5 de junio, el medio ambiente se toma la agenda pública

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en el blog de la Tercera el 5 de junio 2012, con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.


Desde 1973 cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, instaurado por Naciones Unidas como una forma de sensibilizar a la opinión mundial sobre temáticas ambientales, así como para intensificar la atención y acción política. A casi 40 años desde la instauración de esta fecha, el mundo y Chile han cambiado, los temas ambientales han ido ocupando cada vez más espacio en la prensa, y en las agendas de los gobiernos y de las empresas. Lamentablemente, esto no ha significado cambios relevantes en las políticas públicas.

En lo que respecta a nuestro país, desde que asumió el gobierno de Sebastian Piñera hemos sido testigos y actores de un estallido social, en el cual el tema ambiental es recurrente: manifestaciones por Barrancones, Campiche, Castilla, HidroAysén, Los Robles, Alto Maipo, Pacifico, Patache, Rio Cuervo, Isla Riesco, Pichidegua y tantos otros temas.

Sin ir más lejos, en los últimos días, dos temas con fuerte componente ambiental han marcado la agenda: la situación de Freirina con la planta Agrosuper y el “Colbunazo”, relativo al proyecto HidroAysén. Estos son síntomas claros de que el sistema no da para más, pues por una parte la ciudadanía está cada vez más indignada y reclamando por sus derechos, por otro el gobierno hace la vista gorda hasta que la situación se torna critica, y finalmente los empresarios demandan al gobierno que se haga cargo de la situación e intenta convencernos que sus proyectos benefician al país.

Pero en todo esto, de política pública hay poco nuevo que decir, excepto que estamos llegando a un punto en el que la situación del país es cada vez más insostenible y es necesario buscar una salida.  Demás está decir que la institucionalidad ambiental del país a estas alturas resulta insuficiente; simplemente, es incapaz de resguardar el medio ambiente, y prueba de ello es la nula capacidad de fiscalización a proyectos como Agrosuper en Freirina. Tampoco es capaz de dar confianza a la ciudadanía en los procesos de calificación ambiental de proyectos y por ello la proliferación de reclamaciones administrativas, las manifestaciones públicas y los juicios que suman y siguen.

Sin embargo, los grandes empresarios al parecer viven otra realidad, pues reiteradamente culpan a los ambientalistas de la creciente conflictividad, negándose de plano a asumir sus responsabilidades y a discutir y analizar los problemas que presenta el sistema, asumiendo que lo único importante es seguir ejecutando sus proyectos con el mínimo resguardo ambiental y  socializando los impactos negativos, para que los asuma la sociedad en su conjunto. Por si esto fuera poco, Colbún se atreve a poner al gobierno en una posición incómoda al demandarle que le de garantías para ejecutar el proyecto HidroAysén.

Pero todo tiene su límite, la opinión pública mundial y nacional ya tiene conciencia  que las temáticas ambientales tienen directa relación y afectan su calidad de vida. Ahora lo que falta es que los gobiernos y en particular el de Chile, asuma que tiene que cumplir el papel que se le ha encomendado, que no puede ni debe gobernar para un sector, mientras que los empresarios –o al menos algunos de ellos– deberían salir de su estrecha mirada y hacer propuestas distintas al país. No demos olvidar que en  relación al medio ambiente y políticas públicas, no todos tenemos las mimas responsabilidades, no todos contaminamos lo mismo, no todos depredamos lo mismo, no todos consumimos lo mismo. Es decir, existen responsabilidades diferenciadas y es rol del estado establecer un equilibrio al respecto, a través de regulaciones, normativas y fiscalización.

Pero como está claro que la institucionalidad actual no está a la altura de  las circunstancias,  es hora de plantearse una nueva reforma a la institucionalidad ambiental, pero esta vez una de verdad, que solucione los temas de fondo que la aprobada reforma de 2010 ni siquiera hizo el intento de abordar. Es de esperar que no tengamos que seguir esperando hasta que la situación se torne inmanejable para ver cambios de fondo, y que tentamos gobiernos y empresarios comprometidos y responsables con los ecosistemas, el medio ambiente y las personas.

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