Sequia en Chile, un problema estructural

El Presidente Sebastián Piñera acaba de anunciar la creación de un Consejo Interregional de Emergencia Hídrica para enfrentar el problema de la sequia en el país, que ha llevado a que casi 80 comunas entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins hayan sido declaradas en emergencia por este problema. Entre las medidas anunciadas, la más publicitada ha sido la propuesta de bombardear nubes para provocar lluvia artificialmente, acción que estaría a cargo de una empresa privada, pero que sin embargo no podrá ser implementada hasta mayo, pues durante el verano en la zona afectada simplemente no hay nubes.

Más allá de medidas coyunturales y con ciertos ribetes de espectacularidad, el problema de la falta de agua se arrastra desde hace ya varios años y nada dice que se vaya a solucionar, más bien todo lo contrario si consideramos los efectos del cambio climático pronosticados para Chile. Son miles, tal vez millones los chilenos de sectores rurales que han visto cómo se han secado o contaminado sus fuentes tradicionales de agua, sean éstas pozos, vertientes, lagunas, ríos u otros, y que cada verano dependen de camiones aljibes suministrados por el municipio, gobernaciones o privados.

Pero la distribución de agua por esta vía, o acciones puntuales como el bombardeo de nubes, son sólo medidas desesperadas y de parche, que resultan completamente insuficientes y no solucionan esta grave situación, pues están muy lejos de atacar el fondo del problema. Esto porque, si bien existe un factor climático insoslayable, como es la disminución de las precipitaciones, este fenómeno se ve agudizado por las malas prácticas en el manejo de las cuencas y de los suelos a lo largo de todo el país.

Por un lado, en el norte existe una escasez estructural e histórica de agua que se ha visto agravada con la expansión minera y los efectos del clima. Por otra parte, la agricultura utiliza gran cantidad del agua disponible sin que exista una adecuada gestión de los recursos hídricos, además  las enormes extensiones de plantaciones forestales de pinos y eucaliptus hacen un uso intensivo del vital elemento, y contribuyen a secar las napas subterráneas en amplias zonas del país. Muchas de las comunas de las regiones del Biobío y la Araucanía que tienen un importante porcentaje de su superficie cubierta por plantaciones, coinciden con los territorios en los que se registran los mayores problemas de falta de agua.

Asimismo, todos los estudios científicos dan cuenta del avance de la desertificación en el territorio nacional, fenómeno del que poco se habla . La ausencia de vegetación interrumpe el ciclo hídrico y desprotege los suelos, que pierden su capacidad de absorción y retención de agua, todo lo cual redunda en una disminución de la disponibilidad de agua en las zonas afectadas.

Estrechamente vinculado a lo anterior, el país no ha sido capaz de elaborar e implementar una política pública orientada a un adecuado manejo de sus cuencas hidrográficas, que ponga énfasis en la protección de los glaciares y del nacimiento de los cursos de agua. Si bien se han registrado algunos intentos en este sentido, éstos no han prosperado y más bien han quedado sólo en documentos.

Finalmente, no debemos olvidar que en Chile la gestión del agua y el uso de la misma  está entregado de manera masiva a  privados, que la manejan no con criterios ecológicos o de bien común sino comerciales, sin considerar si esto perjudica a pequeños agricultores, comunidades rurales  y habitantes en general.

El agua es esencial para la vida y juega un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades. La escasez de agua no sólo altera la vida cotidiana de las personas, sino que pone una traba insalvable en el desarrollo de cualquier actividad económica. Es deber del gobierno analizar este problema con profundidad y diseñar una política que a mediano y largo plazo sea capaz de regular la actividad de privados, de manera de asegurar un suministro seguro de agua para toda la comunidad.