El desafío legislativo de ordenar el modelo forestal y revitalizar el agro

Para el diputado Frank Sauerbaum, es de suma urgencia realizar una intervención social en el campo, para evitar la masiva forestación. Jorge Sabag, en tanto, le solicitó el 2008 al Ministerio de Agricultura un Plan de Régimen Forestal similar al que tienen las ciudades, el cual no prosperó. La Discusión 09 de enero 2011.

Dos comunas de Ñuble devastadas y un modelo productivo forestal cuestionado es el saldo de la catástrofe ocurrida hace una semana en la región del Bío Bío. De la emergencia y el horror, se pasó rápidamente a la búsqueda de culpables, y a los innumerables cuestionamientos hacia nuestra legislación, permisiva y ambigua a la hora de regular el trabajo en los bosques.

Los primeros dardos apuntaron hacia la institucionalidad: Si la Conaf y la Onemi estaban en condiciones de afrontar desastres naturales de esta envergadura y si quienes ejercen labores de brigadistas cuentan con la capacitación necesaria, punto que se hizo aún más patente tras la muerte de siete trabajadores que combatían el fuego en Carahue, Región de la Araucanía.

Luego se oyó fuerte la voz de los expertos. En la edición de ayer de LA DISCUSIÓN, el ingeniero forestal de la UdeC, Eduardo Peña, recordó que en 1999 él presentó en Chillán un estudio que anticipaba el mega incendio, mientras que su colega, Manuel Sánchez, planteó la organización del espacio forestal plantado como uno de los temas de los cuales el Estado debe hacerse parte.
De la misma idea es el diputado DC Jorge Sabag, quien recuerda que el año 2008 intervino en la Cámara solicitándole al Ministerio de Agricultura la materialización de un Plan de Régimen Forestal, tal como los que tienen las ciudades, los cuales permiten regular las áreas urbanas y determinar las zonas industriales.

“La idea era plantear algo análogo para el sector forestal, pues hoy tenemos en el país más de 3 millones de hectáreas plantadas, las cuales han tenido un crecimiento absolutamente inorgánico”, dijo el parlamentario. La iniciativa no prosperó, al igual que la propuesta de regular los cortafuegos en terrenos agrícolas y viviendas.

“Actualmente, se puede forestar hasta la cerca de los vecinos, no hay ninguna normativa que obligue a los dueños de terrenos a dejar una zona de seguridad, sólo las empresas grandes cumplen con esta acción de sentido común. Creo que la falta de una ley al respecto constituye una omisión gravísima, y lo hice ver por medio de un oficio que quedó en el acta en aquella oportunidad. El Estado debe regular las distancias entre las plantaciones forestales y los centros poblados, para así evitar que ante la ocurrencia de incendios, estos se propaguen. En el fondo, se trata de una especie de expropiación perimetral, que contribuiría a disminuir las consecuencias de los siniestros”, añadió Sabag.

¿Subsidio a la agricultura tradicional?
Lo mismo piensa el diputado RN Frank Sauerbaum, para quien urge un ordenamiento territorial que delimite bien las áreas en las que pueden ubicarse las plantaciones forestales, y aquellas en que se asientan los poblados. “La gente debe tomar conciencia y llevar a cabo labores de limpieza antes de cada temporada estival. Es necesario plantear la obligatoriedad de un perímetro de seguridad de al menos diez metros, lo cual debe ser parte de una estrategia de crecimiento forestal”, dijo.

Para el parlamentario, es lamentable el explosivo aumento de plantaciones de pinos y eucaliptus en la Región del Bío Bío, el cual no tiene otra causa que el actual devenir de la agricultura tradicional.“Debemos fortalecer el agro. Hoy estamos rodeados de plantaciones forestales porque las condiciones para los pequeños agricultores han variado negativamente, y se han visto obligados a vender. Hoy vemos un fenómeno no menor, como la atomización del campo tradicional. En una hectárea podemos ver a 200 propietarios, lo que hace muy poco rentable la actividad y da pie para que las forestales compren los terrenos”, indicó.

Para Sauerbaum, desde el punto de vista legislativo, esta arista puede abordarse a través de una intervención social en el mundo rural.
“En Europa, a la gente que decide quedarse en el campo y hacer producir sus tierras, se le subsidia en un 100%. Los actuales instrumentos con que cuentan los pequeños agricultores, no son suficientes, se le debe asegurar a la población agua potable, alcantarillado, vivienda digna y acceso a la salud y educación. Lamentablemente el Estado abandonó a la agricultura tradicional, dejándola sólo como negocio, no como forma de vida”, sostuvo.

Reformulación de la conaf.
Hace unos meses, cuando se aprobó la institución del día nacional del trabajador forestal (que quedó fijado para el 3 de mayo, día en que murió el obrero Rodrigo Cisternas, en 2007, en un enfrentamiento con carabineros), el diputado Jorge Sabag manifestó la urgencia de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) pasara a depender en un 100% del Estado, ya que en la actualidad es una institución público-privada, algo que para el parlamentario “no se explica”.

