Vivienda busca agilizar aprobación de planes reguladores

Cambios en las instancias de participación ciudadana y evaluaciones ambientales lograrían reducir el plazo a la mitad.; Sólo 30% de las 345 comunas del país tiene un instrumento actualizado. El Mercurio 19 de septiembre 2012.


Por casi 20 años, Iquique ha vivido sin un plan regulador. En dos décadas, la capital de Tarapacá no ha podido consensuar un instrumento que le permita normar su crecimiento, definir la protección de su patrimonio, la extensión de vías para el transporte y el cuidado del borde costero. Consecuentemente, en el mismo lapso de tiempo, la ciudad ha duplicado su parque automotor, se ha repletado sin control de edificios costeros y su población se ha desbordado a la vecina comuna de Pozo Almonte.

La situación de Iquique bien ejemplifica los defectos del actual sistema para diseñar y aprobar planes reguladores en el país y que radica en los amplios plazos de hasta siete años que, en promedio, demoran las aprobaciones. Estos lapsos exceden los períodos alcaldicios, lo que implica que una nueva autoridad busque partir los análisis de cero.

En cifras, desde 2009, sólo nueve planes reguladores se han aprobado. Con ese ritmo, sólo el 30% de las comunas tiene un instrumento actualizado operando, otro 30% los tiene en formulación y el 40% restante simplemente no tiene plan o cuenta con uno que no responde a su realidad actual.

Con ese diagnóstico, la subcomisión de planificación que fue creada a propósito de la formulación de una nueva Política de Desarrollo Urbano propuso al Ministerio de Vivienda tres medidas clave para acelerar la aprobación de los planes y reducir su plazo de discusión a la mitad.

Entre ellas, sugieren que la instancia de participación ciudadana se dé al inicio de la discusión, para definir el plan y no en cada cambio que se le introduce a la norma, lo que -según Vivienda- entorpecería su aprobación.

"Se ha enviado al Congreso un proyecto de ley que mejora otros aspectos que hoy no están bien resueltos en los Instrumentos de Planificación Territorial (IPT). Por ejemplo la vinculación de la normativa del IPT con las inversiones en el espacio público o la correcta incorporación de los estudios de capacidad vial en la elaboración de los planes, y la formalización de la planificación por condiciones, que permite que se planifique de forma menos rígida, incorporando condiciones a los distintos usos, más que una zonificación establecida", señala Pilar Giménez, jefa de división de Desarrollo Urbano del Minvu.

La opinión la comparte Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. "La dinámica de la ciudad y su crecimiento son tan rápidos que un plan regulador no alcanza a asimilar esos cambios. Los instrumentos se deberían renovar cada cinco años y se debería fomentar un desarrollo por condiciones, para que se construyan líneas de Metro con la garantía de que se generará un desarrollo inmobiliario en torno a esa obra".

Además, entre los cambios se busca considerar la opinión de la ciudadanía en las instancias, pero no convertirla en vinculante en cada etapa del diseño, para no entorpecer su avance.

También se sugiere que la evaluación ambiental estratégica del plan se realice mientras se discute el instrumento, y no una vez que está listo.

"Hoy los planes nacen obsoletos. Se demoran siete años en promedio en aprobarse. Ahora queremos tener una mirada integral, incorporar la mirada de Vivienda, de Obras Públicas, Medio Ambiente y Transportes. Con los cambios en la evaluación ambiental y la participación ciudadana se mejora la posibilidad de que los planes sean conocidos por todos, no sean tan cuestionados como hoy y logren aprobarse de forma expedita", afirma el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez.

 Erradicación de aldeas entra en su recta final
A más de dos años y medio del terremoto, 56 campamentos para 1.700 damnificados del terremoto permanecerán en pie al término de este mes. Es decir, poco más de la mitad de los 107 que se crearon tras el 27-F para acoger a 4.400 familias afectadas por la emergencia, entre las regiones de Valparaíso y del Biobío.

Con la masiva entrega de viviendas definitivas, el Gobierno iniciará la recta final del proceso de erradicación de las denominadas "aldeas", con el objetivo de evitar que alguna de estas familias pase un cuarto invierno viviendo en mediaguas.

Para el delegado presidencial para campamentos, Felipe Kast, el avance del proceso responde al masivo inicio de obras de construcción que se registró el año pasado y que permitirá comenzar a entregar viviendas de forma masiva este año. "Tuvimos un gran hito el primer semestre en marzo, con muchas familias tomando el subsidio de arriendo. En estos dos últimos meses el proceso ha estado marcado por una gran cantidad de familias recibiendo su vivienda definitiva. Se han cerrado aldeas con mucha fuerza, con un promedio de 10 al mes, y vamos a haber cerrado 19 aldeas este mes y más de 600 familias van a haber recibido sus viviendas en septiembre", explica.

Según proyecta la Secretaría Ejecutiva de Campamentos, hacia fin de año quedarán unas 1.300 familias viviendo en aldeas. "Hay algunas variables que no controlamos. Por ejemplo, algunas familias no han querido irse en forma tan inmediata de las aldeas cuando reciben su casa definitiva y se toman un par de meses o un poco más", afirma. Por Manuel Valencia

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