Empresas se preparan ante inminente debut de la Súper de Medio Ambiente

El superintendente (s) del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg, dice que no habrá marcha blanca con las sanciones y que priorizarán las grandes fuentes de emisiones a la atmósfera, descargas al agua o proyectos ubicados en áreas protegidas o que sus impactos se vinculen a comunidades. La Segunda, 09 de noviembre 2012.
Lea noticia relacionada: ¿Llegarán a tiempo los tribunales y la super de medioambiente?
Las tareas y atribuciones que tendrá la Superintendencia verde.;


Preocupación. No hay otra palabra que defina mejor lo que se vive en las empresas productivas ante la inminente puesta en marcha de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Las millonarias sanciones y atribuciones de la que estará dotada, que llegan hasta clausurar instalaciones, tienen a los ejecutivos trabajando a toda máquina para no ser “víctima” de la nueva institucionalidad.

El 28 de diciembre los fiscalizadores de la SMA harán su estreno, en conjunto con la apertura de los tribunales ambientales, completando el mapa de lo aprobado en 2010. “Esto parte el día de los inocentes, pero pensamos que no es para nada una broma”, comenta un dirigente empresarial.

Y los hechos demuestran la seriedad con que compañías de distintos rubros lo están asimilando: contratación de asesores ambientales, análisis con abogados especialistas de las opciones para evitar multas e, incluso, simulación de visitas fiscalizadoras.

Uno que conoce al detalle estas acciones es el ex superintendente del Medio Ambiente, Felipe Lira, quien ahora trabaja como consultor senior en Arcadis, compañía especialista en asesoramiento en estos temas. “Las empresas con las que trabajamos se dieron cuenta de que la senda del cumplimiento es la mejor opción”, dice.

Explica que el primer paso en la asesoría a las firmas es ayudarlas con la carga de compromisos, procedimiento establecido por la autoridad para que las compañías hagan públicas las obligaciones adquiridas.

Lo segundo, es continuar con un diagnóstico de cómo está el cumplimiento y, a partir de eso, “hacer las gestiones necesarias en la dirección del cumplimiento. Claramente por parte de las empresas existen dudas de cómo va a funcionar la nueva institucionalidad, pero concientes de, primero, identificar bien los compromisos ambientales y luego hacer ensayos de fiscalización”, explica.

En Arcadis, comenta la ex autoridad, con previa autorización de los clientes, “hacemos una suerte de visita sorpresa, verificando cómo está el cliente para levantar los puntos de incumplimiento y, en función de ese resultado, ver cuáles son las mejores alternativas para solucionar los déficit”.

“En general, las compañías están preocupadas, en el buen sentido de la palabra, en cumplir todos los compromisos y lo que se está haciendo es tratar de avanzar lo más rápido posible en eso (…) aunque también hay otras que no están haciendo nada, porque no lo consideran necesario”, agrega.

Para el gerente del área de Sostenibilidad de Ernst & Young, José García Huidobro, “las principales preocupaciones de las compañías tienen que relación a que hoy operan con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que tienen brechas relevantes con los proyectos finalmente instalados, por lo que están preocupados de levantar sus compromisos ambientales, evaluar si éstos han sido cumplidos, van a ser cumplidos y en algunos casos si pueden cumplirlos”.

Es un proceso relevante porque, dice García Huidobro, en un inicio de la evaluación de los proyectos eran prácticas habituales de las consultoras incorporar compromisos que buscaban la expedita aprobación ambiental, “con las consecuencias que estamos hoy observando, una serie de compromisos que no podrán cumplirse”.

