La decisión del MOP que dejaría sin agua crucial embalse en la V Región

En favor de Colbún. Inexplicablemente cuatro meses después de que el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, asistieran al inicio de las obras del embalse Chacrillas, el director de la DGA, Matías Desmadryl, firmó una resolución entregando derechos de agua a una filial de la empresa del grupo Matte que harían inviable la iniciativa fiscal. Hace una semana, regantes, vecinos y empresarios se enteraron de la noticia y están en pie de guerra ante la situación, que tiene en jaque la apuesta estatal que venía a auxiliar una zona con un histórico déficit hídrico. El Mostrador, 12 de junio 2012.


Una bomba atómica. Así describe el alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes, el remezón que vivieron los asistentes a una reunión el pasado martes 5 de junio en la que regantes de la zona, autoridades y empresarios se enteraron que una decisión del Estado podría hacer inviable  el primer embalse de regadío en la V Región: Chacrillas.

La obra, financiada por el fisco y con un costo de más de 60 millones de dólares, es la niña mimada de los proyectos hídricos de la zona,  fuertemente afectada por la sequía y con un histórico déficit hídrico. En agosto, el propio Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne,  asistieron al inicio de la construcción del embalse, que según palabras del actual presidenciable, beneficiaría no sólo a los 3.500 regantes de la zona, sino que a los 60 mil habitantes que tienen las comunas de Putaendo y San Felipe.

Pero el futuro del embalse Chacrillas es incierto. Paradojalmente, debido a una resolución emanada cuatro meses después del inicio de su construcción…desde el propio MOP.

Los derechos de agua de Colbún

La reunión del martes pasado, convocada por la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, tenía dos objetivos: cerrar un convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP para el ensanchamiento del tubo de salida del embalse Chacrillas y firmar un millonario contrato con la empresa Gestión de Proyectos Eléctricos (GPE), de “uso de aguas”, para la construcción de dos centrales hidroeléctricas.

Entre los asistentes a la cita se encontraban el alcalde Guillermo Reyes, la directiva de la Junta de Vigilancia, representantes de GPE, el director regional de la Dirección General de Aguas (DGA), Nicolás Ureta, el director regional de Obras Hidráulicas, Cristián Veliz y la gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Boffa.

El tono de la reunión cambió abruptamente cuando saltó al tapete una Resolución firmada por el Director General de Aguas, Matías Desmadryl el pasado 14 de diciembre, constituyendo derechos de agua no consuntivos a favor de la Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A., filial de Colbún, de la familia Matte, en el Río Rocín. Derechos que la compañía venía solicitando desde mediados de los 90.

Según explica el presidente de la Junta de Vigilancia, Miguel Vega, “quedamos todos consternados”. Y agrega que “con esta decisión tenemos un problema grande, porque hemos visto conculcados nuestros derechos de agua para llenar el embalse. La DGA no tomó en consideración derechos que tenemos para ese embalse y se los otorgó sin previo aviso a Guardia Vieja”.

En términos simples, explica Vega, el embalse se hace inviable. “Se están otorgando 5 metros cúbicos por segundo a Guardia Vieja en base a un estudio de la DGA del año 2004. Pero estos últimos años tenemos en promedio 2,5 a 4 metros cúbicos por segundo de caudal en el río, por lo que la empresa Colbún se estaría llevando más metros cúbicos de agua de los que hay disponibles. En la práctica, el embalse tendría agua en años con abundancia hídrica, lo que no pasa desde hace cinco años. Y vemos que cada vez llueve menos”.

El alcalde Reyes, en tanto, señala en una carta enviada a los parlamentarios de la zona, que los puntos de captación y restitución de agua definidos en la resolución “vienen a generar un bypass que impide, por la cantidad de metros cúbicos solicitados, el llenado del embalse”.

Reyes asegura que “nos enteramos de todo esto de una manera vergonzosa. Y entendemos que la DGA lo sabía desde diciembre, así que la gente del MOP estaba enterada. Por eso nos alteramos y fustigamos”.

En vista de este panorama los acuerdos que se alcanzarían durante la reunión tuvieron que suspenderse hasta aclarar la situación.

Decisión inexplicable

Fuentes del sector no ven explicación a lo sucedido. “La explicación más lógica es que fue derechamente un condoro”. Entre otras cosas, porque, aseguran  “la DGA tenía la oportunidad, en vez de otorgar los derechos a Guardia Vieja, de hacer uso de la facultad de reserva que contempla el artículo 147 bis del código de aguas, es decir, limitar los derechos solicitados por Guardia Vieja, “por circunstancias excepcionales y de interés nacional”. Facultad que está radicada en el ministro Golborne y que, por ejemplo, usó  (Sergio) Bitar para reservar las aguas del Río Cochamó. ¿Por qué Golborne no usó esa facultad? ¿Se les olvidó? Con eso, se habría resuelto todo”.

Por otra parte, Miguel Vega relata que “le habíamos hecho seguimiento a Guardia Vieja y habíamos mantenido reuniones con Desmadryl, que nos había dicho que los derechos de agua solicitados habían sido rechazados. Le pregunté directamente qué pasaba luego y me dijo que la empresa tenía 30 días para apelar en la Corte de Apelaciones, y luego de ese período nos dijeron que no lo habían hecho por lo que nos quedamos tranquilos. No tuvimos ni exigimos documentos porque estábamos hablando con el director nacional. Así que nos confiamos y luego nos enteramos de todo esto”.

Pese a que este medio realizó estas y otras interrogantes al MOP y la DGA no obtuvo respuesta.

Las autoridades han bajado el perfil al asunto. La gobernadora Patricia Boffa, ha señalado públicamente que “la construcción de la obra no está en riesgo”.

Para este martes se espera una reunión informativa a la que, según un comunicado enviado por la gobernación, asistiría Desmadryl.

Reyes es escéptico. “Estamos viviendo un momento de angustia, de crisis en todo el pueblo. Pero creo que este martes no van a tener ninguna respuesta válida, porque el acto administrativo que provocó todo esto se hizo con un director nacional con facultades mentales aptas y ya está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Putaendo”.

 

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