Debate sobre propuesta para el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

Aunque el texto final aún no se conoce, las críticas sobre su contenido no se han hecho esperar, siendo las principales el nivel de discrecionalidad que permitiría a la autoridad y la forma de inclusión de las consultas públicas, especialmente en lo referido a la participación de las comunidades indígenas. El Mercurio 16 octubre 2012.
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Dos versiones conocidas ha tenido hasta ahora la propuesta para el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): la que fue sometida a consulta pública entre junio y octubre de 2011, y aquella que en mayo pasado aprobó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Hoy el documento está en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, pendiente de ser firmado por el Presidente y revisado por Contraloría, hasta donde debiese llegar a fin de mes.

Se trata de un proceso que forma parte de la puesta en marcha de la Ley 20.417, promulgada en 2010, según la cual este reglamento busca adecuar la evaluación ambiental a la reforma de la institucionalidad en dicha materia, que reemplazó a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente.

Ricardo Irarrázabal, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, dice que "gran parte de los cambios legales tiene que ver con mayores exigencias a la evaluación ambiental de proyectos.

Una de las cuestiones más relevantes es regular mejor lo que se refiere a la participación ciudadana y recoger lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema, además de regular la participación de los pueblos indígenas a través de la generación de una inclusión acorde que cumpla con los estándares establecidos en el Convenio 169".

Por su parte, Luis Cordero, profesor de Derecho de la U. de Chile, afirma que es un avance en comparación con lo que existía antes: "La evaluación hay que uniformarla, sistematizarla y trasladar las mayores exigencias que puso la ley ambiental a los proponentes, en buena medida, viendo lo que ha ocurrido en los últimos dos años producto de los litigios ambientales y del tipo de proyectos que está ingresando al sistema. La consecuencia de eso es un reglamento íntegro que se hace cargo de una serie de cosas que habían sucedido históricamente en la práctica, y hace explícitos ciertos criterios".

Las críticas

Aunque la propuesta final no se conoce y aún queda espacio para modificaciones, distintas voces han cuestionado ciertos contenidos incluidos en el documento, donde la tensión principal se da por el nivel de discrecionalidad que el texto permitiría a la autoridad.

En este sentido, Álvaro Sapag, ex director de la Conama, cree que uno de los problemas centrales es la inclusión de conceptos como "impacto ambiental", que van más allá de las definiciones legales existentes, lo que abre la posibilidad para múltiples interpretaciones. A su juicio, "de esta forma se estaría modificando una definición legal por la vía reglamentaria, porque habla de impactos ecosistémicos o socioambientales, que no están definidos en ninguna parte".

Además, agrega que se incorporan más trámites que los actuales, con lo que "vamos a tener un procedimiento bastante más engorroso desde el punto de vista procesal", y que se plantea la no divisibilidad de la resolución de calificación ambiental, lo que podría generar un problema en el caso que se quiera vender parte del proyecto.

Por su parte, Cordero afirma que el reglamento, al precisar claramente exigencias, lleva a muchos a asumir que la autoridad contará con mayor poder de decisión y se generarán altos grados de discrecionalidad. Sin embargo, agrega que a su juicio es mejor "un reglamento que explicite las prácticas discrecionales, porque en la medida que se hace se pueden tener estándares normativos de control de las decisiones".

Pueblos indígenas

Pese a que hubo una consulta pública respecto del reglamento, en julio pasado la Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas presentó un recurso de protección argumentando no haber sido considerada para la elaboración del texto, vulnerándose así uno de los puntos del Convenio 169.

Ignacio Toro, director ejecutivo del SEA, replica que hasta antes de esta propuesta "nunca un reglamento se había puesto en la web para ser comentado", y agrega que "los pueblos originarios creen que no fueron bien escuchados así como alguna gente de la ciudadanía, ONGs, empresarios y gremios. Es natural que eso se dé, porque cada uno quiere que sea su reglamento el que se lleve a cabo, entonces, al terminar ese proceso de escucha y al tener la autoridad una propuesta, surgen críticas".

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