Indígenas presentan recurso contra sistema de evaluación ambiental

Un nuevo escollo sumó el nuevo reglamento para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que, tras dos años de estudio, aprobó en mayo el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Pese a que todavía no es firmado por el Presidente Piñera, la iniciativa enfrenta ahora un recurso de protección interpuesto por agrupaciones indígenas en contra de las nuevas normas.

En específico, seis representantes de asociaciones indígenas —de origen aymara, mapuche y quechua— interpusieron un recurso de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); el Consejo de Ministros, presidido por la ministra del Medio Ambiente María Ignacia Benítez; el ministro secretario general de la presidencia, Cristián Larroulet; y el contralor general de la República, Ramiro Mendoza. ¿La razón? La forma en que la normativa ejecutará la consulta indígena, relacionada al convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios.

El reglamento busca aclarar los mecanismos necesarios para cumplir con las obligaciones de las consultas indígenas, como también los tiempos para realizarla y a quiénes se les debe preguntar.

Según el recurso de protección —que se tramita en la Corte de Apelaciones de Santiago— al entregar fórmulas de aplicación de las consultas, este reglamento “vulnera el contenido del convenio 169 de la OIT”.

“Recurrimos contra la vulneración y contra la amenaza contra nuestros derechos, pues sumado a lo ya aprobado hasta ahora, no sabemos como mutará el contenido del reglamento mencionado”, se lee en el documento.

Añade que “si el mecanismo de consulta ambiental no se ajusta a estos estándares, estaremos entonces, ante un simulacro de consulta, una consulta insuficiente, que vulnerará el derecho a la igualdad ante la ley, tal como está expresada en el reglamento ambiental, está mutilada de distintas maneras”.

En respuesta, los abogados Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, representando al Consejo de Ministros, sostienen que el recurso debe ser rechazado.

Argumentan que las comunidades indígenas “pretenden obtener protección de su particular interpretación” del convenio 169.

Agregan, entre otros puntos, que la acción es extemporánea. “Se pretende impugnar un determinado proceso de consulta, por estimar que no habría sido suficiente y completo, en circunstancias que dicho proceso concluyó con mucha anterioridad a la fecha de interposición del recurso”.