Gobierno unificará criterios para aplicación de convenio indígena en proyectos mineros

La cartera reconoce que hay un vacío y afirma que buscan ordenar debate para reducir arbitrariedad.  
 
Inversiones por unos US$ 10 mil millones están detenidas en el sector minero, producto del cuestionamiento que han sufrido los proyectos respecto a la aplicación del convenio OIT 169. Este define la obligación de consultar a las comunidades indígenas cuando pueden ser afectadas por una inversión.

En el Ministerio de Minería están preocupados por esta situación. Para evitar que se produzcan nuevas paralizaciones, la cartera se está coordinando con otros ministerios y con las empresas privadas del sector para tener un lenguaje común a la hora de tratar el convenio indígena dentro del trámite ambiental de las iniciativas.

“Hay un vacío y la práctica va a ayudar a cómo llevar a cabo y consensuar los criterios que se aplican al convenio 169. Lo grave sería que el convenio se aplicara por un tema ideológico o político y no técnico o no acordado por las partes. Lo que nos interesa es que los proyectos salgan”, dijo el subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Agregó que este año se ha dado un trabajo más coordinado entre Justicia, Medio Ambiente, Desarrollo Social -de donde depende la Conadi- y Minería, por lo que afirma, el conflicto que se está generando en las iniciativas por las consultas a las comunidades indígenas “no es un tema que nos haya sorprendido ni que nos haya pillado desprevenidos”.

Wagner reconoce que existe un problema de interpretación en la aplicación del OIT 169 y que si bien este ha sido un tema que se estaba analizando desde 2010, el debate tomó más fuerza este año. Esto, porque a fines de mayo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, y donde está Agricultura, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo Social, aprobó el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental.

El documento contiene, además, guías metodológicas y prácticas para la aplicación, análisis y desenvolvimiento del convenio en sus distintas consultas. “Este es un buen primer paso, porque permitirá direccionar y coordinar las distintas acciones relacionadas con el convenio OIT 169”, dijo.

Objetivizar discusión

Agregó que el origen del problema es “la interpretación de cuántas consultas se deberían haber incluido y de a quiénes se debería haber consultado. Ahí hay una disputa de interpretación respecto de la aplicación de esto y de las competencias del Poder Judicial y el Ejecutivo”, explicó.

Un factor clave en ordenar la discusión la tendrán los tribunales ambientales.

Wagner explicó que esta instancia, que está dentro de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, va a objetivizar la discusión. “Será un tribunal especializado y cualquier sala de la Corte Suprema va a tomar razón de lo que ellos están diciendo. Tengo la esperanza de que eso ayude a que el debate sea mucho más especialista y técnico y se vaya acotando respecto de cómo se interpreta la ley”, dijo.

Paralelo a esto, Minería trabaja con las empresas en seminarios y talleres prácticos con comunidades y privados. “Esto, para que en conjunto podamos analizar la forma de aplicar el OIT 169”, dijo. Aclaró que están buscando ordenar el debate. “De manera que haya menos arbitrariedad o especulación de cómo se debiese resolver la aplicación de este convenio”, señaló.  
 
 
Vacío legal: "El origen del problema es la interpretación de cuánto se debería haber incluido y de a quiénes se les debería haber consultado, y hay una disputa de interpretación respecto de la aplicación de esto y de las competencias del Poder Judicial y el Ejecutivo", sostiene Pablo Wagner.

Tribunal ambiental: Ayudará a objetizar y ordenarla discusión. Pablo Wagner explico que este será un tribunal especializado y técnico y que las salas de la Corte Suprema tomarán razón de sus conclusiones. "Ellos vana entender la jurisprudencia de los conflictos", dijo.

10 mil millones de dólares suman los proyectos mineros que han sido paralizados en su trae citación ambiental por problemas con el convenio 169. Se trata de El Morro y de Quebrada Blanca 2.