Chile cumplirá en 2012 con estándar medioambiental OCDE

La nueva institucionalidad que comenzará a operar en el segundo semestre dará cumplimiento a las recomendaciones de la entidad. Diario Financiero 13 de marzo 2012.


El subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, analizó junto a DF la nueva institucionalidad ambiental que entrará en operación el segundo semestre de 2012 con la instalación del primer tribunal ambiental en Santiago y la acción fiscalizadora y sancionadora de la superintendencia de Medio Ambiente.

Todo lo anterior implicará una gran reformulación de la forma en que tanto la autoridad como las empresas deberán cumplir con los estándares ambientales y procedimientos para evaluar y aprobar los proyectos productivos antes de ponerlos en marcha. 
Irarrázabal recordó que cuando la OCDE en 2005 efectuó la evaluación del desempeño ambiental de Chile “entregó 55 recomendaciones, pero la principal era que tenia que mejorar institucionalmente toda la fiscalización ambiental para que no sea reactiva, sino que preventiva y que dé instrumentos para el cumplimiento a los titulares de los proyectos”.

Pasados siete años sostiene que estamos en condiciones de decir que se han cumplido las principales y otras están en fase de implementación. Como ejemplo, dice que antiguamente “quienes se pronunciaban sobre las sanciones eran las Coremas y hoy lo hacen las Comisiones de Evaluación. Las Coremas aplicaban multas de $ 15 millones, hoy las multas máximas suben a US$ 9 millones”.

Además en la fiscalización hay una serie de nuevos instrumentos, entre los que destacan distintos procedimientos de denuncias, de planes de cumplimiento, de planes de reparación ambiental y una serie de incentivos al cumplimiento de los mismos.

Tribunales y
Superintendencia


El subsecretario enfatizó que el principal objetivo del ministerio en 2012 es la implementación de la nueva institucionalidad ambiental. “Está por entrar al control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional, esperamos poder publicar el proyecto a principios de mayo”.

A contar de la publicación en el Diario Oficial empiezan a correr los plazos no sólo para la implementación de los tribunales -que en el caso de Santiago es de seis meses y en Antofagasta y Valdivia de un año- sino que en paralelo entra en operaciones la Superintendencia de Medio Ambiente con sus facultades de fiscalización y sanción.

Para los tribunales ambientales el proceso es a corto plazo. “En seis meses hay que designar los ministros, presupuestos, inmuebles, etc, eso lo coordinamos nosotros”, señala Irarrázabal.

En tanto, el superintendente de Medio Ambiente es Jaime Lira, quien ha estado a cargo de la política de fiscalización y sanción. Irarrázabal explica que “en el caso de la fiscalización de calificación ambiental la superintendencia ha ideado una suerte de ranking en relación al riesgo ambiental basado en determinados criterios para así poder focalizarse en la fiscalización en determinadas actividades que de acuerdo a su historial tengan mayor riesgo ambiental implícito”.

En el caso del Servicio de Evaluación Ambiental el director es Ignacio Toro. El subsecretario manifestó que la relación entre superintendencia y tribunales ambientales será relevante.

“El acuerdo político para dar inicio a la nueva institucionalidad ambiental estableció la existencia de los tribunales como una suerte de contrapeso y control jurisdiccional del actuar de la Superintendencia, porque todas las resoluciones del superintendente son reclamables ante los tribunales ambientales y no sólo desde el punto de vista de las empresas, sino que también si alguien hace una denuncia a la superintendencia y esta no es acogida, se puede reclamar también ante los tribunales”.

Explicó que ante los tribunales especializados se podrá reclamar, además del daño ambiental, lo referido al ámbito contencioso administrativo, y ya no sólo las reclamaciones del Sistema de Declaración de Impacto Ambiental, como contemplaba la legislación anterior.

También podrán recurrir a los tribunales quienes se sientan afectados por las normas de emisión y de calidad o por planes de descontaminación, prevención y de manejo, además de quienes se sientan perjudicados por los planes de descontaminación.

Nuevos proyectos


Irarrázabal anticipó que próximamente entrarán dos proyectos al Congreso, que hoy están en fase de elaboración: el primero es sobre manejo de residuos con instrumentos de gestión ambiental, que establecerá la llamada responsabilidad extendida al productor; y el segundo es relativo a los límites máximos de emisión, que incorpora el concepto de instrumentos económicos a través de los permisos de emisión transables, donde lo que se hace es generar un límite máximo de emisión.

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