Hidroeléctricas en la Patagonia, ¿historia sin fin?

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación;Terram publicada en portal Cambio21.cl el 10 de mayo 2012.


La reciente aprobación de la central hidroeléctrica Río Cuervo en la región de Aysén constituye un nuevo hito en una larga historia de irregularidades, abusos y decisiones irracionales tomadas por las autoridades ambientales, sectoriales y regionales, amparadas en la deficiente institucionalidad vigente e impulsada por grandes corporaciones.

Sin embargo, en cada instancia, la ciudadanía -tanto de la región como de todo Chile- ha manifestado con fuerza su oposición a mega proyectos que amenazan con destruir ecosistemas prístinos y con ello, poner fin a un estilo de vida y una vocación territorial que permite desarrollar actividades económicas más sustentables, armonizando las actividades humanas con la naturaleza.

Eso fue precisamente lo que sucedió con el mega proyecto Alumysa, una propuesta de la transnacional canadiense Noranda, que a comienzos del 2000 intentó construir una fábrica de aluminio en plena Patagonia, aprovechando la “ventaja comparativa” que significaba tener a mano una fuente de energía barata a destajo, aun cuando la materia prima para la fabricación de aluminio debiese importarse y toda la producción estuviera destinada a mercados internacionales.

En efecto Alumysa comprendía, entre sus instalaciones, la construcción de tres centrales hidroeléctrica para su autoabastecemiento. Ese proyecto fue fuertemente resistido por la ciudadanía y la industria salmonera con base en la región de Aysén, que finalmente logró que se desistiera. Pero la historia no concluye allí, pues la central hidroeléctrica Rio Cuervo, ahora de propiedad de Energía Austral, es justamente una de las centrales que formaban parte del proyecto Alumysa; las otras dos se ubicarían en los ríos Cóndor y Blanco.

Tras la aprobación hace justo un año de las cinco megarepresas de HidroAysén, a la que se suma ahora la entrega de la autorización ambiental para Río Cuervo, con una potencia de 640 MW y que se ubicaría a menos de 50 kilómetros de Puerto Aysén, se suman las demandas y propuestas del movimiento social de Aysén, entre las que se incluye la participación ciudadana vinculante para la evaluación de los megaproyectos, incluidas las represas de HidroAysén y de Energía Austral.

Por ello hoy la historia parece diferente y aún no se ha dicho la última palabra, pues por una parte, en ambos casos es necesario que ingrese a evaluación ambiental la línea de transmisión eléctrica, que debe transportar la energía hacia el Sistema Interconectado Central. Además, para los dos proyectos aprobados se encuentran pendientes recursos judiciales interpuestos ante las flagrantes y reiteradas irregularidades en las respectivas tramitaciones ambientales.
La Central Cuervo, aprobada esta semana, contempla la construcción de dos presas de hormigón emplazadas en cada uno de los brazos del río Cuervo, que formarían un embalse que se uniría a los lagos Yulton y Meullín, e inundaría un área de 5.863 hectáreas.

Además, como señalamos, esta central va unida a otras dos hidroeléctricas proyectadas por la empresa Energía Austral (perteneciente en un 51% a la australiana Origin Energy y un 49% a la minera Xstrata Copper), que deben entrar a evaluación ambiental próximamente: la central hidroeléctrica Blanco, a sólo 30 kilómetros al sureste de Puerto Aysén y cuya potencia instalada total sería de 375 MW, y finalmente la central Cóndor, de 54 MW.

Además de la alteración de los ecosistemas, del ciclo hídrico, de los peligros para la flora y fauna y la consecuente modificación del estilo de vida y la actividad productiva local, el problema más grave que presenta la Central Cuervo es su cercanía con la falla geológica Liquiñe-Ofqui, tal como lo certificó Sernageomin en sus informes en el marco de la evaluación ambiental y que fueron ignorados a la hora de la crucial votación. Se trata de una falla activa, una de las más relevantes a nivel nacional, y que ya provocó un fuerte sismo con posterior tsunami en la zona el año 2007, que costó la vida a 11 personas. Así, existe un riesgo cierto de que un sismo de mediana o mayor magnitud genere desprendimientos de terreno sobre la laguna artificial de la represa que provoquen una salida de agua, la que a su vez puede llegar hasta zonas pobladas río abajo.

Estos antecedentes son los que pesan a la hora de señalar que resulta de la mayor gravedad, tanto desde el punto de vista de la institucionalidad como por el tema medioambiental, que el Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén haya aprobado por unanimidad este proyecto, dejando como único consuelo para la región algunas obras menores y una rebaja en las cuentas de la luz para la población, condiciones que, tal como señalara el senador Antonio Horvath, no son más que migajas que la región no necesita.

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