Proyectos de ley e iniciativas que NO germinan

Varias son las propuestas, como la ley de muestra y contramuestra o la controversial de los vegetales genéticamente modificados, que prometían aprobación, pero que llevan incluso años en stand by. Acá un repaso a las más sensibles y las razones que explican su tardanza. Revista del Campo 07 de mayo 2012.


La palabra transgénico (productos a los que se le adicionan genes de otras especies, para agregarles valor, que pueden ser desde la resistencia a la sequía o a plagas, hasta la incorporación de vitaminas o nutrientes específicos), sigue asustando a gran parte de los consumidores. Muchos por desconocimiento juegan con la idea de que si los comen les puede salir un tercer ojo, o leyeron en internet que por consumirlos sufrirán alergias e incluso que les podría salir un tumor.

Lo que muchos no saben es que, mientras los critican y les hacen el quite, probablemente llevan tiempo comiéndolos, ya sea en aceites, cereales o incluso en pollos o cerdos que pueden haber sido alimentados con este tipo de granos. Lo curioso es que mientras la mayor parte de los chilenos los consumen sin darse cuenta, o ciertas industrias los utilizan como base de los alimentos para sus animales, los agricultores chilenos siguen sin poder sembrarlos. Es decir, en el país hay una verdadera "tierra de nadie" por la falta de una norma que regule su producción y consumo (aunque existe la obligación de etiquetar los productos que los contengan).

Eso es justamente lo que se ha intentado regular con la Ley de Vegetales Genéticamente Modificados, VGM, iniciativa que viene desde el 2006 discutiéndose en el Parlamento, pero que aún no arroja humo blanco. Los VGM son un tema, entre otros varios, que en los distintos gobiernos se vienen pateando y que impactan directamente en los productores agrícolas.

La Ley de Muestra y Contramuestra, el Estatuto del Temporero, el Fomento Forestal con el Decreto Ley 701, e incluso el proyecto que transforma al Minagri en Ministerio de Alimentación y Forestal (que lleva numerosos intentos, pero que aún no sale del escritorio del ministro), son parte de las iniciativas que están empolvadas.

Las razones de la tardanza van desde el poco interés político, pasando por la falta de consenso, hasta autoridades que prefieren no hacerse problemas con temas conflictivos. Acá un repaso de los proyectos más sensibles.
La ley de muestra y contramuestra, que no se muestra

Cuando en enero de 2011, el entonces ministro de Agricultura José Antonio Galilea, anunció el ingreso del Proyecto que Regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, conocido como Ley de Muestra y Contramuestra, muchos sectores lo aplaudieron.

Y es que respondía a una solicitud muy antigua por contar con herramientas que transparentaran las transacciones. Así, la iniciativa aparecía, finalmente, como una forma para que los productores de distintos rubros pudiesen contar con instrumentos que permitirían verificar la calidad y composición de cultivos como el trigo (pero también de otros granos y de alimentos como la leche y la carne), para, con el dato duro en mano, comprobar que lo que la calidad o características de lo que los compradores pagaban correspondía con lo que efectivamente se entregaba y, además, reivindicar la calidad interna versus la importada.

"El proyecto entregaría un fondo de transparencia y mejoraría la asimetría entre los actores del mercado", explica Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. A pesar de que para el sector significaría un avance y modernización importante -el sistema es antiguo en otros países-, la iniciativa sigue en primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados y está como un proyecto "sin urgencia".

"Queremos que se promulgue y se ponga en marcha", enfatiza Andreas Kobrich, secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola.
El agro no entiende que, pese a que el proyecto esté más o menos consensuado y que guste a diversos sectores -salvo por algunas indicaciones-, se le dé poca relevancia.

Los VGM no modificados
Cuando asumió el Presidente Sebastián Piñera se le volvió a imprimir impulso a la posibilidad de legislar sobre el cultivo de organismos genéticamente modificados. Por ello, se decidió desempolvar el proyecto sobre VGM que se arrastraba desde el 2006, y reingresarlo al Parlamento con una indicación sustitutiva en abril del año pasado. Pero la urgencia pasó al olvido. Y es que desde entonces, las comisiones que debieran ver el tema en forma conjunta aún no han sesionado.

"La demora hace suponer que no es prioritario para el Gobierno o que éste prefiere no desatar la polémica en relación al tema", explica Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram. En la SNA consideran que la demora tendría que ver con temas políticos. "La normativa está súper dormida porque hay problemas políticos de por medio, no menores. Es importante que se discuta y se dé la opción, con los resguardos que correspondan, para que puedan convivir los VGM, con cultivos tradicionales y orgánicos, sin contaminación", explica Juan Pablo Matte.

