Proyectos termoeléctricos emblemáticos vivieron su “Martes Negro” en los Tribunales

El primero de los casos tiene relación con la Central Termoeléctrica Pirquenes que se pretende emplazar a unos 45 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de Concepción, en la comuna de Arauco, y cuya vida útil es de 30 años según la Declaración de Impacto Ambiental.

La Corte de Apelaciones de Concepción, acogió una serie de recursos de protección presentados por distintas organizaciones en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-Bío por calificar favorablemente el proyecto, anulando y dejando sin efecto dicha resolución.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada estimó que “fue arbitrario e ilegal aprobarlo sin la debida fundamentación legal”.

Lo anterior, “ya que no se ha dado cumplimiento a la debida fundamentación de la decisión de los votantes integrantes de la ella, exigida por la legislación ya referida, apareciendo como una actuación desprovista de sustento, en que no se dan los fundamentos que avalen, expliquen y legitimen la decisión adoptada, lo que la convierte además, en arbitraria, expresión de la sola voluntad de los votantes”, según sentencia el fallo.

Tras esta resolución judicial, desde el Gobierno se defendieron a través del Seremi de Gobierno del Bío Bío, Óscar Aliaga, que aseguró que los secretarios ministeriales que dieron su apoyo a la iniciativa, respetaron las normas establecidas en los procesos de evaluación ambiental.

Uno de los propietarios del polémico proyecto termoeléctrico, Rodrigo Danus, descartó realizar un Estudio de Impacto Ambiental y adelantó que estudian apelar al fallo judicial que anuló la aprobación de la central, aunque también deslizó la posibilidad de no continuar adelante con la iniciativa que lleva en conjunto con el empresario Paul Fontaine Benavides.

A Pirquenes se le sumó además la Central Termoeléctrica Castilla y Puerto Castilla, que se pretende construir en la región de Atacama, cuyas obras fueron paralizadas luego que la Sala Constitucional de la Corte Suprema acogiera los recursos de protección que presentaron vecinos y pescadores del sector de El Totoral en contra del mega proyecto energético.

Los ministros Sergio Muñoz, Carlos Kunsemuller, Guillermo Silva, Rosa Egnem y Juan Escobar acogieron las acciones cautelares en contra de esta iniciativa energética que pretendía producir 2.700 megawatts de electricidad, y que contemplaba una inversión de la empresa MPX -propiedad del empresario brasileño Eike Baptista- que tenía un costo de aproximadamente 5 mil millones de dólares.

De acuerdo a lo argumentado en el fallo, los proyectos se presentaron de forma separada siendo que éstos debieron ser entregados de manera conjunta para su posterior análisis en la evaluación ambiental, lo que a juicio de los magistrados incluso “vulnera la ley”.

Ambas decisiones de la Justicia fueron valoradas, tanto por los vecinos que se verán afectados, junto con organizaciones ambientales, quienes celebraron lo que calificaron como el “triunfo de la dignidad de un pueblo ante poder económico”.

“Este es un triunfo de la dignidad de un pueblo por sobre el poder de un grupo económico que pensó que con malas prácticas podía aprobar un proyecto que en nada beneficia a la comunidad local y al país”, se indicó desde Oceana.

No obstante, este último fallo podría traer consigo consecuencias hacia otro de los proyectos energéticos polémicos que se impulsa en el sur del país: HidroAysén.

Esto último, puesto que la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema podría marcar un precedente en relación a la aprobación de proyectos en su conjunto y no por separado, tal como lo el megaproyecto de represas austral pretende, al no adjuntar las líneas de transmisión a la iniciativa, que por ahora permanece “congelado” a la espera de la definición del Gobierno respecto a la “carretera eléctrica”, lo que deberá ser dilucidado este viernes cuando el ministro Jorge Bunster entregue la “Estrategia Nacional de Energía” al presidente Piñera.