Vecinos del Totoral llegaron hasta Santiago para dar a conocer sus argumentos contra Castilla

Comunicaciones Terram, 04 de abril 2012.
Corte Suprema debe pronunciarse sobre apelación por termoeléctrica.


Este martes vecinos y organizaciones de Totoral llegaron a Santiago para dar a conocer su postura frente a la apelación que la empresa brasileña MPX, del multimillonario Eike Batista, interpuso contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esa instancia estimó que la termoeléctrica debía ser calificada como contaminante y no molesta, lo que invalidó la autorización ambiental otorgada a la empresa por el SEIA.

En efecto, el 7 de marzo último la Corte de Apelaciones de Antofagasta invalidó la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto termoeléctrico Castilla, luego de que los vecinos de Totoral interpusieran un recurso de protección en contra de éste por irregularidades cometidas por el Seremi de Salud de ese entonces, Raúl Martínez, que determinó que esta industria será “molesto” y no “contaminante”, como había establecido previamente esa repartición.

“Hemos venido a decirle a los ministros de la Corte Suprema que por favor respeten la decisión de la Corte de Apelaciones porque es una decisión justa que valora nuestro derecho a vivir en un medio ambiente limpio”, manifestó Fabiola Flores, miembro de la junta de vecinos de Totoral. La delegación viajó por un lado para hacer visible la posición de los vecinos directamente afectados, y por otro buscar apoyo y coordinación con organizaciones sociales y ambientales metropolitanas, teniendo en la mira los próximos pasos a seguir en relación al proceso judicial.

La apelación interpuesta por la empresa implica que el fallo de la Corte de Apelaciones no sea ejecutoriado, por lo que las obras de construcción de la termoeléctrica pueden continuar su curso normal. Por ello, el abogado Álvaro Toro, representante de los vecinos de Totoral informó que se solicitó al tribunal “una orden de no innovar que esperamos sea acogida mientras el recurso no se falle en la Corte Suprema”.

Según Flores la instalación de la termoeléctrica Castilla –que sería la más grande de América Latina- afectaría a toda la población de la comuna de Copiapó, particularmente a los vecinos de la localidad el Totoral, y perjudicaría la economía y salud de sus habitantes. “Somos un pueblo que trabaja la agricultura, la ganadería, también están las playas con el tema turístico y la pesca, y nos van a matar la vida marina, contaminar los suelos, que es con lo que la gente sobrevive”, dijo.

Este proyecto energético fue posible en primera instancia por la modificación que el ex alcalde de Copiapó, Marcos Lopéz, hizo a la norma de uso de suelos de la comuna. Ésta, en un principio, sólo permitía la instalación de empresas inofensivas en la zona, pero tras la modificación se autorizó la instalación de empresas con calificación molesta. Según el abogado Álvaro Toro, este aspecto es una de las peleas que se ha dado en la comuna: “ha habido pronunciamientos del consejo municipal con el alcalde, de carácter unánime, en que el acuerdo –por cambiar la norma de uso de suelo- ha sido adoptado. Pero esto no significa nada si no se realiza un análisis, un levantamiento de los planos, etc, una publicidad en la región para poder implementar ese acuerdo”. Agregó también que comenzarán una campaña de presión en época de elecciones municipales para que los concejales que aprobaron el acuerdo cumplan con su palabra.

Durante los últimos tres años se ha intensificado un proceso de movilización y articulación entre diversas organizaciones de la comuna de Copiapó que han sociabilizado del tema, realizado manifestaciones de diversa índole, todo ello acompañado de un proceso institucional y judicial. Las organizaciones han apuntado especialmente a una serie de irregularidades en el proceso de calificación ambiental, algunas incluso reconocidas a través de un informe por la Contraloría, lo que refuerza la convicción de los vecinos y de organizaciones ciudadanas de la falta de legitimidad del proyecto.

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