Para los ambientalistas, el proyecto debiera ser reformulado.
"El proyecto es de mala calidad. Esta iniciativa no tiene como propósito regular la utilización de VGM, o de resguardar el patrimonio filogenético del país, más bien son iniciativas legales para liberalizar el cultivo de transgénicos en Chile, que no comprenden el fondo de la problemática", explica Liberona. La iniciativa está en primer trámite constitucional en el Senado. Eso sí, "sin urgencia".
También está pendiente la ratificación del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, y la regulación de los derechos sobre obtenciones vegetales, que derogaría la Ley 19.342, entre otras iniciativas peliagudas, que pueden contener aspectos relacionados con el tema de los transgénicos.

El bullado estatuto temporero
En enero del año pasado, en un salón de la Sociedad Nacional de Agricultura, temporeros, empresarios y dirigentes se daban la mano, se abrazaban y brindaban. No era para menos. Después de varios años lograban formular y firmar un acuerdo histórico en el mundo agrícola: el Estatuto del Temporero.

"El acuerdo recogió fielmente lo conversado en la mesa laboral nacional. En éste se habla de la autonomía de las voluntades, de poder llegar a acuerdos en beneficio mutuo, de poder trabajar algunos días que el legislador no permite, pero compensándolos de manera adecuada", explica Juan Pablo Matte.

La idea era que se incorporara su contenido en la ley que modifica las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo. Pero por alguna razón el proyecto quedó entrampado en el primer trámite constitucional de la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo.

"Uno se esmera años para que la cosa pueda salir y no pasa nada. Sé que se han entregado opiniones parlamentarias más en contra que a favor, pero de eso no sale. Tengo la sensación de que el ministerio no quiere complicarse la vida, y que no están los ánimos para agilizar, a estas alturas, los proyectos en materia laboral", explica Rigoberto Turra, presidente de la Confederación Campesina Nehuén.
El rol de la Comisión Antidistorsiones.

De forma entusiasta se manifestaron los productores de maíz hace poco más de una semana, frente al anuncio hecho por el Gobierno de establecer una salvaguardia de 10,8% para el maíz partido importado.
Aunque la decisión, establecida por la Comisión de Distorsiones, unidad fundada a comienzos de los 80 que regula medidas de salvaguardias, antidumping y de derechos compensatorios, gustó en el sector afectado, lo cierto es que reabre la discusión en torno a la modernización que requiere el organismo.

El sector reclama que le falta agilidad y le cobran la palabra al Presidente Piñera, quien anunció la necesidad de revisar su funcionamiento como una de las 25 medidas que prometió para el agro. "Hemos presentado a la Comisión un estudio súper acabado de las distorsiones del maíz partido, mezcla de alimentos y la carne de pollo que viene de Argentina. Pero nos encontramos con un procedimiento en que se deben esperar 60 días a que la comisión se reúna, de ahí seis meses para conocer su decisión. Para ese entonces el muerto ya está dentro del cajón. Tuvimos que tomar otra medida, poniendo una salvaguardia a la importación de maíz partido que fue acogida, aunque lamentamos que no en el monto de 18,9 por ciento, sino en 10,8 %", explica Matte.

Los productores del sur coinciden con que a la Comisión le llora una modernización.
"Hemos estado atentos en que es necesario modernizarla para que pueda actuar más rápidamente. Nos sentimos más golpeados, pero son regulaciones para todo el sector", explica Kobrich.

Además de la agilización de los procedimientos, que hoy pueden demorar más de un año, se busca que la institución se transforme en un organismo técnico y no político, como actualmente.

El sueño de un Minagri de Alimentos y Forestal
Aunque nadie discute la importancia de entregar atribuciones en áreas como la de los alimentos al Ministerio de Agricultura, al sector le molesta que el proyecto, tan destacado en entrevistas y reportajes, aún no haya sido siquiera ingresado y siga descansando en el escritorio del ministro de Agricultura.

"Cuando este Gobierno asumió, el proyecto estaba entregado con mensaje presidencial al Parlamento. Lo retiraron y los técnicos estuvieron dos años revisándolo para hacerlo más liviano. Dijeron vamos a hacerlo menos burocrático y llevan dos años intentándolo. Creo que para el ministerio no hay tanta prioridad en ese tema", explica Michel Leporati, director de la Escuela Medicina Veterinaria/UST Talca.

Pero no sólo la demora incomoda al sector, también algunos temas que incluiría. Por ejemplo, Leporati cuestiona que pesca quede fuera y que se tome la opción de mantener una sola subsecretaría, "porque lo he visto en otros países, una sola subsecretaría no es suficiente", dice.

Para otros, en cambio, al menos parte de esas decisiones son coherentes.
"Concuerdo con la idea de no traspasar pesca al Ministerio de Agricultura. Se trata de un sector altamente regulado y no aprecio ninguna ventaja comparativa, ni para el sector pesca ni para el sector agropecuario, en traspasar sus funciones al Minagri", explica Carlos Furche, experto en desarrollo agrícola y comercio internacional.

