Acuerdo de AES Gener y Aguas Andinas podría complicar abastecimiento de agua en Santiago

Además, el contrato podría ser completamente ilegal y ha puesto en jaque la legitimidad del organismo para la transparencia pues, para este caso, tres de sus cuatro miembros se tendrían que inhabilitar por vínculos con ambas empresas. Radio Universidad de Chile.cl, 04 de mayo 2012.


Preocupación existe en varias organizaciones ciudadanas y un grupo de senadores que esperan hace siete meses para conocer la determinación del Consejo para la Transparencia en relación al Convenio Secreto que sostuvo Aes Gener y Aguas Andinas por el uso de agua potable para generación hidroeléctrica, en el contexto del cuestionado proyecto de Alto Maipo.

El 6 de junio de 2011 ambas empresas suscribieron un contrato, donde se establece un pago mensual de la eléctrica a la empresa sanitaria, para utilizar los derechos de agua de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado, que abastecen de agua potable a la Región Metropolitana.

Sin embargo, cuando se quiso conocer el detalle de este acuerdo para evaluar su impacto en el abastecimiento del capital, la Superintendencia de Servicios Sanitarios negó el acceso a la información, por lo que los interesados tuvieron que recurrir al Consejo de la Transparencia para solicitar que se les hiciera entrega de los antecedentes.

Al respecto, Antonio Horvath, uno de los senadores patrocinadores del requerimiento ante el organismo, señaló que “el que haya un convenio secreto del que no se conozcan los detalles no nos deja de llamar la atención”, por ello se busca “conocer más detalles en el sentido de cuánta agua se está comprometiendo del agua potable para Santiago en la generación de electricidad”.

El parlamentario RN aseguró que el convenio entre Aguas Andinas y AES Gener “no parece mal en un principio, que se use con doble propósito el agua es bueno, pero que no se privilegie un interés sobre el otro, hay que a garantizar el agua potable para la gente”, dijo.

Cuestión en la que no coincidió Jack Stern, miembro de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo y Defendamos el Agua Potable de Santiago, quien denunció que el acuerdo sería completamente ilegal dada la naturaleza del servicio que entrega Aguas Andinas.

“Conforme a la legislación en su calidad de concesionaria de servicios públicos sanitarios y como empresa monopólica de servicios públicos sanitarios, Aguas Andinas puede tener como único objeto el establecimiento, la construcción y explotación de servicios que entreguen producción y distribución de agua potable y recolección de aguas servidas. Se está vulnerando la ley con este convenio, por eso es que lo han mantenido secreto”, aseguró el Stern.

Es por ello que según la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, una vez en conocimiento de los antecedentes se buscará invalidar el contrato, pues “no se puede poner en riesgo el agua potable de 6 millones de habitantes de la Región Metropolitana, para mejorar la rentabilidad de un negocio eléctrico”, dijo.

Transparencia cuestionada: tres de cuatro consejeros podrían inhabilitarse

A la tardanza en la pronunciación del Consejo para la Transparencia por el caso, se suma que tres de sus cuatro integrantes quedarían inhabilitados, pues a la marginación voluntaria del presidente del organismo, Alejandro Ferreiro, por conflictos de interés, se agregaría la de Vivian Blanlot y José Luis Santa María, quienes fueron impugnados por los demandantes por vinculaciones directas e indirectas con las empresas involucradas.

En relación a este inédito hecho, que calificó como “una maña señal”, Sara Larraín, indicó que Chile “dentro de las normas básicas de transparencia e independencia es un país que no está decidiendo bien y hoy eso es parte importante de la falta de legitimidad de las instituciones públicas frente a la ciudadanía No están claros los conflictos y cómo funciona el tráfico de intereses entre personas que están relacionadas contractualmente”.

Consultado por Radio Universidad de Chile, el departamento de Comunicaciones del Consejo para la Transparencia, confirmó que este viernes la corporación sesionó para decidir sobre la inhabilitación de ambos consejeros; información que será entregada en el curso de la próxima semana. En cuanto a la revisión del caso, se indicó que no existe una fecha estimativa para entregar una respuesta. 

 

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