Agenda pro inversión priorizará la tramitación de proyectos de energía y minería

En los próximos días el gobierno presentará la agenda pro inversión, por lo menos así se comprometió el presidente en la cena anual de la industria. El primer eje, y que tiene prioridad, es generar un cronograma de acción para los proyectos energéticos y mineros que se encuentran en tramitación en el Congreso. Pulso, 29 de octubre de 2012.

En los próximos días el gobierno presentará la agenda pro inversión, por lo menos así se comprometió el presidente en la cena anual de la industria. El primer eje, y que tiene prioridad, es generar un cronograma de acción para los proyectos energéticos y mineros que se encuentran en tramitación en el Congreso. Pulso, 29 de octubre de 2012.


Ha pasado un mes de la celebración de la cumbre pro inversión pública -privada, donde participaron ministros y empresarios, para consensuar propuestas que ayuden al país destrabar normas y regulaciones, que muchas veces impiden la generación de iniciativas de alta inversión para Chile, como energéticas y mineras.
En la cena anual de la industria, el presidente Sebastián Piñera se comprometió a hacer públicas las medidas pro inversión en los próximos días. “Las medidas se darán a conocer en las próximas semanas, porque la urgencia es un elemento fundamental”, indicó y precisó que estas medidas buscarán cumplir con la meta del gobierno de ser  “un país desarrollado y sin pobreza al término de esta década”.
Durante los 30 días desde la cumbre, los 5 ministerios a cargo de esta agenda (Segpres, Economía, Minería, Energía y Medio Ambiente) crearon un plan de acción, con 3 ejes principales. El primero, y que tiene mayor prioridad, es buscar la rápida tramitación de los proyectos energéticos y mineros que se encuentran en el Congreso o que están en proceso de ser ingresados, tales como: la carretera eléctrica, el proyecto que pretende elevar al 20% al 2020 la participación de las Energías Renovables No Convencionales, la reforma a reglamentos, como el del CDEC-SIC y la interconexión SIC y SING.
El segundo eje,  es la creación de una ley miscelánea que buscará modificar un conjunto de normas, para mejorar la certeza jurídica para los proyectos de alta inversión.
El tercer eje apunta a medidas a corto plazo relacionadas con políticas administrativas que dependen del gobierno, como por ejemplo, el perfeccionamiento y modificación de reglamentos, resoluciones y materias de gestión, con el fin  de dar un impulso a la inversión.
“Tenemos la convicción que en esto se requiere una mirada país, una mirada de Estado. El desarrollo energético del país trasciende  a los gobiernos y a las coaliciones políticas, y eso es lo que vamos a buscar en el Parlamento con la idea de avanzar resueltamente para dar más certeza jurídica, y evitar la judicialización de proyectos importantes, ya que la demora en sus tramitaciones está teniendo un alto costo, y finalmente si no se concretan podría producir que el país no tenga una malla energética, como la que requiere”, dijo el ministro Pablo Longueira.
Respecto a las iniciativas administrativas, estás incluirán la necesidad de mayor personal, para apurar los trámites de los proyectos;  más recursos para acelerar procesos administrativos; y cambios en los derechos de agua.
MODIFICACIÓN A LAS ZOIT
Las zonas de interés turísticos, conocidas como Zoit, son una de las preocupaciones del gobierno, por el mal uso que le dan algunas comunas, provincias y regiones, y que muchas veces impiden la instalación de iniciativas energéticas. Es por ello, que dentro de la Agenda pro inversión, y en el pilar administrativo, el Ejecutivo buscará modificar esta norma.
“Hay que cuidar que no se desprestigien (las Zoit), ya que algunas regiones, provincias y comunas, con el propósito de impedir  que se haga un proyecto que pase por una Zoit, desvirtúan una norma que lo que busca es que  establezcamos  estas zonas y que resguarden como primera prioridad el turismo”, señaló Longueira.
COMPENSACIÓN 
En este mismo contexto, el gobierno buscará implementar una medida para compensar a aquellas comunidades que dicen verse afectada por la instalación de ciertos proyectos. Para esto, el Ejecutivo estudió diversos modelos como un fondo público privado, que sea un costo de la compañía, o la generación de créditos para los impuestos que se pagan. “Hay muchos que sostienen que esto el primer piso y no va a solucionar nada. Estamos diseñando una política pública que permita una mejor mirada de las comunidades, sin perjuicio de lo que tengan que hacer las compañías”, precisó el secretario de Estado.

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