Según confidenció a The Clinic Online un consejero del organismo, los antecedentes fueron enviados por la Fiscalía Centro Norte, luego de que el abogado de Patagonia sin Represas, Marcelo Castillo, interpusiera sendas querellas criminales por el delito de fraude al fisco, tanto en Santiago como en Aysén, XI Región. Para evaluar los presuntos ilícitos, dijo la misma fuente, se designó a la abogada Viviana Ortega Donoso.

Hay que recordar que el Ministerio Público y el tribunal de garantía de la zona sur del país, se declararon incompetentes por principio de ejecución del delito, ya que los ilícitos se habrían cometido en Santiago, por lo que la fiscalía Centro Norte sumó esta última indagatoria.

En la carpeta de investigación quedó acreditado que el documento que la Conaf entregó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que lo componen la totalidad de los seremis de Aysén y que permitió seguir adelante con el proyecto, fue digitado desde Santiago, aún cuando habían opiniones contrarias de los propios ingenieros forestales, tal como informó este diario en febrero pasado. El informe de Conaf permitirá que se inunden miles de hectáreas en la Patagonia.

La decisión del CDE se produce en el contexto de la renuncia del presidente de Hidroaysén Antonio Albarrán y el fallo que la Suprema debe dar a conocer por un recurso de protección interpuesto por grupos ecologistas Patagonia sin Represas. Si bien hasta ahora no hay una versión oficial del dictamen judicial, entre los abogados dedicados a materias ambientales, se especula que “el fallo viene malo” para Hidroaysén. De allí que la renuncia obedecería a este hecho.

Los ingenieros

La historia que hasta ahora tiene el CDE para evaluar un eventual delito de falsificación ideológica de los documentos oficiales de la Conaf, comenzó en noviembre de 2010. En esa fecha hubo una videoconferencia donde estuvieron presentes los profesionales de la entidad de Puerto Montt y Aysén, oportunidad en que se discutió el impacto que tendría el proyecto en los parques nacionales Laguna San Rafael, Bernardo O’Higgins y Reserva Forestal Lago Cochrane y en los ecosistemas que los conforman. Básicamente, los puntos centrales era la interpretación de la Convención de Washington, instrumento de derecho internacional ratificado por Chile, que impide al Estado la destrucción de los santuarios naturales. Argumentos más o menos, el hecho es que no hubo acuerdo en esa reunión.

En la investigación de la fiscalía, consta una orden de investigar enviada por la PDI, donde hay un correo electrónico “enviado desde el nivel central (que está en poder de esta Fiscalía) en el que se remitía la propuesta jurídica en relación al informe de evaluación ambiental, correo cuyo contenido quedó finalmente plasmado en el informe que se firmó por la Dirección Regional y se subió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Varios testigos interrogados por la policía civil, confirman que hubo una verdadera operación en la Conaf para urdir una respuesta al Estudio de Impacto Ambiental que esta se ejecutó desde Santiago.

El ingeniero forestal Aliro Gascón sostuvo: “Lo más grave a mi juicio, ocurrió días antes de que se emitiera el informe de 15 de noviembre de 2010 y fue que se recibieron llamadas telefónicas de parte del Fiscal Nacional de CONAF, con sede en Santiago, para efectos de cambiar el tenor del informe, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de inundar las 18 hectáreas del Parque Nacional”.

El mismo Gascón relató también los llamados para presionar y que el informe fuera modificado: “Recuerdo que el día 14 de noviembre al parecer, entró Tania Lorca a mi oficina. Estaba enojada y me dijo que le había cambiado su trabajo en lo relativo a la imposibilidad de inundar y la incidencia que la Convención de Washington tenía en ello, reduciendo su informe de 5 a 3 hojas”.

Otra profesional de la Conaf, la ingeniera Paula Vásquez, fue más categórica: “Recuerdo que unos días después me llamó Tania Lorca pidiéndome que la ayudara a buscar jurisprudencia para avalar la inundación del Parque Nacional. Le dije que no estaba de acuerdo y que me tendría que llegar una orden por escrito en ese sentido para que obedeciera, ya que yo no estaba de acuerdo. Dos o tres días después, Tania me reenvió un correo electrónico que había confeccionado y enviado el Fiscal Llona, para que yo tomara conocimiento del mismo, en él el Fiscal planteaba sus argumentos para acceder a la inundación, pero yo no le contesté ese correo, además se me envió una vez que ya se había subido al SEIA el informe”.

Daniel Fernández online

En tanto el jueves pasado, en la tradicional reunión del Comité Penal del CDE, se ordenó oficiar a la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, para determinar si los derechos de agua que Endesa endosó a Hidroaysén fueron legales.

La información solicitada a la DGA, se debe a otra querella presentada por el mismo Marcelo Castillo, en 2011, esta vez en contra del vicepresidente de Hidroaysén, el PPD Daniel Fernández.

La acción legal, por el delito de falso testimonio se funda en la declaración que Fernández entregó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esto en el contexto del endosamiento de los derechos de agua, ocurrido en 1990, para llevar adelante el proyecto en la Patagonia.