisiones de inversión ha sido cada vez más directa.

Intervención gubernamental

No hay normas ni leyes que discriminen un proyecto de inversión. De hecho, en Chile se instalan desde los proyectos más contaminantes hasta casinos de juego sin mayores inconvenientes. El único gran filtro es la evaluación de impacto ambiental, la que en los hechos más que una decisión técnica ha derivado también en una visión política.

Ante una ciudadanía cada vez más atenta y organizada, el gobierno ha comenzado a dar señales de abierto apoyo por estos proyectos, toque es una intervención al tener en consideración la conformación de los equipos de evaluación ambiental. Uno de estas señales la ha constituido el Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI), que depende del Ministerio de Economía y está dirigido por Tomás Flores, subsecretario de esa cartera.

El CAI tiene una labor en la opacidad para impulsar proyectos que otras reparticiones del Estado han obstaculizado. Entre su portafolio está HidroAysén, el proyecto inmobiliario El Pacul, en La Florida, que ha sido rechazado por la comunidad y otros igualmente polémicos como el emisario Planta Valdivia de Celulosa Arauco, las centrales termoeléctricas Patache, Pacífico y Castilla, Mall Plaza Barón. Mall Plaza Mica, la Marina Papudo y el proyecto inmobiliario Piedra Roja (3). En total son 56 proyectos, de los cuales unos 20 corresponden al sector eléctrico, todos ellos en conflicto.

El CAI, que se define como un comité asesor, fue creado hace poco más de un año y ha estado en plena operación desde el primer trimestre del 2011. Durante este período de rodaje ya ha exhibido no sólo su razón de ser, sino su modus operandi, lo que ha llevado ala Contraloría a observar sus procedimientos. En una investigación relacionada con el proyecto termoeléctrico Castilla, concluyó que la activa intervención realizada por el CAI durante el proceso ambiental de la iniciativa ligada al multimillonario empresario brasileño -como asesorías directas a los titulares e intervenciones en la seremi de Salud que incluyó amenazas a los funcionarios- sobrepasaba la función únicamente asesora para la cual fue creado, además de no respetar la autonomía de los servicios. Por eso el órgano fiscalizador ordenó que se debía regularizar sus funciones (4).

Lo que esto expresa es que la institucionalidad que pudo haber frenado este proyecto ya estaba condicionada a priori a la voluntad del Estado. "Todo el proceso de participación ciudadana, todos los estudios de impacto ambiental serían una farsa si sobre ello hay otra institución que está presionando para su aprobación. Desacredita la autoridad de las instituciones", expresa un activista medioambiental.

La presión indebida, que la Contraloría denuncia y deja en evidencia, parece proceder desde La Moneda. Así como desde el Ministerio del Interior, también desde la presidencia. Una reciente información aparecida en la prensa y titulada sin muchos matices "Piñera mira a Argentina para salvar HidroAysén" (5), parece confirmar la ofensiva gubernamental por sobre toda la institucionalidad y en contra de la voluntad de la sociedad civil. Piñera, dice este reportaje de octubre, y ante los muy previsibles conflictos ya no con las represas sino ron la extensa línea de transmisión de HidroAysén, está recurriendo a todo tipo de estrategias para sacar adelante el proyecto. La idea, que han planteado en Argentina los ministros Laurence Golborne y Rodrigo Álvarez, es preparar los instrumentos legales para pasar la línea de transmisión por la pampa argentina y suministrar de energía de la Patagonia a Buenos Aires.

 

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