Los pros y los contras de la nueva ley de fomento forestal

El 31 de diciembre de 2012 expira la última prórroga hecha al Decreto Ley 701 de Fomento Forestal, la legislación que permitió que en los últimos 38 años se forestaran los 2,6 millones de hectáreas con que cuenta hoy la industria forestal chilena, la segunda actividad exportadora del país, detrás de la gran minería, con con US$ 5.902 millones en 2011. El éxito de la iniciativa y la preocupación por su eventual fin llevaron a que el Gobierno, a comienzos de octubre enviara al Congreso un proyecto de ley para mantener los incentivos a la forestación, con algunos cambios, por otros 20 años. De aprobarse, significará que el sector contará con una bonificación estatal ininterrumpida por casi 60 años.

El foco del "nuevo DL 701" se pone exclusivamente en los pequeños y medianos propietarios de tierras forestales, beneficia sólo a terrenos con aptitud forestal y se centra en 2,3 millones de hectáreas de suelos descubiertos de vegetación.

La parte quizás más novedosa es que por primera vez el Estado reconocerá con un incentivo monetario los servicios ambientales que proporciona el bosque. Se destina a las 800 mil ha que tienen aptitud forestal no productiva y que necesitan cobertura de vegetación ya que están en problemas por erosión, degradación o desertificación. Para esto se considera un subsidio y, además, un bono equivalente a una producción normal que pudiera darse en el lugar específico, por ejemplo, caprinos en la IV Región.

El proyecto ingresó con suma urgencia al Congreso; sin embargo, ésta le fue quitada luego por el Ejecutivo.

"La nueva ley de fomento forestal es una buena ley y esperamos que los parlamentarios lo entiendan así, porque como siempre está ocurriendo hoy, la primera aproximación, sin leerla, es de rechazo, pero en la medida en que la han ido conociendo se han dado cuenta que es positiva", señala el ministro de Agricultura, Luis Mayol.

La nueva iniciativa genera posiciones encontradas, ya que mientras en la industria la aplauden, pero con reparos por cómo operaría; entre ambientalistas se considera que antes de lanzarla se debió cuantificar el impacto positivo y negativo de la anterior legislación.

Por qué sí

El Catastro Vegetacional muestra entre 1997 y 2011 un incremento de los bosques en más de un millón de hectáreas, desde 15.637.233 a 16.676.875 ha, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático.

Por ello, que el proyecto amplíe y modifique los incentivos permitiría "continuar con la exitosa política de crear un recurso natural renovable de relevancia ambiental y económica", dicen en el Minagri.

A ello agregan que la propuesta amplía los beneficios del DL 701, pero con una mirada que equilibraría mejor lo ambiental con lo productivo. Esto porque apunta a 2,3 millones de hectáreas de suelos descubiertos de vegetación que están en proceso de erosión.

De hecho, se orienta a apoyar a pequeños y medianos propietarios con una bonificación para plantaciones tanto con fines productivos como ambientales. Para estas últimas, hay distinto porcentaje de bonificación. Los pequeños y medianos optan al 100% y 90%, respectivamente, y a un pago anual por mantener la cubierta vegetal permanente. Los otros propietarios sólo podrán optar al 75% de los costos de forestar.

La bonificación para la forestación con fines productivos pagará el 90% a los pequeños propietarios y el 75% a los medianos. Para otros propietarios, será el 50%.

Los peros ambientales

En el sector ambientalista tienen varias aprensiones respecto de los efectos del actual y del nuevo esquema.

"Si no hay una evaluación, es imposible saber si la aplicación de un sistema de bonificaciones realmente sirvió para lo que fue creada, si llegó a quienes estaba destinada, si se lograron beneficios y para quién. La evaluación no consiste sólo en decir cuánto dinero puso el Estado y cuántas hectáreas se plantaron con pino y eucalipto. Es algo bastante más profundo, pues estamos hablando de un instrumento legal que da cuenta de una política pública. Esta evaluación es imprescindible si se quiere seguir aplicando un sistema de bonificaciones al sector forestal", señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram.

