Debate sobre Decreto 701: una oportunidad para pensar la política forestal de Chile

Columna de opinión de Flavia Liberona Directora Ejecutiva de Fundación Terram, publicada en portal sustentare.cl el 23 de octubre de 2012.


A principios de este mes el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley orientado a renovar el sistema de bonificaciones para el sector forestal; el actual ha operado desde 1974 a través del Decreto Ley N° 701 sobre fomento forestal, cuya vigencia vence a fines de este año. Con el envío del texto legal, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, pretende renovar el sistema de bonificaciones para el sector por 20 años. Si bien establecer incentivos para el sector forestal puede parecer algo positivo, antes de aprobar una norme en este sentido es necesario realizar un análisis en profundidad de los costos y beneficios que ha tenido la aplicación del DL N° 701 por casi 40 años.

El ingreso del texto legal al Parlamento generó cierta polémica, pues en primera instancia el gobierno le impuso suma urgencia al proyecto, lo que forzaba su tramitación en sólo quince días. Sin embargo, a petición de diversos grupos interesados se retiró la urgencia, lo que debería contribuir a una tramitación más pausada, que abre la posibilidad a que exista una mayor participación de diversos actores, que los parlamentarios reciban opiniones desde distintos sectores y se genere un necesario debate.

El D.L. N° 701 fue promulgado en 1974, en un contexto en el que no hubo un discusión legislativa, y durante los primeros 20 años de su aplicación su orientación fue la bonificación de plantaciones forestales de especies exóticas, principalmente pino y eucaliptus. La intensa aplicación de este instrumento regulatorio fue determinante para el desarrollo, crecimiento y consolidación de la industria forestal chilena, que en este período se convirtió en uno de los sectores relevantes de la economía nacional. En esta primera etapa, a través del 701 se plantaron cientos de miles de hectáreas en las regiones del Sur. El establecimiento de estas grandes extensiones de plantaciones forestales cambió el paisaje, incidió en las economías locales y en definitiva generó impactos sociales y ambientales.

Si bien este modelo forestal ha reportado beneficios económicos a los privados que se han beneficiado del mismo, se ha concentrado en facilitar el desarrollo de grandes extensiones de monocultivos forestales, aportando a la consolidación de grandes grupos empresariales dominantes en el sector. La aplicación de bonificaciones vía D.L. N° 701 ha permitido que con dinero de todos los chilenos se promueva la consolidación de un modelo basado en plantaciones exóticas de rápido crecimiento, “el modelo forestal chileno”.

Sin embargo, este modelo se ha impuesto por la vía de los hechos sin una discusión de política pública o una planificación del estado. Pero tal vez lo más lamentable es que no ha reportado mayores beneficios en términos sociales, pues las comunas forestales siguen estando entre las más pobres de Chile. En el plano ambiental, la sustitución de vegetación nativa, las prácticas de tala rasa con la consiguiente pérdida de suelo y la aplicación de agroquímicos, así como los problemas de agua, siguen siendo temas recurrentes cuando se habla de monocultivos forestales.

Si bien se puede reconocer que se ha establecido un modelo forestal, es necesario señalar que el Estado, o mejor dicho los gobiernos de turno, no han jugado un rol adecuado, protagónico ni activo en la aplicación de este instrumento. Son escasas las evaluaciones económicas, sociales y ambientales de la aplicación del 701, evaluaciones que permitirían dimensionar los reales impactos que ha provocado su aplicación.

Hoy nos encontramos en una situación límite, pues la aplicación del sistema de bonificaciones para plantaciones forestales culmina en diciembre de 2012 y el gobierno está apurado con su renovación. Sin embargo, sólo a partir de una adecuada evaluación de su aplicación se puede iniciar una discusión seria y preguntarse si efectivamente es necesario o no contar con un instrumento que bonifique plantaciones forestales, y a partir de ello decidir hacia dónde se debería orientar la aplicación de un instrumento como éste. Por ejemplo, centrarse sólo en especies nativas o incorporar también exóticas; enfocarse en la reducción de la deforestación y protección de cauces, en plantaciones dendroenergéticas, así como planificar quienes deberían ser los beneficiarios. Lamentablemente, hoy el Ejecutivo impone la discusión sobre un texto legal que presenta falencias importantes y que no incorpora una mirada país.

El Estado, y en este caso en particular el Ministerio de Agricultura y CONAF, están en deuda, pues no han dado a conocer los efectos que ha generado el Decreto 701 en sus casi cuarenta años de aplicación. Estamos en un punto de inflexión que debería ser una oportunidad para la discusión de política pública, de manera de llegar a establecer una política forestal moderna, que sea capaz de valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que presta el bosque nativo, y establezca incentivos que reconozcan y fortalezcan a las comunidades locales. Este proceso debe vincularse estrechamente con la implementación de una nueva institucionalidad forestal pública, a través de la creación de un servicio sectorial que reemplace a la Conaf.

El proyecto enviado por el Ejecutivo quedó radicado en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, que ahora abre una etapa de audiencias con actores interesados; es de esperar que en estos espacios, pese a ser restringidos, den cabida no sólo a representantes de la industria, sino que también académicos, organizaciones de la sociedad civil, y en especial los directamente involucrados, estos es, pequeños y medianos propietarios forestales, incluyendo comunidades indígenas.

Comments are closed.