Organizaciones reiteran que proyecto que regula emisiones de fundiciones de cobre es “insuficiente”

Luego que se diera por finalizada la realización de observaciones al anteproyecto de Normas Fundiciones de Cobre, diversas organizaciones medioambientales y de la sociedad civil criticaron los alcances de la iniciativa, señalando sus limitaciones a la hora de regularizar las emisiones más dañinas para la salud.


El pasado martes venció el plazo para realizar observaciones al Anteproyecto de Norma de Fundiciones de Cobre que está tramitando el ministerio de Medioambiente y que fija un techo a las emisiones de elementos contaminantes que emiten estas empresas.

Una de las principales preocupaciones sobre el anteproyecto es la ausencia de un límite para las emisiones de mercurio, peligroso tóxico que se acumula en el organismo causando graves enfermedades, así como que se regule sólo el material particulado, el dióxido de azufre y el arsénico.

Esto cuando, según Katta Alonso, representante del Movimiento de Comunidades por el Derecho a la Vida, de Ventanas, nuestro país cuenta con un negro historial, tal como lo ratificó la OCDE que en su informe de evaluación ambiental de 2005 calificó a Chile en el último lugar de los países miembros de la organización.

En consideración a estos antecedentes, la dirigente criticó la política de la secretaría del Medioambiente y el que Chile se quede atrás en la implementación de nuevas tecnologías que permitan una producción sustentable.

“La norma viene muy mala, porque en arsénico se constató que se supera en 6, 5 y 15, respectivamente, el máximo a tolerar que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No entendemos por qué Chile, si tiene la mayor producción de cobre del mundo y el cobre está con un precio buenísimo, no es capaz de invertir y resolver este problema”, argumentó Katta Alonso.

Por su parte, la ONG ambiental Oceana criticó los límites de arsénico, y añadió que el fijado para el Material Particulado (PM) supera en 10 a 20 veces los sugeridos por el Banco Mundial, además de que no se especifica el tamaño del PM que regula, considerando que el elemento más peligrosos es el PM 2,5 y, por lo tanto, en él deben centrarse los esfuerzos de reducción.

La abogada de Oceana, Natalia Alfiera, indicó que si bien se reconoce “que las mediciones horarias de dióxido de azufre son un avance, debiera medirse este contaminante cada diez minutos para evitar peaks como los que han sucedido en el sector de Ventanas”.

Asimismo, la jurista criticó el plazo de cinco años para que entren en vigencia los límites exigibles a las fuentes existentes, “porque se trata de un plazo demasiado amplio, de manera que la situación en los próximos cinco años empeoraría para sectores como Ventanas”, dijo.

Con estas críticas coincidió Eduardo Giesen, del Colectivo Viento Sur y ex jefe corporativo de medioambiente de la Empresa Nacional de Minería desde el año 1996 al 2000, cuando Ventanas pertenecía a la estatal, quien alertó sobre las compensaciones que contempla este anteproyecto.

“Se permite en caso de que se reduzcan los valores emitidos por debajo de los valores de la norma, abrir la posibilidad para la cesión o la compensación de estas emisiones, es decir, las plantas que no copen su capacidad de emisión pueden, de alguna manera, compensar esas emisiones emitiendo más en otras operaciones o, a modo de transacción de emisiones, venderlas para que otras plantas puedan emitir en exceso, lo que no es ético”, denunció Giesen.

El ambientalista añadió que es lamentable que las fundiciones y las empresas estatales tengan comportamientos de empresas privadas, y que lo único que busquen es maximizar sus utilidades, sin cuidado de resguardar la salud y los derechos de los ciudadanos, como se ha podido ver en zonas altamente contaminadas como Ventanas, Puchuncaví y Quintero.

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