Decidió invitar para la próxima sesión a representantes de la Corte y a dos expertos constitucionalistas para que entreguen su análisis de la iniciativa. Un informe enviado por la Suprema hace unas semanas sostiene que la redacción del articulado "debilita el derecho de propiedad" al obligar a entregar las servidumbres para el troncal.

 

"Hay dudas respecto de la expropiación bajo el concepto de utilidad pública, cuando se termina beneficiando a las generadoras y transmisoras", explicó la presidenta de la instancia, senadora Isabel Allende (PS). La parlamentaria recalcó que le pidieron al ministro de Energía, Jorge Bunster, la aclaración de varios puntos antes de partir con la votación. Primero está el tema de constitucionalidad; ligado a ello se encuentra el hecho de que la concesión del terreno siempre será a favor de un privado, a diferencia de las concesiones de Obras Públicas, que al cabo de un número de años pasan al Estado.

Otra duda es que el proyecto no favorece a las energías renovables no convencionales porque el costo de conectarse es demasiado alto y "choca" con el proyecto de concesiones que se ve en la Cámara de Diputados.