Gobierno envió proyecto de ley que aumenta penas y multas por incendios forestales

Los casos más graves será cuando afecte vida animal o vegetal protegida, o se busquen beneficios económicos, partiendo en 10 años de presidio. La Segunda on line 24 de enero 2012.


Un importante aumento en las penas para los autores de incendios forestales contempla el proyecto de ley que esta semana presentó el Gobierno ante la Cámara de Diputados. Además, se contempla crear una nueva institucionalidad para prevenir estos siniestros.

El Ejecutivo envió el proyecto luego que a comienzos de mes se registrara una seguidilla de incendios forestales. Primero fue las Torres del Paine, luego la Región del Biobío (en que se quemó la planta de paneles de Arauco) y finalmente La Araucanía, donde fallecieron siete brigadistas que combatían el fuego en el fundo Casa de Piedra, comuna de Carahue.

El ministro de Agricultura, Luis Mayol, indicó que "lo más importante de esto es que modifica el Código Penal, en lo que dice relación con las penas atribuibles a estos delitos o faltas. Las penas anteriores venían de la Ley de Bosques de 1931, donde el fuego no era un peligro tan grande y muchas veces era una herramienta para despejar campos. Hoy las penas se aumentan sustancialmente e incluso quien ha provocado un incendio de forma intencional tendrá un castigo mayor".

Mayol también destacó que el proyecto "entrega más facultades al Ministerio de Agricultura, para que a través de Conaf tenga una labor más eficiente en el control y prevención de incendios forestales". Dijo que la iniciativa se estaba trabajando desde el año pasado, pero que ahora el Gobierno le dio urgencia a raíz de los últimos incendios forestales

La iniciativa judicial apunta a que el fenómeno de los incendios forestales debe ser abordado de cuatro ángulos distintos: la prevención a cargo del Ministerio de Agricultura, modificaciones al Código Penal para incrementar las penas, aumentar las multas y cambiar las normas por las que se rigen los brigadistas que combaten las llamas.

Si no hay un autor identificado, todos son cómplices

Actualmente, el Código Penal establece que "el que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros o plantíos" arriesga presidio mayor en cualquiera de sus grados. Es decir, desde cinco años y un día de cárcel hasta los 20 años.

El nuevo proyecto establece que en los casos en que el incendio afecte las condiciones "de vida animal o vegetal de un área silvestre protegida" o que el autor del fuego lo haya hecho "para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio" los jueces no podrán aplicar el grado mínimo de la pena, lo que se traduce en que las condenas sólo podrán comenzar con la penalidad de 10 años de presidio.

Asimismo, si el autor del fuego adopta medidas inmediatas y eficaces para extinguir y controlar el fuego, será considerado como una atenuante. Otro caso que contempla el proyecto es que cuando un incendio lo hacen varias personas y no se establece quien lo inició, serán todos calificados como cómplices.

También se plantea que este tipo de incendio incluya "cualquier otra forma de vegetación arbórea, arbustiva o herbácea".

Más tareas para Agricultura

La iniciativa también intervendrá las funciones del Ministerio de Agricultura, el que, junto con la Corporación Nacional Forestal (Conaf), deberá elaborar planes nacionales y regionales de prevención y combate de los incendios forestales.

Los organismos también tendrán que crear mapas de riesgo por zonas y un cronograma de inversiones, gastos e ingresos. Además se establece que corresponderá a la Conaf ejecutar los planes de prevención y control de incendios y será ella la que dará las alertas cuando el siniestro pueda afectar una población y tendrá que comunicarla a la Onemi.

El proyecto también plantea cambios a la Ley de Bosques. Se indica, por ejemplo, que si se usa fuego contraviniendo esta legislación, se castigará con una pena de presidio menor y una multa de 11 a 150 UTM. Ahora, si el uso del fuego termina en un incendio forestal, la pena subirá de 541 días a cinco años de cárcel y una multa de 100 a 150 UTM.

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