Pesqueros cuestionan constitucionalidad de nuevo proyecto de ley

El presidente del gremio no descarta vías judiciales si se aprobara en el Congreso. Una fuerte crítica al proyecto de Ley de Pesca, realizaron ayer las compañías industriales del centro-sur, agrupadas en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), por las licitaciones que se incorporan al articulado que se está discutiendo actualmente en el Congreso. El Mercurio 05 de enero 2012.


Según los pesqueros, la apertura hacia nuevos actores al mercado vulnera sus derechos de uso sobre la propiedad, los que provienen de la última modificación de la ley realizada el 2002, y que los faculta para capturar determinadas cuotas de pesca en el territorio nacional. Según estimaciones del gremio, en 2013 la producción disminuiría en 156 mil toneladas en la región, por las subastas.

Es por esa razón que Roberto Izquierdo, presidente de Asipes, ha revisado informes de derecho de siete connotados especialistas para analizar la constitucionalidad de su aplicación.

Según Izquierdo, todos los informes respaldan su postura respecto de una expropiación de sus derechos de uso, los que podrían ser utilizados en posibles acciones judiciales si se aprueba el proyecto.

"Hay ciertos informes en derecho que señalan que los sectores pesqueros tienen permisos de pesca sobre los cuales tienen propiedad; por lo tanto, la licitación, sin duda debería llevar a indemnización", señaló Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes. El representante gremial también se refirió a la desventaja competitiva que tendrán frente a otros países que no tienen esta normativa, que impondrá un impuesto específico o royalty .

Por último, el ejecutivo criticó el rol del panel de expertos que crea la ley, pues, a su juicio, le entrega excesivas atribuciones al gobierno en temas de asignación de cuotas. Cuatro de sus cinco integrantes serán nombrados por el Ministerio de Economía y el de Medio Ambiente, y su principal labor será fijar el rango de cuota anual de extracción.

Moncada señaló que la decisión de subastar las cuotas fue tomada por La Moneda y no por Economía, cartera que impulsó el acuerdo pesquero con el sector artesanal en agosto del año pasado. En las próximas semanas los industriales continuarán las visitas al Congreso.

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