Para los especialistas, lo más negativo es que bajo el paraguas de ese proyecto y otros relacionados con la institucionalidad del Ministero de Agricultura se han atrasado decisiones clave para el funcionamiento efectivo del ministerio y organismos dependientes.
"Me parece que lo relevante es que la iniciativa incluya el fortalecimiento de las capacidades de gestión, de regulación y control que necesita un sector agrícola que produce alimentos para el consumo doméstico y para exportar al mundo. Entre los organismos que requieren ser adaptados a la nueva realidad de internacionalización de la agricultura chilena menciono al SAG y a Odepa, ambos con tareas y responsabilidades de apoyo muy importantes si se pretende hacer realidad que Chile sea una potencia alimentaria", explica Furche.

También la Agencia de Inocuidad, Achipia, que aún no tiene una institucionalidad propia, su rol y la pugna con el Minsal, para definir quién será la voz oficial en la materia, además de la ley orgánica del ministerio, y la función de Indap, que viene llorando una modernización hace tiempo, son parte de los desafíos.

"En una entrevista la semana pasada en la Revista del Campo, el ministro decía que van a impulsar rápidamente puntos como la nueva ley orgánica, la ley de alimentos, el nuevo Indap, entre otras. Pero en lo que queda de gestión, no se alcanza a aprobar todo", explica Leporati.

Algo similar opina Furche.
"El tiempo que viene, a partir del segundo semestre de este año estará marcado por la coyuntura político electoral y será muy difícil conseguir los consensos y mayorías que se requerirían para aprobar las leyes", sostiene.

Normativas verdes pendientes: DL 701, la CONAF pública y el SEIA
El primer Decreto Ley 701 data del año 1974, y es la legislación que facilitó el establecimiento de plantaciones forestales (monocultivo) de especies exóticas en el país, a través de bonificaciones. El decreto fue renovado el año 1998 mediante la Ley N° 19.561, y duró hasta el 1° de enero del año 2011. En la fecha se tramitó en forma rápida en el Parlamento una prórroga por dos años, la que culmina a comienzos del año 2013.

"Por ello se espera que muy pronto ingrese al Congreso un proyecto de ley para renovar el DL N° 701 original. Las dificultades, más allá de los contenidos de la misma, están en la sentencia que emitiera el Tribunal Constitucional cuando se aprobó la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283 y en la cual se señala que se requiere de una institucionalidad pública para administrar las leyes forestales, pues Conaf es una corporación privada que administra fondos públicos, pero no es propiamente una institución pública", explica Flavia Liberona.

Mientras la Conaf tenga carácter privado, no se podrá resolver ese impedimento legal. Por tanto, hoy el sector forestal enfrenta dos problemas, uno es el de la institucionalidad pública y otro el del Decreto Ley 701. Además, está el tema de la institucionalidad ambiental y herramientas como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.
Casi al término del gobierno de Michelle Bachelet, en enero de 2010, se aprobó la Reforma a la Institucionalidad Forestal, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, y la Superintendencia Ambiental. Las dos primeras empezaron a operar en la gestión de Piñera.

El problema es que ambas habrían empezado a funcionar sin sus respectivos reglamentos.
"Tanto el ministerio como SEA comenzaron a funcionar sin que se hubiesen dictado los reglamentos de la ley, situación que persiste hasta hoy", explica Liberona. Para salir del paso, el Servicio de Evaluación Ambiental comenzó a utilizar su antiguo reglamento, el SEIA, lo que ha causado confusiones al sector.

"Este no es un reglamento simple que permita entender y apoyar la regulación del proceso de calificación ambiental de un proyecto, por ello lo más probable es que una vez promulgado resulte de extrema dificultad poder implementarlo. Esto que ocurre con el reglamento no es extraño, pues se debe recordar que la reforma a la institucionalidad ambiental, en su segundo trámite legislativo, fue tramitada en forma extremadamente rápida, sin el debido análisis que requerían los cambios. Su aprobación fue posible gracias a un acuerdo político entre el gobierno de Bachelet y los entonces senadores de la Alianza y hoy ministros de gobierno (Allamand y Longueira)", dice Liberona.
Tras la decisión habrían quedado 1.350 indicaciones presentadas por diecisiete senadores, sin resolver.
Quizás una ley de fomento forestal moderna, que incorpore estos temas en un proyecto macro, que integre a empresarios, pequeños productores y comunidades nativas, y permita tener una ley definitiva que no tenga que estarse prorrogando, sería la solución.
Proyectos aprobados

Una ley de abigeato que está en segundo trámite constitucional en el Senado, una ley que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de agua, la creación del sistema nacional de certificación de orgánicos, la modificación de la ley que amplia de dos a cuatro años las salvaguardias, un proyecto que endurece las sanciones a quienes estén involucrados en incendios forestales, son algunos de las iniciativas que avanzan bajo el alero del Minagri. De paso, fuentes de la institución recalcan que no comparten la visión de que los proyectos no avanzan y enfatizan en las buenas perspectivas para que éstos sean aprobados. Por Martina Salvo de Oliveira.

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