Al respecto, el año pasado se envió un proyecto de ley que reformula a la Conaf (ver recuadro), el cual se espera, sea aprobado próximamente.

Profesionalización de los brigadistas.
Quien más ha insistido en los últimos días sobre la necesaria profesionalización de la labor de brigadistas forestales, ha sido el senador del MAS, Alejandro Navarro. Entre sus propuestas, está la de incluir en los planes de capacitación que tienen los  conscriptos, por medio de una alianza entre el Sence y las Fuerzas Armadas, la posibilidad de formarse de manera profesional, y no sólo auxiliar, como brigadistas en el combate de catástrofes naturales.

El parlamentario presentó un proyecto de acuerdo en la Cámara Alta, solicitándole al Ejecutivo considerar la iniciativa, “de manera tal de tener un contingente capacitado y de elite, capaz de trasladarse hasta cualquier punto del país y del mundo. Teniendo presente que Chile ha sufrido una serie de catástrofes naturales en estos últimos diez años, como erupciones volcánicas, terremoto, tsunami, inundaciones, incendios forestales; es necesario que el Ejecutivo evalúe mandatar al Sence y las FF.AA., a emprender actividades conjuntas de capacitación para todos los conscriptos, con el fin de entregarles conocimientos teóricos y prácticos, de manera profesional y no sólo auxiliar, para que puedan ayudar al país con una formación integral. Esto permitiría que desde las FF.AA. también puedan egresar brigadistas forestales”, señaló el parlamentario.

Añadió que las radicales consecuencias en la biodiversidad, el impacto en la calidad del agua, la erosión del suelo y la contaminación atmosférica que ya son evidentes en la Región del Bío Bío “nos obligan,  además de aumentar, a mejorar la dotación de brigadistas que puedan combatir de manera profesional el fuego”.

Tanto el Ministerio de Defensa como el Sence invirtieron el año pasado más de 1.700 millones de pesos en convenios para capacitar a 13.361 conscriptos.  La idea del parlamentario es que este año se instruya a soldados de todas las ramas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, focalizándose en la entrega de conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar catástrofes naturales.
“Esta formación debe ser, además, permanente en los planes de instrucción de las FF.AA., teniendo en cuenta la realidad regional en el lugar de impartición”, sentenció.

El diputado Jorge Sabag también es de la idea de profesionalizar la labor brigadista.
“Estos trabajadores no pueden seguir siendo temporeros de 19 ó 20 años. Necesitamos gente profesional, comprometida los doce meses del año, y que pueda acreditar su capacitación”, dijo.

Nueva institucionalidad para la Conaf
De acuerdo al Balance Ambiental 2011 elaborado por la Fundación Terram, entre los desafíos para el 2012 en materia forestal está la urgencia de reconocer legalmente a la leña como combustible y generar una regulación acorde con los usos de ésta en el país, y el avanzar en la discusión y aprobación del proyecto de ley que crea una institucionalidad para el sector, reformulando la Corporación Nacional Forestal (Conaf), convirtiéndola en una institución pública perteneciente a la administración del Estado.

De hecho, entre los aspectos positivos del 2011 en materia ambiental, el documento destacó el envío al Parlamento de dos proyectos de ley: uno para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y, otro que precisamente crea el Servicio Nacional Forestal, transformando a la Conaf en una institución pública. Con la presentación de estos proyectos se dio cumplimiento al artículo 8º transitorio de la Ley 20.417 que reformó la institucionalidad ambiental en nuestro país.

De acuerdo al análisis que realizó la Fundación Terram, pese a que los proyectos del Ejecutivo presentan graves deficiencias, “éste sólo hecho marca un hito en el sentido de abrir el debate sobre temas largamente postergados”.
Sin embargo, el balance también dio cuenta de graves falencias en la aplicación de la ley de bosque nativo, especialmente en lo que respecta al llamado a concurso para adjudicar fondos para el manejo de bosque para pequeños y medianos propietarios forestales, que constituye el aspecto fundamental de esta ley, aprobada en 2008.

“La decisión política del gobierno se ha traducido en una escasa difusión y en una mala gestión del proceso, lo que ha significado la entrega durante 2011 de un porcentaje mínimo de los $8.000.000.000 destinados para este efecto, poniendo en riesgo la efectividad de esta ley”, dice el documento, el cual se puede encontrar en el sitio www.terram.cl .

En tanto, en medio de la contingencia, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para realizar cambios a la Ley de Bosques, que data de 1931. Al respecto, señaló que “éste contempla una serie de modificaciones. En primer lugar establece una nueva institucionalidad que coordina mucho mejor la acción que puedan adoptar los gobiernos regionales, el ministerio de Agricultura, la Conaf, bomberos y las fuerzas armadas”.

Otro de los cambios que se contempla es pasar de sanciones menores -61 días de detención- a presidio menor para quienes provoquen, de forma negligente o irresponsable, incendios forestales. “Chile tiene que proteger sus bienes naturales, tiene que proteger sus parques, tiene que proteger su flora, tiene que proteger su fauna, tiene que proteger su medio ambiente con mucho más eficacia y a eso apunta este proyecto de ley”, señaló el mandatario.