Lo que plantea es que falta discutir entre todos los sectores y actores una política forestal moderna que integre aspectos ambientales, ecológicos, sociales y económicos, que mire el territorio como una unidad y que coordine el desarrollo e implementación de instrumentos regulatorios para el sector. Esto para establecer los desafíos y las necesidades del país para los próximos 40 años. Y luego definir los instrumentos regulatorios.

A partir de ahí considera que los objetivos de un nuevo DL 701 deberían ser amplios. Por ejemplo, adaptación al cambio climático, protección de recursos hídricos, forestación y reforestación con especies nativas, generación de corredores biológicos y zonas de amortiguamiento en áreas protegidas, protección de cabeceras de cuencas, glaciares y cursos de agua, desarrollo de un mecanismo para pago por servicios ambientales, desarrollo de plantaciones endoenergéticas, etc.

Desde lo ambiental, cree que es importante analizar el DL N° 701 y otras leyes relacionadas, para saber cuáles son las medidas de protección complementarias que deberían establecerse en la ley.

"Entre ellas, evidentemente debería estar la eliminación del método de corta a tala rasa, limitar las superficies forestales de plantaciones exóticas e implementar el desarrollo de corredores biológicos, así como proteger las cabeceras de cuenca y borde de los cauces con plantaciones de especies vegetales nativas propias del lugar. Falta también saber cómo se implementará la evaluación ambiental estratégica de la Ley N° 19.300, que debe ser implementada por todos los ministerios sectoriales. Además, es necesario un mayor detalle y rigurosidad en términos de cómo se pretende establecer un mecanismo de apoyo a la reducción de emisiones de cambio climático", añade.

Una visión ambivalente

"Con el envío de este proyecto, se reconoce el valor de las plantaciones forestales en su dimensión ambiental, social y económica y también como un recurso que puede generar riqueza en las zonas rurales, dando una acertada mirada a un recurso que en el mundo es cada vez más valorado y que abastece cerca del 40% de la demanda de sus siete billones de habitantes, desde una superficie inferior al 5% del total de bosques. Destacamos, además, el compromiso del Estado con este instrumento de fomento que es el principal con que cuenta nuestro sector", señala el presidente de Corma, Fernando Raga.

No obstante, plantea observaciones al proyecto, las que ya presentó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

La primera se refiere a la definición del grupo objetivo de la bonificación.

"Respecto del pequeño propietario, valoramos que la nueva definición sea clara y simple, que elimine la obligación de trabajar en el predio que está establecida en el actual DL 701; y que se entregue también una alternativa adicional para acceder a la bonificación a quienes aún no han terminado su trámite de saneamiento de título, ya que esto era una clara debilidad de la actual normativa. Sin embargo, tanto en ésta como en la definición de mediano propietario se presenta un tramo por ingresos por ventas, servicios y otras actividades que consideramos restrictivo. Como un predio forestal contempla distintos tipos de uso del suelo como ganadero, agrícola y forestal, los montos definidos pueden excederse rápidamente, lo que podría excluir a muchos propietarios. Esta situación es especialmente relevante en el caso de los medianos, ya que este segmento es el que podría dar el mayor impulso a la actividad de forestación. Por ello consideramos que se requiere una revisión de los límites máximos que se contemplan en las distintas categorías", señala Raga.

También plantean incluir aspectos para mejorar la productividad y rentabilidad, como bonificar la asociatividad de los pequeños propietarios, el uso de plantas mejoradas genéticamente y la tramitación simplificada a aquellas plantaciones que cuenten con sellos de Manejo Forestal Sustentable.

Critican, eso sí, que el proyecto no deje estipulado un monto total anual para las bonificaciones, lo cual consideran imprescindible para que no quede al arbitrio de una definición presupuestaria anual. El que las bonificaciones sean concursables también agrega inseguridad. "Al menos para el caso de los pequeños propietarios debería ser por asignación directa, tal como se hace hasta ahora", plantea Raga.  
 
De aprobarse el proyecto, el sector forestal contará con una bonificación estatal ininterrumpida por casi 60 años.