Este año 2012 ha comenzado marcado por la angustia, la impotencia y el desconsuelo que nos provoca constatar una vez más la precariedad de las instituciones públicas para hacer frente a incendios forestales.  El incendio de Torres del Paine, Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, el más visitado de Chile principalmente por turistas extranjeros, es un síntoma claro de la desprotección en que se encuentran las áreas protegidas del Estado.

Si bien todos sabemos que los incendios forestales en su mayoría son provocados por seres humanos, y ésta no es la excepción, también sabemos que se pueden prevenir y/o combatir en forma rápida si se cuenta con el equipamiento adecuado, pero nada de eso ha sucedido en el Paine. De poco sirven ahora las recriminaciones por la lentitud de la respuesta del gobierno o las excusas y explicaciones sobre las dificultades de acceso, las condiciones climáticas u otras, pues  ya van más de 13.000 ha quemadas y aún el incendio no se puede controlar del todo.

Por ello y paralelamente a que se encuentran trabajando en terreno los equipos que combaten el incendio, es necesario recabar información que nos permita dimensionar la precariedad en la que trabajan los Guardaparques y el personal de combate de incendios. Por ejemplo, saber cuántos guardaparques trabajan en forma permanente en Torres del Paine, con qué tipo de equipamiento cuentan, particularmente cuáles son sus medios de comunicación -radio, teléfono celular satelital u otro-, con qué medios cuentan para desplazarse dentro del parque. También es importante saber si existe un sistema de prevención o de alerta  temprana para incendios, o si hay equipos y personas capacitadas para el combate de incendios permanentemente apostados en el parque. Pero esto no es todo, también es necesario hacer una revisión y análisis del presupuesto que se ha destinado en los últimos años al cuerpo de guardaparques y al personal encargado del combate de incendios, pues todo parece indicar que mientas las cifras indican que los visitantes aumentan en las áreas protegidas, el presupuesto destinado a su protección ha disminuido.

Pero lejos de estas preocupaciones, hoy vemos a las autoridades, incluidos ministros y parlamentarios, emitir declaraciones en las que se expresa su preocupación por las pérdidas que este incendio provocará a los empresarios turísticos, e incluso cuestionar el sistema de administración pública de las áreas protegidas. La preocupación principal que se ha manifestado es cuándo se podrá reabrir el parque para recibir turistas o si es necesario entregar la administración de éste a privados. Estas mismas autoridades no han dicho nada sobre cuánta es la contribución que hacen estos empresarios turísticos al Estado de Chile, especialmente los que tienen concesiones dentro del parque. No debemos olvidar que las área protegidas son parte del patrimonio natural de Chile, que nos pertenecen a todos y que es deber de las autoridades cautelar este bien común. Lo peor que pueden hacer las autoridades es eludir su responsabilidad respecto de la precariedad en que se encuentran las áreas protegidas de Chile, y tratar de buscar soluciones privadas para problemas públicos, pues lo chilenos ya sabemos que eso no funciona.