Aprueban proyecto que aumenta patentes acuícolas y da mayores atribuciones a Sernapesca

Este martes fue aprobado por 83 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el texto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, denegando todas las solicitudes en trámite que no sean de relocalización en la Región de Aysén, y limita la preferencia por el cultivo de salmón a las solicitudes presentadas hasta el 8 de abril de 2011. 

La iniciativa perfecciona las normas sobre ordenamiento territorial de la ley 20.434, considerando el aumento de 2 a 5 años de la suspensión de otorgamiento de concesiones y denegar todas las solicitudes en trámite que no sean de relocalización en la Región de Aysén.  

Se limita además la preferencia por el cultivo de trucha arcoíris y salmón coho a las solicitudes presentadas hasta el 8 de abril de 2011; y se extiende la posibilidad de relocalizar a la Región de Magallanes; 

Asimismo, se busca prever como preferencia para la relocalización que la concesión que quede dentro de los corredores entre agrupaciones o macro-zonas sea considerada en un área incompatible con la acuicultura. Dicha preferencia operará por el sólo establecimiento de la distancia que realice la Subsecretaría de Pesca. 

En el caso de los centros de acopio, se propone eliminar la condición impuesta a la regulación que consiste en garantizar el “no intercambio de aguas en destino” dejando de este modo que la regulación se refiera a lo que es técnicamente factible. Además se propone ajustar los plazos de operación de los centros de acopio cuyas concesiones marítimas han vencido o vencerán próximamente de modo de dar tiempo para dictar el reglamento y permitir que se ajusten a sus disposiciones. 

Entre otras materias, se aumenta de 10 a 20 UTM la patente a pagar anualmente por las concesiones y autorizaciones que consideren peces exóticos. También pagarán 10 UTM por hectárea adicional los centros de cultivo concesionados que no hayan sido usados en los 54 meses anteriores y en los que no aplique la causal de caducidad.  

Los centros se eximirán de esta sanción cuando estén sujetos a descanso sanitario obligatorio, por estar ubicados en una zona afectada por un problema ambiental, catástrofe natural o fuerza mayor; o por declararse en un área declarada en emergencia sanitaria. Asimismo, se dispone que se aplicará la suspensión de operaciones por el plazo de dos años, a un centro de cultivo por haber sido clasificado en bioseguridad baja por dos veces consecutivas, al término de los descansos sanitarios respectivos.  

Adicionalmente, se entregan mayores competencias para las autoridades de pesca; mayores sanciones para el incumplimiento de las empresas; mayores exigencias para el desempeño sanitario y ambiental; nuevas causas de caducidad y sanciones; un gravamen adicional a las empresas que no utilizan las concesiones y un aumento de patentes para poder desarrollar más investigación. 

Así por ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca podrá inspeccionar y registrar laboratorios de diagnóstico, centros de experimentación u otros que importen, mantengan o utilicen material biológico o patológico.