Cámara Alta inició el debate de proyecto de ley de pesca larga

En la primera jornada de discusión en general y particular de la iniciativa, junto con despejar temas de presuntas inhabilidades, los legisladores expresaron sus distintas visiones sobre lo que debería ser una política de sustentabilidad de los recursos pesqueros. Senado.cl, 16 de octubre 2012.
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Con la intervención de los senadores Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Alejandro García Huidobro, Ximena Rincón y Antonio Horvaht, además del ministro de Economía Pablo Longueira se inició el debate en general y particular del denominado proyecto de ley de pesca larga, que cumple su segundo trámite.

Sin embargo, por haberse cumplido la orden del día, la discusión de la iniciativa que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones deberá continuar en la próxima sesión ordinaria.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Comisión de Ética, senador Hernán Larraín dio a conocer un pronunciamiento solicitado por la Mesa – a requerimiento del senador Andrés Zaldívar- sobre la presunta inhabilidad que recaería sobre el senador Zaldívar y sus pares Carlos Larraín, Alejandro García- Huidobro y Jovino Novoa para pronunciarse la iniciativa, de acuerdo a cartas que enviaron organizaciones sociales.

El senador Hernán Larraín precisó que "la Comisión por unanimidad de sus integrante acordó expresar que la regulación sobre los eventuales conflictos de interés están regulados en el artículo 5° B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en el artículo octavo del Reglamento del Senado". Asimismo recordó que en el último tiempo "se han logrado avances importantes en materia de transparencia y probidad que están en el marco de los compromisos internacionales que ha suscrito Chile", aludiendo así a la información pública que está disponible sobre las declaraciones de patrimonio e interés de los legisladores.

Puntualizó que la Comisión entiende que "el primer llamado a resolver el eventual conflicto de interés es el propio parlamentario, evaluando cada situación concreta a la que se ve enfrentado, lo que debe efectuarse con especial cuidado porque -a diferencia del Poder Judicial- no hay constitucionalmente normas que permitan el reemplazo del parlamentario impedido lo que puede afectar las mayorías consagradas por la ciudadanía".

Manifestó que "la Comisión estimó que no resulta apropiado recabar su pronunciamiento sobre eventuales impedimentos en cada caso en que se enfrenten a votaciones inminentes de proyectos de significación social o económica, en circunstancias que las reglas aplicables son de suficiente claridad".

En tanto, el senador Zaldívar junto con aseverar que "su prioridad ha sido siempre deponer los intereses personales a los intereses generales del país" y confirmó que "recibió algunas comunicaciones haciendo referencia a un hermano que hace muchos años trabajó en una importante empresa pesquera, fue ejecutivo de ella, luego pasó a un cargo no ejecutivo pero desde hace más de 5 años esta prostrado con enfermedad que le impide ejercer cualquier tipo de funciones".

El senador García- Huidobro aclaró que la información expresada por diversas misivas "no corresponde a la verdad", ya que "poseo 63 acciones, con un capital de $37 mil 800 de la empresa Navarino S.A, que es un fondo de inversiones como cualquiera de los que existe en Chile, como los de AFP, donde cualquier chileno puede tener incluso más acciones que quien habla, respecto a intereses sobre un sector económico determinado". Asimismo insistió en que su preocupación son los trabajadores de la pesca del país.

SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS

A su turno, la senadora Rincón, recalcó que "esta discusión no es solo sobre la administración sustentable de recursos pesqueros, sino que debe marcar cómo los políticos manifestamos con nuestros votos, la mirada que tenemos sobre los recursos naturales y el reparto de la riqueza del país". Al respecto, dijo que los recursos naturales deben ser protegidos y administrados por una regulación que garantice el bien común, como expresión de justicia y equidad social.

En ese sentido, precisó que "se debe asegurar la sustentabilidad de la biomasa", evitando así la sobre explotación, por eso valoró "el avance en términos de sacar del sistema de decisiones de la cuota global al Consejo Nacional de Pesca pero la solución propuesta por el proyecto no garantiza ni autonomía ni calidad científica para una buena toma de decisiones y creo que el IFOP debiera ser como el Banco Central del Mar". Además, "hizo reserva de constitucionalidad al proyecto toda vez que se están vulnerando principios de libertad económica y no discriminación arbitraria" en lo relativo a la manera de asignar los recursos que se contempla.

Por su parte, el senador Horvath, en su calidad de presidente de la Comisión de Pesca dijo que "el sector pesca mueve una actividad económica de orden de US$ 1.300 millones al año y da empleos directos a más de 20 mil personas". Asimismo dio a conocer un detallado informe sobre el sector y de la iniciativa misma donde "se incorporó el criterio de que la administración de los recursos pesqueros le corresponde al Estado".

Precisó que "no se puede fijar por ley las cuotas año a año sino que tiene que haber investigación científica y autónoma y la institucionalidad debe estar reforzada para que la fiscalización se realice". El proyecto incorpora también "el criterio de que nadie puede tener derechos indefinidos y recursos a perpetuidad", así como una serie de puntos recogidos en varias reuniones con agrupaciones pesqueras de todo el país. No obstante, mencionó que aún quedan pendientes la consulta de algunos pueblos originarios como los de Rapa Nui y de organismos que así lo han solicitado.

Finalmente, el Ministro Longueira recalcó que "está disponible para incorporar los perfeccionamientos que sean necesarios en el proyecto que es una de las legislaciones más complejas" que le ha tocado liderar. No obstante advirtió que "lo que vence el 31 de diciembre es un sistema transitorio que acordó el país hace 10 años y que se llama Límites Máximos por Armador, es decir, todos siguen con derechos vigentes, indefinidos pero con la carrera olímpica por los recursos"

Por lo tanto, afirmó que "si no legislamos volvemos a un sistema que fue modificado porque el sistema estaba llevando a una depredación de los recursos pesqueros". 

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