Declaración de Santiago VI Foro Eurolatinoamericano – Caribeño de la Sociedad Civil

Las organizaciones firmantes, representativas de ONGs, movimientos sociales, asociaciones y redes de la sociedad civil latinoamericana y europea, ante la I Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC y la Unión Europea llamamos a hacer un cambio de rumbo hacia una equitativa integración de nuestros pueblos por medio de una mayor justicia e igualdad social, una democracia más sólida y participativa, el respeto integral a los Derechos Humanos, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de nuestra biodiversidad.

En un momento crítico de la historia de nuestros continentes, constatamos que las soluciones de mercado que se vienen implementando están orientadas a proteger únicamente a los intereses de los grandes capitales. A la vez comprobamos que nuestros pueblos están reaccionando, protestando y proponiendo. En especial, los más afectados: mujeres, jóvenes, niños, comunidades afro-descendientes, el mundo de la diversidad sexual, estudiantes, trabajadores, desempleados, desplazados, pueblos indígenas, migrantes y discapacitados, quienes están movilizados a fin de profundizar sus demandas y generando soluciones alternativas y creativas.Mientras los pueblos de Europa se resisten a los intentos de hacerles pagar injustamente los costes de la depresión económica, en América Latina los afectados por el modelo neo-liberal y los procesos de mercantilización de los bienes públicos se rebelan contra los privilegios al sistema financiero que es el causante de la actual crisis. Llamamos a que estas voces sean escuchadas y tomadas en cuenta por los gobiernos en las urgentes decisiones políticas y económicas que se deben tomar frente a la profundización de la actual crisis sistémica. Desde estas convicciones, demandamos:

 1. Formular una nueva arquitectura financiera mundial que resguarde los derechos:

1.1 Promover tanto en Europa como en América Latina, un debate y un proceso de auditoría ciudadana sobre la deuda pública; renegociar sus términos y condiciones, así como suspender los pagos.

1.2 Instaurar un impuesto a las transacciones financieras internacionales, que inhiba la especulación y cuya recaudación se oriente a la promoción del desarrollo sostenible y a cerrar las enormes brechas económicas que caracterizan al actual orden global.

1.3 Legislar nacional e internacionalmente para la proscripción total de los paraísos fiscales y de los derivados financieros especulativos. Prohibir a los bancos e instituciones financieras tener sucursales en los centros bancarios extraterritoriales (OFCs). Combatir el secreto bancario y la evasión de capitales. Separar de forma clara e inmediata la banca de inversión y la de ahorro.

1.4 Priorizar en América Latina la construcción de una institucionalidad financiera regional. El Consejo de Ministros de Economía de los países fundadores del Banco del Sur debe consolidar la participación de la sociedad civil regional en ese espacio.

1.5 Reforzar el multilateralismoy democratizar las Naciones Unidas, incluyendo en su seno todas las otras organizaciones multilaterales globales, con el fin de construir un sistema de instituciones internacionales democrático, coherente, responsable y eficaz.

 2. Dar coherencia a los modelos de inversiones con los objetivos de desarrollo sustentable y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia:

Fortalecer las competencias de los Estados en materia de regulación de las inversionesextranjeras, garantizando su plena soberanía en materia alimentaria y energética. Fortalecer las autoridades nacionales e internacionales sobre la gestión ambiental, de manera tal que sean un efectivo contrapeso a los organismos encargados de la promoción de las inversiones y tengan reales capacidades normativas, presupuestales y políticas, para proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Rediseñar el llamado «Mecanismo de Inversión en América Latina» (MIAL), incluyendo mecanismos de participación de la sociedad civil. Incorporar estándares de evaluación de las inversiones que garanticen la protección laboral, medioambiental y la transparencia en la información.

Incorporar mecanismos previos de zonificación ecológica y económica, ordenamiento, y gestión territorial; y revisar los estándares y mecanismos de evaluación de impacto ambiental y social de las inversiones, de tal manera que permitan el control social sobre sus posibles efectos en materia de biodiversidad y medio ambiente, redes de transporte y energía, así como en las poblaciones locales afectadas.

Reforzar las capacidades de los gobiernos sub nacionales para participar en decisiones sobre los grandes proyectos e inversionesque impactan sobre sus territorios y sus poblaciones.

Asegurar que la obligación de la UE de garantizar coherencia entre las políticas de la UE y los objetivos de desarrollo (Coherencia de las Políticas para el Desarrollo – CPD) se aplique a todas las políticas y acuerdos que pudieran afectar el desarrollo de los países latinoamericanos, en particular a la agricultura, el comercio y la energía.

Cumplir de forma estricta el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y hacerlo extensivo a las poblaciones afrodescendientes y a otros afectados, garantizando la inclusión de sus derechos ancestrales y colectivos. Incorporar los mecanismos de consulta para el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas así como mecanismos adicionales de consulta y consentimiento de todas las poblaciones locales impactadas, en las decisiones sobre las grandes inversiones en infraestructura, energía y actividades extractivas.

Garantizar asimismo el acceso al agua como bien común y derecho humano fundamental, estableciendo normas explícitas que impidan su privatización y mercantilización.

