Termoeléctrica Castilla, un análisis necesario en Chile

Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Terram, publicada en América Economía.com 31 agosto 2012.

El reciente fallo de la Corte Suprema ha desatado una ola de declaraciones provenientes del gobierno y de diversos personeros ligados al gran empresariado eléctrico y minero.

En éstas se transmite gran preocupación en relación a la disponibilidad eléctrica futura, así como sobre la dificultad para materializar proyectos mineros programados para los próximos años en la región de Atacama, a lo que se suma el anuncio de alzas en los costos de la electricidad.

Pero mas allá de estas declaraciones que transmiten la inquietud de un sector, y en las que se señala en forma velada que este fallo supuestamente pondría en cuestión el desarrollo futuro del país, poco o nada aportan en reflexionar sobre las razones de fondo que llevan a esta situación.

Lo cierto es que en materia eléctrica son las empresas quienes deciden cuándo, cómo, dónde y con qué tecnología instalan sus proyectos, el gobierno carece de instrumentos regulatorios que permitan una adecuada planificación de los mismos. Básicamente la generación, trasmisión y distribución eléctrica está entregada al sector privado y se rige por las reglas del mercado, donde el Estado tiene un rol marginal. Es así como ha operado el sistema eléctrico por muchos años, sin que los empresarios reclamaran.

Por otra parte la regulación ambiental chilena es bastante poco exigente, sin embargo en su artículo 10 define los tipos de proyectos que deben ingresar a evaluación ambiental, entre los que están los puertos y los proyectos de generación eléctrica de más de 3 MW.

Sin embargo el proceso de evaluación ambiental presenta una serie vacios que permiten que las empresas utilicen ciertos espacios de discrecionalidad que deja la ley, como por ejemplo evaluar por separado componentes de un mismo proyecto. Esto tiene al menos dos dificultades: por una parte no se evalúan en forma conjunta los efectos/impactos que provoca un cierto emprendimiento industrial, y por otra al dividir un proyecto en partes y presentarlo en distintos tempos a evaluación ambiental, se elude la calificación conjunta y a la vez se presiona para que una vez aprobado un componente se apruebe el otro.

De esto hay varios ejemplos que han salido a la luz pública en estos días, siendo los más emblemáticos HydroAysén, Mina Inverno en Isla Riesco y por supuesto Castilla, situación que se torna más compleja cuando se sabe que los encargados de dirimir sobre la aprobación o rechazo ambiental de un proyecto, son funcionarios públicos de confianza del presidente de la Republica de turno.

Esta es la razón por la cual los empresarios que enfrentan algún problema o dificultad en la aprobación de sus proyectos concurren directamente a La Moneda para hablar con el jefe de Estado, tal como lo hizo Eike Batista dueño de la termoelectrica y puerto de Castilla.

El fallo unánime de la Corte Suprema marca un precedente y probablemente un cambio en materia ambiental, eléctrica y de derechos ciudadanos, que debe ser motivo de análisis. Por una parte lo que los jueces supremos le están diciendo a las empresas, el gobierno y en general al país, es que los ciudadanos tenemos derechos constitucionales que deben ser respetados, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Por otra están dando una señal sobre cómo debe ser aplicada la ley ambiental chilena, ya que cuando un proyecto tiene más de un componente y estos conforman una unidad, pues se necesitan mutuamente para la operación del emprendimiento industrial, como es en el caso el puerto y la central térmica Castilla no pueden ser evaluados en forma separada. Además de esto asumen su independencia como uno poderes del estado al decidir invalidar la calificación ambiental de un mega proyecto eléctrico sin estar sujeto a las presiones del Ejecutivo.

Pero mas allá de este análisis, es hora de hacerse cargo de los problemas de fondo y que todos los sectores involucrados, especialmente empresarios y gobierno comprendan que el país necesita un cambio profundo en la forma y fondo de nuestras regulaciones y políticas públicas. Pues mientras las decisiones de cómo, cuándo, dónde y con qué tecnología se instalan los proyectos estén en manos de privados, sigamos sin contar con instrumentos reales de ordenamiento territorial y continúen existiendo grandes debilidades en la ley y regulaciones ambientales, el escenario no variará mucho y probablemente seguiremos acumulando conflicto sobre conflicto y fallo tras fallo, a lo que se suma la creciente desconfianza ciudadana.
Sinceramente lo que necesitamos como país, es buscar la forma de hacer coexistir el desarrollo local, el derecho de las comunidades a decidir sobre su futuro en forma informada, participativa y sin presiones, con la necesidad de establecer emprendimientos industriales que sin duda causan impactos.

Para lograr esto se necesita independencia y voluntad de las autoridades, así como disponibilidad de las empresas para asumir el desafío de respetar mejores regulaciones. Esperemos que el fallo de la Suprema contribuya a la reflexión y a señalar un camino sobre cómo debemos avanzar en política pública, pues está claro que el sector empresarial y los gobiernos de turno hasta ahora no han sido capaces de ello.