Tribunales ambientales comenzarían a operar desde el mes de septiembre

La nueva institucionalidad resolverá controversias administrativas y demandas por daño ambiental, actuando como contrapeso de la superintendencia del ramo. El Mercurios, 20 de enero de 2012.
Ver noticia relacionada:;"En seis meses parten tribunales ambientales tras aprobación de ley"

La nueva institucionalidad resolverá controversias administrativas y demandas por daño ambiental, actuando como contrapeso de la superintendencia del ramo. El Mercurios, 20 de enero de 2012.
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Esta semana el Gobierno celebró el despacho de uno de sus proyectos emblemáticos, tras la aprobación del informe de la comisión mixta que crea los tribunales ambientales.

En dos días, el Senado y la Cámara de Diputados entregaron un respaldo mayoritario al texto, que antes de convertirse en ley debe ser revisado por el Tribunal Constitucional.

En términos generales, la iniciativa crea tres tribunales ambientales como contrapeso jurisdiccional de las decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente, para resolver controversias administrativas y demandas por daño ambiental.

Ayer la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, contaba uno a uno los votos en la Cámara, ya que necesitaba un mínimo de 68 para la aprobación final. Logró 81 y aplausos. Benítez destacó que una vez instalados los tribunales, en un proceso que se extendería entre seis y 12 meses, la superintendencia podrá ejercer todas sus facultades y aplicar las multas por daño ambiental que contemplan hasta la clausura de las operaciones.

También envió un recado a los empresarios: "Ojo que aquí viene una nueva institucionalidad, y no vamos a tolerar que no se cumplan las condiciones ambientales establecidas en la ley".

Aunque el proyecto suscitó un amplio consenso, fue enviado a comisión mixta para dirimir la forma de designar a los miembros de los tribunales.

Las materias que verán
Los tribunales verán las reclamaciones contra las normas de calidad ambiental y emisión, declaraciones de zonas saturadas y planes de prevención o descontaminación. También se harán cargo de los reclamos en contra de las resoluciones de la Superintendencia y actos administrativos de ministerios o servicios públicos.

A su vez, verán los reclamos ante decisiones del Comité de Ministros o el director ejecutivo, siempre y cuando quien alegue haya participado del proceso que impugna.

Además, verán las demandas por daño ambiental, analizando la reparación que corresponde, y/o la opción de reparación que presenta una persona antes de la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El superintendente del Medio Ambiente, Jaime Lira, explicó cómo se habría procedido ante el incendio de Torres del Paine si existieran estos tribunales. "La superintendencia habría tenido que ir a evidenciar el daño ambiental, informar al CDE y al tribunal. El causante podría presentar un plan de acción al CDE y ello se vería en el tribunal".

Pero ésta sería una causa paralela al delito de incendio. "Ya hemos conversado con la Fiscalía Nacional para colaborar, y que el responsable del daño ambiental pueda cumplir pena de cárcel sin perjuicio de que exista reparación por el daño", dijo Lira.
El Tribunal Ambiental es la penúltima instancia para reclamar porque la última palabra siempre la tendrá la Suprema.

Facultades
Con los tribunales en marcha, la superintendencia del ramo podrá ejercer todas sus facultades.

Los miembros de la nueva instancia
El proyecto contempla tres miembros por tribunal: dos abogados y un licenciado en Ciencias con especialización en materias medioambientales. Se agregarán dos ministros suplentes (uno por cada área profesional).

El primer tribunal
Una vez publicada la ley, se dio un plazo de seis meses para abrir el primer tribunal con asiento en Santiago, y doce a dieciocho meses para los dos restantes.

"Al momento que entra en operaciones, Santiago se hace cargo de la jurisdicción nacional, y nosotros como superintendencia tendremos las facultades plenas de sanción para velar por el cumplimento ambiental", indicó el superintendente Lira, quien estimó en varias centenas las causas que esperan que se vean en la instancia.

La duración de los cargos
Los integrantes durarán en sus cargos seis años, y sólo por la primera vez se designarán por dos, cuatro y seis años para permitir que el sistema opere en régimen, renovando miembros cada dos años.

Los ministros pueden repostular hasta por dos períodos, es decir, pueden durar hasta 18 años en el cargo.

Para determinar las incompatibilidades para ejercer este cargo se aplicó un modelo similar al del Tribunal Constitucional. Este último organismo sólo permite empleos docentes con un límite que llega hasta las doce horas semanales.

Tampoco podrá ser titular o suplente del Tribunal Ambiental quien dos años antes haya ejercido como ministro, subsecretario, seremi del Medio Ambiente, director del Servicio de Educación Ambiental o superintendente. Esta restricción corre también para quien haya desempeñado un cargo directivo en estas instituciones nombradas.

Dónde operarán las magistraturas
Habrá tres tribunales. El primero estará en Antofagasta y cubrirá causas desde Arica a Coquimbo. El segundo, en Santiago, con competencia desde Valparaíso al Maule. Y el tercero, con asiento en Valdivia, cubrirá el resto del sur.

Designación de ministros
Para designar a los integrantes de los tribunales, en primer lugar se llamará a concurso a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Los candidatos más idóneos se presentan a la Corte Suprema.

La Corte envía una lista con cinco nombres al Presidente de la República, quien debe proponer la persona al Senado, el cual debe ratificarla por tres quintos.

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