La Ministra Benitez y su rol
Columna de opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, en blog de La Tercera, el 11 de septiembre 2012.;
Las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benitez, respecto del fallo de la Corte Suprema sobre la el Puerto y la Central Termoeléctrica Castilla, han desatado la polémica, pues la autoridad cuestiona a los jueces supremos. Lo más complejo es que la ministra representa a un ente técnico que es parte de un poder del Estado, pero su cargo es político, pues ella es una autoridad política de confianza del Presidente de la República –que además la respaldó explícitamente en este caso-, por tanto su juicio sobre el accionar del Poder Judicial también cae en esta categoría.
En este caso, la Ministra Benítez cuestionó el fallo supremo que echó por tierra dos proyectos que sin duda de materializarse generaría graves impactos ambientales en el área de emplazamiento. Según la ley ambiental, el Ministerio es el encargado de “colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su regulación normativa”; el ministro de Medio Ambiente debe cumplir con esta misión, así como con todas las funciones que la ley en su artículo N° 70 le encomienda al Ministerio. Lo cierto es que con sus declaraciones, la citada funcionaria, más que cumplir con la misión encomendada por ley, parece estar defendiendo la forma en que se ha aplicado la misma, y de paso cómo fueron evaluados estos dos proyectos en particular.
Como sabemos, nuestra institucionalidad ambiental es extremadamente débil y poco rigurosa, y las decisiones sobre la calificación ambiental de proyectos son tomadas por autoridades que dependen y son de confianza del Presidente de la República. A nivel regional, esto lo hace la Comision de Evaluación Ambiental (CEA), compuesta por Seremis y presidida por el Intendente regional, y cuando se llega a la etapa de reclamación administrativa, la decisión la toma el Comité de Ministros, o sea, en todos los casos, personas de exclusiva confianza del Presidente. Es más, no hay nada que realmente obligue a que estas autoridades tengan que votar en consecuencia con los pronunciamientos técnicos emanados de los servicios públicos con competencia en el tema. Para ejemplificar esta situación, sobran los casos, los que muchas veces han dado pie para que quienes se sienten afectados interpongan acciones legales.
Al conocer cómo opera el sistema, es evidente que tenemos una institucionalidad ambiental débil, supeditada a ministerios de mayor rango, cuyo interés no es el cuidado del medio ambiente, y que las aprobaciones de proyectos están en manos de autoridades políticas. Por ello, no es nada extraño ver que regularmente altos ejecutivos o empresarios se reúnen o envían mensaje por la prensa al Presidente de la República en relación a proyectos específicos que están siendo evaluados ambientalmente.
Lo que hace el poder judicial en su fallo, es intentar volver las cosas a su cauce jurídico. El fallo de la Suprema revisa la legislación vigente y emite una opinión sobre cómo debe aplicarse la ley, más que sobre los proyectos del Puerto y Termoeléctrica Castilla. Lo que relevan los jueces es el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Además, hacen referencia a los principios rectores de la ley y al principio preventivo de la misma.
La Ministra no debiera cuestionar un fallo fundado en la legalidad vigente, menos aún usar como argumento para ello la forma en que opera técnicamente el sistema, en circunstancias que sabemos que éste está plagado de deficiencias y/o ausencia de normativa, y que lo que define la aprobación o rechazo de proyectos son las opiniones de autoridades políticas.
Lo que se espera de la autoridad ambiental es que defienda el derecho que tenemos todos a vivir en un medio ambiente libre de contaminacion, y que se encargue de preservar la naturaleza, también se espera que ocupe su cargo político para elevar la normativa ambiental protegiendo el patrimonio natural de Chile y mejorar los estándares de la normativa ambiental chilena. No es el rol de esta autoridad defender un sistema precario y deficiente, aduciendo que es técnico; esto constituye un grave error político que sólo da cuenta de la insuficiente institucionalidad ambiental con que cuenta el país.