De biodiversidad, naturaleza, concesiones y negocios

En medio de la gran cantidad de desaciertos políticos que ha exhibido el gobierno en lo que va del mes de marzo, el reciente anuncio de la Subsecretaria de Turismo de dar inicio a un  proceso de licitación en 30 parques y reservas nacionales pasó casi desapercibido. Esta información, proveniente del Ministerio de Economía, del que depende Turismo, no es menor y  aparentemente fue concordado entre los Ministerios de Bienes Nacionales y Agricultura. Resulta sorprendente  que se omita el rol del Ministerio de Medio Ambiente, pues según la nueva legislación ambiental (Ley N° 19.300 de 2010), es esta cartera la encargada de velar por la protección y conservación de los recursos naturales renovables del país.

A partir de esta noticia surgen una serie de reflexiones y preguntas:  ¿Qué pretende el gobierno licitando parques y reservas que nos pertenecen a todos? ¿Esto es parte de una política de gobierno? ¿Existe realmente una coordinación entre los ministerios? ¿Qué leyes y/o marco regulatorio permiten esta licitación? ¿Dónde quedó el lado ambiental de Piñera?

Las áreas protegidas han sido creadas a través del tiempo por distintos gobiernos con el propósito de generar zonas en las cuales supuestamente se proteja y conserve la naturaleza,  sean estos ecosistemas o especies. Sabemos que muchas veces, los recursos humanos y financieros son escasos para resguardar el patrimonio natural que nos pertenece a todos; basta recordar el reciente incendio en Torres del Paine. Sin embargo, más allá de las críticas sobre los recursos  y/o los problemas de gestión, lo cierto es que los servicios públicos hacen un tremendo esfuerzo para sostener la conservación en parques y reservas nacionales. Se debe tener presente que el objetivo principal de las áreas protegidas es resguardar el patrimonio natural de Chile, conservarlo, protegerlo, no permitir en ellos el desarrollo de actividades productivas o desarrollos inmobiliarios que lo dañan o destruyen. Por eso surge con fuerza el cuestionamiento respecto a qué es lo que pretende el gobierno con esta licitación, que por cierto no es la primera, pues ya hay otro proceso en curso en CONAF.

El anuncio de la Subsecretaría de Turismo lleva a preguntarse si esta licitación afectará el objetivo fundamental del área licitada, que es la conservación. La respuesta no es evidente, pues pese a que la Ley de Turismo N° 20.423 permite el establecimiento de concesiones en áreas protegidas, el reglamento que la hace operativa aún no ha sido promulgado. En consecuencia, no están definidas las condiciones en que se puede realizar este tipo de actividad y tampoco el alcance que pueden llegar a tener.

Pero tal vez lo más preocupante es la omisión de la participación en todo el proceso del Ministerio de Medio Ambiente, institucionalidad pública recientemente creada y que es la encargada de resguardar el patrimonio natural de Chile. Aún más considerando que el gobierno ingresó en enero de 2011 un proyecto de ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente.

Después de ello, durante el año pasado CONAF ya inició un proceso de licitación en áreas protegidas, al que se suma el ahora anunciado desde Turismo.

Estos hechos llevan a pensar, inequívocamente, que el gobierno del presidente Piñera quiere entregar a privados nuestros parques y reservas, con lo cual el nuevo servicio no tendrá nada que administrar y los ciudadanos tendremos que pagar a privados por usar espacios que nos pertenecen a todos. Claramente el gobierno ha optado por imponer la posición del Ministerio de Economía, es decir, el fomento productivo por sobre la conservación, con una mirada cortoplacista y economicista de fomento al turismo como actividad “limpia” que le hace daño al país. Con esto el gobierno  asume que da lo mismo el tipo de turismo que se implemente y que éste nunca  ocasiona problemas, pero en definitiva está poniendo en riesgo el patrimonio natural de Chile, e incumpliendo su rol de cautelar el bien público.

Cuando se cumplen dos años de gobierno, podemos decir que las promesas ambientales del Presidente, su programa de gobierno y los anuncios de 21 de mayo, están muy lejos de lo que ocurre en realidad, y que, finalmente,  “el papel aguanta todo”.