La otra sequía: 2012 sin centrales generadoras en trámite ambiental

Este año 2012 está marcando un hito en cuando a desarrollo de proyectos eléctricos. El problema es que no se trata precisamente un hito positivo.

Durante los primeros nueve meses del año, ninguna iniciativa de generación eléctrica convencional (hidroeléctrica de gran tamaño o termoeléctrica a carbón o gas natural) ha ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), en una sequía que viene desde 2011 y que se relaciona con la falta de proyectos que está evidenciando el sector energético.

Por el contrario, las grandes iniciativas que estuvieron en evaluación y que ingresaron entre 2007 a 2010, ya están todas evaluadas, ya sea a favor (como el caso de Castilla o Hidroaysén, que luego han enfrentado otras trabas) o rechazadas, como Punta Alcalde, que será calificada por el Consejo de Ministros hacia fines de año.

Las unidades que sí inundan el SEA son centrales eólicas, de geotermia o solares (fotovoltaica o termosolar), que pese a que en muchos casos logran el visto bueno de la autoridad ambiental y el consiguiente permiso para iniciar obras, en la práctica muchas de ellas no logran partir por falta de financiamiento, dado que no pueden firmar contratos con grandes clientes.

Según el gerente general de Generadoras de Chile, René Muga (ver entrevista), esto no significa que las empresas no estén desarrollando proyectos, pues siempre se están diseñando nuevas iniciativas para ejecutarlas en el futuro.

Sin embargo, también es un hecho que está afectando la incertidumbre jurídica que hoy vive el sector eléctrico, tanto en generación como en transmisión, con judicialización creciente y trabas para la obtención de permisos sectoriales.

Si bien, el Servicio de Evaluación Ambiental no genera ningún catastro de inversión, sí entrega señales sobre los movimientos que están emprendiendo las empresas. Bajo esa lógica, se entiende que las empresas están mucho más cautas.

Según un reporte de la consultora Systep, la judicialización está golpeando no sólo a las compañías, sino que también a la institucionalidad ambiental, que todavía no termina de consolidarse. "Es claro que los procesos judiciales recientes, vía recursos de protección contra aprobaciones ambientales, están impactando el desarrollo de la nueva institucionalidad ambiental, aún no del todo consolidada. La futura creación de los Tribunales Ambientales y de la Superintendencia del Medio Ambiente, junto con la promulgación del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, debieran ayudar, con sólidas bases técnicas, a resolver los conflictos ambientales, en rigor apoyando el accionar de la Corte Suprema, cuando le corresponda intervenir", explica la consultora, apropósito de la polémica suscitada tras el portazo de la Suprema a Castilla. Según agregan en Systep, el problema de fondo, así como la solución, no es técnica ni económica, sino política. "La solución a la conflictividad pasa por crear mecanismos efectivos de participación ciudadana", se plantea.