Sustituir el modelo extractivista en América Latina, fomentando procesos de diversificación y de integración regional orientados a contener el proceso de re-primarización de nuestras economías y la actual dependencia de la exportación de commodities al espacio extra regional.

Promover la transición concertada hacia una matriz energética menos dependiente de la energía fósil, apoyando estrategias de desarrollo de alternativas sostenibles y limpias desde las propias poblaciones y estados de la región.

Renegociar los Acuerdos de Asociación existentes entre la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe y detener los que están en proceso de ratificaciòn. Rechazar las presiones que se ejercen sobre países para el reinicio de negociaciones (Ecuador y Mercosur). Abrir paso a acuerdos bajo un nuevo marco de equidad, que recojan las aspiraciones de los pueblos de nuestros continentes y sus organizaciones, garantizando su participación plena y vinculante.

Iniciar un diálogo estructurado sobre el impacto de las políticas de criminalización de la producción, transporte, comercio y consumo de drogas, en la perspectiva de reconocer los graves daños secundarios derivados de las actuales políticas de control policial y militar.

Adecuar la política migratoria a los estándares de la legislación internacional humanitaria, garantizando en este ámbito amplia transparencia y capacidad de fiscalización a la sociedad civil bi-regional. Derogar la Directiva Europea de Retorno. Clausurar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya que la irregularidad migratoria no puede conllevar a privación de libertad. Garantizar la atención sanitaria, farmacéutica y socio-sanitaria a los migrantes, sin importar su situación administrativa.

 3. Fortalecer y democratizar el diálogo político bi-regional, incorporando de forma activa a la sociedad civil.

Instaurar mecanismos de evaluación y seguimiento permanentes, públicos, participativos y vinculantes sobre todos los acuerdos bilaterales, especialmente las asociaciones estratégicas existentes con Brasil y México.

Someter a referéndum vinculante todos los nuevos tratados internacionales y acuerdos de importancia que se adopten en el marco de este diálogo bi-regional.

Institucionalizar mecanismos de participación de los actores sociales tanto en CELAC como en otros mecanismos de integración regional latinoamericana y abrir los espacios de consulta con la sociedad civil en Europa.

Exigir el completo rediseño institucional de la Fundación UE-ALC ya que la sociedad civil no fue consultada en el diseño de este organismo, y hasta ahora no se ha contemplado ningún tipo de participación social en su gobernanza. Sólo así podrá tener la legitimidad, las competencias y las capacidades para facilitar la participación activa y permanente de la sociedad civil de ambas regiones.

Ampliar el espacio e instancias de participación política de la sociedad civil, guiados por los estándares mínimos acordados por la sociedad civil, garantizando marcos legales para su efectiva participación y diálogo con los gobiernos y demás sectores, en particular: garantizar su derecho de asociación, de expresión y poner un alto a la criminalización de la protesta social tanto en América Latina como en Europa.

Adoptar medidas integradas en un plan de acción para asegurar la emancipación de las mujeres, la igualdad de género y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra ellas, incluyendo el feminicidio. Para ello cumplir de forma estricta con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belén do Para) y el Convenio Europeo para la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y su Prevención.

Garantizar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, tanto en las comunidades rurales como urbanas, promoviendo una institucionalidad que permita ejercer una defensoría específica de sus derechos.

 4. Revisar la cooperación oficial al desarrollo garantizando su reciprocidad, estabilidad y previsibilidad.

Garantizar que las prioridades de la cooperación al desarrollo en el futuro se basen en las propuestas de la ciudadanía organizada de América Latina y Europa. Evaluar la efectividad de las acciones de cooperación incorporando mecanismos de rendición de cuentas con participación de la sociedad civil respecto a los recursos de cooperación transferidos a los gobiernos nacionales y subnacionales. En especial se debe desligar la cooperación al desarrollo de mecanismos que supongan una mayor deuda a los gobiernos.

Impulsar políticas de diferenciación y de coherencia para el desarrollo: i) revisar los criterios que excluyen a los países de renta media de los recursos financieros de la Cooperación: ii) proponer de manera concertada con estos países nuevas formas de financiación orientadas a sus problemas de desigualdad y consolidación democrática; iii) explorar prácticas de cooperación triangular entre la UE y los países de la CELAC; iv) definir de manera negociada las metas y objetivos de la cooperación para el desarrollo de la UE; v) garantizar que esta política no se vea socavada por otras políticas, tal como lo establece el Tratado de Lisboa.

Promover garantías en las instancias nacionales, regionales y globales en el sentido que sean inclusivas, representativas y activas a fin de promover: i) la efectividad del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil; ii) la implementación de los Principios de Estambul para la Eficacia de las OSC; iii) garantizar un ambiente habilitante para la sociedad civil, de acuerdo a lo planteado en el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC.

Las organizaciones de la Sociedad Civil europea y latinoamericana y caribeña, consideran que ahora, más que nunca, frente a la urgencia de este momento histórico, la voz de los pueblos se debe atender de forma pronta y activa, ya que constituye una garantía básica de legitimidad social y gobernabilidad democrática a la hora de enfrentar con determinación la crisis sistémica-global que enfrentan nuestros continentes.

 MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe

Confederación Europea de ONGs de Emergencia y Desarrollo- CONCORD