Terram exige anular licitación en áreas protegidas
Comunicaciones Terram, 13 de marzo 2012.
El anuncio efectuado desde la Subsecretaría de Turismo de licitar 30 parques y reservas nacionales durante los próximos ocho años, es un hecho que reviste la mayor gravedad, y que debe ser denunciado a la opinión pública. El gobierno de Sebastián Piñera pretende licitar, sólo dentro del presente año, terrenos en seis parques nacionales, entre ellos Radal Siete Tazas y Pan de Azúcar.
Llama poderosamente la atención que esta medida esté impulsada y encabezada por la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, en coordinación con los Ministerios de Bienes Nacionales y de Agricultura, en un proceso en el que aparentemente no ha participado el Ministerio de Medio Ambiente, entidad encargada de la protección y conservación del patrimonio natural de Chile.
La finalidad de las áreas protegidas públicas, tanto terrestres como acuáticas, es conservar el patrimonio natural, especialmente ecosistemas y especies, tal como lo señala la legislación nacional y establecen tratados internacionales suscritos por Chile. Entre sus objetivos no se encuentra generar negocios ni beneficios económicos a quienes las administran. Por ello, es fundamental respetar los objetivos primarios para los que estos parques y reservas fueron creados; actividades como el turismo sólo deberían poder realizarse en la medida que no afecten el objetivo primario para el cual se crearon dichas zonas, esto es, las tareas de conservación y protección de ecosistemas y especies.
Lamentablemente, una vez más el actual gobierno impone una mirada economicista y de corto plazo, que pone en riesgo el patrimonio natural que nos pertenece a todos.
Es importante recordar que en la actualidad el Congreso Nacional discute un proyecto de ley con el objetivo de crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín 7487), entidad que precisamente deberá hacerse cargo de las tareas de administración y de la implementación de planes de conservación en las áreas protegidas del Estado y que dependerá de la cartera de Medio Ambiente. Resulta contradictorio, entonces, que paralelo a esta discusión parlamentaria, otros tres Ministerios se atribuyan la facultad de implementar un sistema de licitaciones para las áreas protegidas, marginando a Medio Ambiente; este hecho representa una evidente contradicción entre diferentes estamentos del gobierno.
Con este anuncio, el gobierno de Sebastián Piñera no sólo exhibe un gran desprecio por la institucionalidad ambiental del país, y por la iniciativa legal que el mismo gobierno patrocina, sino que también por los procesos democráticos y participativos que en principio impulsa, para luego tomar decisiones inconsultas y destinadas únicamente a beneficiar a algunos privados, con la explotación de un patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos.
Fundación Terram exige al gobierno que deje sin efecto la decisión de licitar los parques y reservas nacionales, tomada entre cuatro paredes, y se comprometa a no licitar áreas protegidas públicas mientras no se apruebe e implemente la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pues queremos que esta futura institución tenga un patrimonio efectivo que resguardar.