Una opción es la autodenuncia

Un termómetro de la inquietud empresarial por la nueva institucionalidad son los abogados especialistas en el área. En el estudio Vergara, Galindo y Correa, dedicado sólo a temáticas medioambientales, crearon hace poco más de dos meses un área con cuatro profesionales para abordar los cumplimientos ambientales

Javier Vergara, fundador de esta oficina y ex director de la Conama Metropolitana, comenta que su principal servicio es hacer análisis de cumplimientos basados en criterios de riesgos. “Si hay 100 condiciones impuestas en una RCA, y si se cumplen 99, pero en la que no lo haces implica mucho riesgo, da lo mismo las otras”, ejemplifica.

“También se discuten opciones en términos de estrategia. Esta nueva ley entrega cierto tipo de instrumentos que deben ser analizados si se usan o no”, dice.

Uno de ellos es la autodenuncia, que exime al infractor de multas si comunica por escrito a la SMA haber cometido alguna falta. “Algunos clientes pueden estar analizando si es la autodenuncia un camino interesante o no, pero siempre es una alternativa”, dice Vergara.

Este análisis toma importancia al estudiar la cuantía de las multas: para una falta catalogada “gravísima” el sancionado deberá desembolsar hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA, unos US$ 9,7 millones).

Aunque no es la única opción. Existe el programa de cumplimiento, consistente en un plan de acciones y metas propuesto por el infractor, para que dentro de un plazo fijado por la Superintendencia se cumpla con la normativa.

También es una alternativa el plan de reparación, que es una propuesta de objetivos y medidas de reparación del daño ambiental causado.

Para el abogado de Prieto y Cia, Alejandro Ruiz, “lo que más perturba al sector productivo es el cambio en las reglas del juego. Con el ingreso en funciones plenas de la Superintendencia llegan nuevas reglas de fiscalización y eso es más control a las empresas. Una nueva mano con más atribuciones”.

Advierte que “cuando una empresa cuenta con una RCA con 500 compromisos, es probable que alguno de ellos no los esté cumpliendo. Están tomando cartas en el asunto, muchos temen sanciones y nadie quiere perder el permiso”.

SMA priorizará proyectos de alto impacto para fiscalizar

No habrá marcha blanca, sentencia el superintendente (s) del Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg. “El día que comiencen a operar los tribunales ambientales, las facultades de fiscalización y sanción de la Superintendencia estarán vigentes. Por lo tanto, si detectamos una infracción y ésta se comprueba, estamos en la obligación de iniciar un procedimiento sancionatorio”. Recalca, eso sí, que la sanción no es un fin en sí mismo.

Por eso, dice que han definido cuatro pilares estratégicos para fiscalizar a las compañías: temas atmosféricos, hídricos, biodiversidad y sistemas de vida de las personas.

Puntualiza que se focalizarán en las grandes fuentes de emisiones a la atmósfera, descargas al agua o proyectos ubicados en áreas protegidas o que sus impactos se vinculen a comunidades.  
 
¿Qué fiscaliza la SMA?

La Superintendencia del Medio Ambiente, además de las denuncias que recibe, fiscaliza el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), las medidas de planes de prevención y descontaminación, y las normas de calidad ambiental y de emisión. También vigila los planes de manejo y otros instrumentos que establece la ley.

PwC: "Vemos atraso en algunas empresas"

Mathieu Vallart, socio encargado del área de Sustentabilidad y Cambio Climático de consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), cuenta que -hay empresas grandes que partieron con el trabajo, entendieron los mensajes de la Súper y la magnitud de las multas".

Las compañías que antes de la Superintendencia ya tenían una exposición social más intensa —como grandes mineras o forestales— sí están más preparadas. Sólo puede faltar ordenar la casa, pero las compañías con este perfil actúan rápido y tienen los recursos para hacerlo-.

Sin embargo, dice que hay otras "en donde vemos un atraso que es preocupante, porque algunas no conocen muy bien sus exigencias medioambientales".

¿Cómo explicar esta lentitud? Según Vallart muchos gerentes generales no entendieron la importancia de la nueva institucionalidad, "por eso ahora algunas rezagadas están tratando de ponerse al día".

 

Comments are closed.