Gobierno lanza hoy carretera eléctrica e industria discrepa de contenidos del proyecto

Entre otras cosas, critican que el presidente de la República intervenga en forma temprana aprobando o rechazando el trazado propuesto por el consultor. Diario Financiero, 30 de agosto de 2012.

Entre otras cosas, critican que el presidente de la República intervenga en forma temprana aprobando o rechazando el trazado propuesto por el consultor. Diario Financiero, 30 de agosto de 2012.


La esperada carretera eléctrica finalmente se revelará hoy. El Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto, que ahora comenzará su trámite legislativo. En tanto, actores del sector eléctrico que conocieron durante los últimos días el documento que se enviará revelan sus críticas:
A la industria le llama la atención que se utilice la transmisión como un mecanismo de fomento a las ERNC. “El objetivo podrá ser noble, pero el instrumento elegido es tremendamente ineficiente”, aseguran altos ejecutivos del sector. Ello, porque “impide que operen las señales de precio que finalmente permiten lograr la eficiencia económica. Si se quiere apoyar ese tipo de energías, son mucho mejores los subsidios directos, con su partida presupuestaria, que se discutirá en el Congreso”, agrega un consultor. Así, por un lado el país no pierde competitividad, y por otro se explicita el costo de esa preferencia. El proyecto actual socializa los costos sin explicitarlos y además empeora la competitividad de la matriz energética, enfatizan.
En segundo lugar, en la página 6 se hace referencia a que Chile, “al ser exportador, requiere que sus productos contengan una huella de carbono aceptada por los países importadores, lo que se constituirá en un elemento de diferenciación para el país”, indica el texto de 31 páginas. Los expertos dicen que sin duda se trata de una meta loable, y Chile debe aportar al desafío global de reducción de gases de efecto invernadero. “Sin embargo, el legislador repite una creencia popular sin base científica alguna. La huella de carbono de la matriz energética nacional es muchísimo más baja que la de los propios países destino de nuestras exportaciones. Los mercados de destino de nuestros productos no han impuesto ninguna restricción de este tipo. Adicionalmente, reducir la huella de carbono por esta vía es arbitrario e ineficiente”, dicen. Por ello, aseguran que es infinitamente más eficiente dejar que opere el mercado de bonos de carbono. Así, el sobrecosto lo pagan sólo los que lo necesitan y no el 100% de los consumidores.
Otros cuestionamientos

Otra de las críticas apunta a que en la página 11 se dice que “el proyecto de ley busca viabilizar potenciales zonas de generación cuya explotación sea beneficiosa para el país”, reza el proyecto al que tuvo acceso Diario Financiero. 
La duda de un ejecutivo de una empresa generadora es cómo sabemos quién y cómo se determina qué es beneficioso para el país.
En la página 14 se “crea un Comité Interministerial que será la contraparte técnica del consultor que se adjudicó” el proyecto de trazado de una línea. Para los expertos, estos comités han demostrado ser una mala institucionalidad en temas polémicos en que el interés público se contrapone al particular de algunos grupos. “Es cosa de ver lo que ha pasado con los proyectos energéticos recientemente aprobados, desaprobados, re-aprobados y vueltos a rechazar. Los plazos no se cumplen, las aprobaciones no llegan nunca”, dicen en el sector. De ser indispensable la existencia de este comité, aseguran, es fundamental contar con regulación explícita de silencio administrativo e imponer plazos breves a su actuar, lo que podría hacerse en el reglamento.
También argumentan que en el comité hace falta un representante de Economía, que vele por la competitividad y la racionalidad económica de las soluciones planteadas.
También critican que en la página 16 se adjudique al presidente de la República la aprobación del trazado. “¿Qué es esto? Totalmente innecesario en una materia eminentemente técnica. El presidente siempre puede intervenir en última instancia, es absurdo incorporarlo al procedimiento básico. Nuevamente, esto atenta en contra de los plazos (son al menos 30 días más si el presidente no pide cambios, aún más si los pide o si no se explicita una regulación de silencio administrativo) e introduce mayor incertidumbre jurídica”, advierte un consultor.

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