Tribunales Ambientales permitirán que la Superintendencia mejore fiscalización y sanción

El subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, abogado de la Universidad Católica (diplomado en Derecho de los Recursos Naturales en la misma casa de estudios y LL.M en Mineral Law Policy de Dundee University, Escocia) analiza el impacto de los tribunales ambientales que se estrenarán el próximo 28 de diciembre en nuestro país. Estrategia, 28 de agosto 2012.
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— ¿Cómo va el proceso de postulación para integrar el primer tribunal ambiental?
—El concurso público para proveer los cargos de ministros del Tribunal Ambiental de Santiago acaba de cerrar su proceso de postulación el 13 de agosto, se hace a través de la Alta Dirección Pública (ADP), y nos han indicado que habrían postulado más de 215 candidatos.

Luego de un proceso de selección, la ADP elaborará las nóminas de seis a ocho candidatos, lista que luego enviará a la Corte Suprema. La Corte debe proponer quinas al Presidente de la República, quien nombra, con acuerdo de tres quintos del Senado, a los tres ministros titulares y a los dos ministros suplentes.

—¿Hubo mucho interés para participar en esta nueva institucionalidad?
—Hubo bastante interés. El tema ambiental, desde hace un tiempo, ha tomado mucha relevancia y hay gente que se ha preparado en estas materias. Hace unos días empezaron los concursos para los tribunales de Antofagasta y Valdivia, que esperamos tengan también gran convocatoria.

—¿Cómo se constituirán los tribunales en cuanto a número de integrantes? ¿En todas las regiones tendrán igual cantidad?
—Será el mismo número de integrantes en cada región. Cada Tribunal Ambiental estará integrado por tres ministros. Dos de ellos deberán ser abogados y tener experiencia profesional de, a lo menos, 10 años de especialidad en materias de Derecho Administrativo o Ambiental. El tercero será un licenciado en Ciencias con especialización en materias medioambientales y 10 años de ejercicio profesional.

Cada Tribunal tendrá, además, dos ministros suplentes que deberán tener ocho años de ejercicio profesional y haberse destacado en la actividad profesional o académica especializada en materias ambientales. En el caso del abogado, podrá tener especialización en materias de Derecho Administrativo.

—¿Cuándo parte el tribunal de Santiago y cuáles son las expectativas en cuanto a su impacto en el sistema?
—Parte el 28 de diciembre. Lo importante es que la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales permitirá que la Superintendencia del Medio Ambiente ejerza a cabalidad sus facultades de fiscalización y sanción con lo que, por supuesto, cambiará muchísimo el escenario.

— ¿Agilizarán los procesos administrativos de calificación de proyectos?
—Los procedimientos se han diseñado para ser breves y expeditos. Con ello creemos que podrían agilizarse algunos plazos para tener definiciones sobre proyectos, las que podrán o no ser favorables.

Es importante destacar que se trata de jueces especializados en temáticas ambientales, quienes decidirán con criterios técnicos frente a cada proyecto.

Estos tribunales se complementan con la elaboración del nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya propuesta fue recientemente aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que entregará las herramientas necesarias a los titulares de proyectos, organismos públicos y a la ciudadanía, para llevar a cabo una evaluación ambiental más técnica.

Esas reglas claras, sin duda, permitirán que los titulares entreguen mejores declaraciones y estudios de impacto ambiental, así como también que la ciudadanía participe debidamente en los procesos de consulta pública. Ello, evidentemente incide en la mejora de los plazos.

—¿En qué áreas se concentra el mayor número de casos que deben ir a la justicia por controversias ambientales?
—Según los datos disponibles, es en los proyectos del sector energético, minero y de saneamiento ambiental.

—¿Existe legislación comparada de la eficacia de estos entes y qué podría esperarse en Chile de su aplicación?
—Nos sumaremos a los más de 40 países que cuentan con tribunales ambientales, concretando así el principio 10 de la Declaración de Río del año 1992 sobre acceso a la justicia ambiental. Con todo, en cada país la regulación es distinta, por lo que no es posible hacer comparaciones muy exactas. Pero sí es claro que es la tendencia mundial tener tribunales ambientales o un órgano equivalente.

—¿Cuál es la meta del gobierno con esta modernización?
—La meta del gobierno con esta acción es instalar la nueva institucionalidad ambiental y brindarle a Chile la justicia ambiental que merece. Los tribunales ambientales serán el órgano especializado que resolverá las controversias ambientales que se generen en el país. Son tribunales contenciosos administrativos que llevarán un control jurisdiccional especializado no sólo de las decisiones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sino que también de la acción o inacción de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como de las causas por daño ambiental.