Gobierno revisará si SQM transgredió bases de licitación para explotar litio

La adjudicación del proceso de licitación para producir hasta 100 mil toneladas de litio en un plazo de 20 años a SQM sigue sumando complicaciones. A los reclamos de parlamentarios de oposición que acusan ilegalidades en la entrega a privados de la explotación del mineral se sumaron ahora cuestionamientos a la licitación que ganó SQM y el cumplimiento de las bases de licitación.

Una de las empresas que compitieron con SQM en la licitación hizo llegar ayer un escrito al subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien presidió el Consejo Especial de Licitación (CEL). La presentación solicitó la descalificación de SQM, porque la firma chilena mantiene una serie de litigios contra el Fisco, entre ellos uno contra la Dirección General de Aguas, lo que, a juicio de la reclamante, transgrede el requisito estipulado en el anexo A8 de las Bases de Licitación, que exigió a los participantes firmar declaraciones juradas de no tener impedimentos para participar en la licitación. “No tiene litigios pendientes con el Estado de Chile”, dice la letra C del texto notarial.

Ante este reclamo -y la repercusión pública del caso-, el ministerio revisará si SQM cumplió con este requisito. Así lo indicó el subsecretario Wagner: “Haremos las consultas correspondientes para comprobar que la información que la empresa entregó cuando participó en el proceso es real”. ¿Podría invalidar al ganador? Wagner indicó que “eso depende de cómo se interprete en tribunales. Pero la empresa ha reiterado en dos oportunidades por escrito que no hay juicios contra el Estado”, recalcó.

Para el gobierno existe una distinción, que están analizando. “Es distinto un litigio contra el Fisco que contra el Estado”, dijo Wagner. Sin embargo, abogados consultados sostienen que no existe una clara distinción, ya que el Estado es más amplio que el Fisco. Además, sostienen que cuando existe una demanda contra una repartición pública es el Consejo de Defensa del Estado (CDE) la entidad encargada de la defensa.

Entre las causas vigentes está una demanda de constitución de servidumbre legal minera que SQM interpuso en marzo de este año con la finalidad de explotar nuevas áreas de caliche en el sector de Pampa del Tamarugal.

La compañía, además, mantiene otra demanda contra el Fisco, interpuesta en junio de 2010, en el mismo tribunal, por servidumbres mineras para instalar puntos de monitoreo de los acuíferos de la Pampa del Tamarugal.

Fuentes de gobierno confirmaron que existen otras acciones pendientes, iniciadas por SQM, contra la Dirección General de Aguas (DGA).

La compañía declinó referirse a estos temas. Sin embargo, en el gobierno dicen que la posición que ha planteado SQM es que estos juicios no constituirían litigios contra el Estado de Chile.

En el Ejecutivo, sin embargo, entienden que deberá ser un tercero -y no el Ministerio de Minería- quien deberá resolver si la licitación es válida. Entre las opciones están los tribunales, el CDE o la Contraloría de la República.

Para Francisco Javier Errázuriz Ovalle, presidente de sociedad legal minera NX Uno de Peine, empresa que ofertó el menor monto en el proceso de licitación, el gobierno debería declarar nula la licitación y comenzar un nuevo proceso “transparente y de consenso con el Parlamento y la ciudadanía”.

SQM ya fue notificada como la empresa ganadora; tiene 10 días para pagar US$ 40 millones y dos meses para firmar el contrato.