COMISIÓN INVESTIGADORA DE EXTRACCIÓN ILEGAL DE AGUAS APRUEBA INFORME DE CONCLUSIONES

En el texto aprobado por la instancia fiscalizadora, entre otros aspectos, propone la creación de una subsecretaría de recursos hídricos y pide limitar la entrega de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas agotadas y zonas de escasez hídrica. Diario la Camara.cl 18 abril 2012.


Los diputados que integran la Comisión Especial Investigadora sobre Extracción Ilegal de Aguas y Áridos concluyeron el trabajo fiscalizador que le encomendó la Sala y aprobaron por unanimidad el texto del informe que resume la labor desarrollada por nueve meses.

En sus consideraciones generales, el informe señala que los testimonios y antecedentes recogidos por la Comisión confirman la aguda situación de sequía y escasez hídrica que se advierte en la zona norte y central del país, que se refleja en la carencia significativa de agua para el consumo, riego y otras actividades productivas.

Agrega el texto que, más allá de los efectos del cambio climático, la escasez de agua en nuestro país tiene su origen en que históricamente se han entregado derechos de aprovechamiento de agua en forma excesiva, más allá de las necesidades y en algunos casos con fines especulativos, sin entregar al Estado atribuciones suficientes para fiscalizar y sancionar abusos.

En materia de conclusiones, el informe manifiesta inquietud por la magnitud y significación de los casos de extracciones ilegales de aguas conocidos en el seno de la Comisión y plantea la necesidad de realizar modificaciones constitucionales y legales que permitan una mejor gestión de los recursos hídricos para asegurar el abastecimiento presente y futuro de la población.

En ese marco, solicita consagrar a nivel constitucional el agua como bien de uso público, entregar facultades al Estado para limitar la entrega de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas en zonas de escasez hídrica y cuencas agotadas y llevar adelante una profunda revisión de la actual institucionalidad en este ámbito.

Más específicamente, se propone analizar la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, que concentre la planificación y ejecución de políticas, y de una Superintendencia con facultades y recursos para fiscalizar.

La presidenta de la instancia investigadora, diputada Adriana Muñoz (PPD), destacó que “este informe fue aprobado con la concurrencia unánime de los integrantes de la Comisión, se trata de un acuerdo trasversal que tiene mucha importancia porque esta es una materia que requiere una política de Estado, no de trincheras políticas”.

Asimismo, hizo hincapié que los testimonios de numerosas organizaciones que comparecieron ante la Comisión confirmaron que en el país se está produciendo usurpación de aguas y que numerosas comunidades se han visto afectadas gravemente por la escasez de este elemento para consumir debido al uso que han hecho de ellas grandes empresas mineras, agrícolas o sanitarias, que han terminado agotando algunas cuencas.

“Hemos propuesto que se den facultades al Estado para limitar la entrega de nuevos derechos de aprovechamiento en zonas de escasez, porque están sucediendo perversiones de uso y abuso dentro de un marco normativo de mercado, donde el agua es un bien más que se transa”, indicó.

“En el informe también hemos incluido un capítulo con propuestas para la definición de una política hídrica nacional, que incluya por ejemplo el bombardeo de nubes, desalinización, el traslado de aguas desde el sur hacia el norte y una serie de proposiciones que recogimos de las organizaciones que vinieron. Aquí se requiere una política articulada que se haga cargo de la crisis estructural de escasez hídrica y que tenga permanencia, con recursos y facultades de fiscalización, no solamente reacciones acotadas en periodos de sequía”, sostuvo la diputada Muñoz.

Por su parte, la diputada Andrea Molina (UDI) expresó que “para mí el punto clave es que se suspendan derechos provisorios o eventuales en zonas declaradas de escasez hídrica donde hay daño a terceros, y que aquellas personas investigadas por el Ministerio Público y que se presuma que tienen responsabilidad en la usurpación de aguas superficiales o subterráneas no se le entreguen nuevos puntos de captación”.

“Además, es tremendamente importante revisar el Código de Aguas, aumentar las multas y las penas de cárcel, ver qué pasa con los derechos que se están entregando, porque mientras se afecte a terceros no podemos seguir funcionando con la normativa que tenemos”, agregó.

La parlamentaria subrayó además la necesidad de que programas como el bombardeo de nubes tengan recursos financieros garantizados en los presupuestos de los gobiernos regionales por al menos tres años. “Lamentablemente esta sequía llegó para quedarse y por ello no podemos plantear estos programas sólo por un año; en el Cachapoal se ha hecho 8 veces y ha incrementado sus lluvias en más de un 15 por ciento”, aseveró.

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