Tribunales ambientales podrían retrasar su inicio por compleja selección de los jueces

Primera sala especializada sería la de Santiago y la ley establece que debería entrar en operación el 28 de diciembre. La Alta Dirección Pública entregó recién el viernes a la Corte Suprema el listado de los postulantes para liderar estos tribunales. Además, falta que el Presidente Piñera y el Senado aprueben luego la propuesta que saldrá desde la Corte. Mercurio 14 de noviembre 2012.


Uno de los anuncios estrella del gobierno de Sebastián Piñera, los tribunales ambientales, podría sufrir un retraso en su puesta en marcha estimada para el 28 de diciembre próximo. En esta fecha entraría en funcionamiento la primera entidad en Santiago, que regulará a las regiones Metropolitana, V, VI y VII.

De acuerdo con fuentes ligadas al Poder Ejecutivo, en las últimas semanas los abogados del Ministerio del Medio Ambiente están evaluando solicitar una prórroga para inaugurar el primer tribunal en 2013 y no a fines de este año, como lo estableció la Ley 20.600, que se publicó el 28 de junio en el Diario Oficial. El eventual retraso responde a la alta complejidad que ha exhibido el proceso de selección de los cinco jueces -tres titulares y dos suplentes- que estarán a cargo de la sala especializada en Santiago.

Recién el viernes pasado, el Consejo de Alta Dirección Pública le entregó a la Corte Suprema las cinco nóminas -contienen entre seis y ocho profesionales cada una- cumpliendo con la primera de las cuatro etapas que contempla el proceso de selección. Esto, teniendo en cuenta que en un principio se esperaba que la designación de los jueces estuviera totalmente resuelta durante este mes.

Según fuentes de Gobierno, en un proceso normal la Alta Dirección Pública demora cerca de tres meses en la etapa de reclutamiento, ya que este paso no sólo implica definir los perfiles, sino que también fijar las remuneraciones en conjunto con la Dipres, entre otras definiciones.

Entre todas estas opciones, la CADP se preocupó de buscar un perfil "altamente técnico, con especializaciones en materias medioambientales y con al menos diez años de ejercicio profesional", según afirman fuentes ligadas a este proceso concursal.

Sin embargo, esta etapa se enfrentó a la dificultad de perfiles con una gran expertise técnica, pero con poco manejo en materias judiciales y de resolución de conflictos, agregan otras fuentes, lo que impidió que el CADP demorara menos de los tres meses -que usualmente toma- en esta definición de nóminas, como estaba presupuestado.

Fuentes señalan que el proceso podría no retrasarse si la Suprema acelera la designación de los integrantes, pese a que la demora proviene de la ADP.

En esta etapa la Corte elegirá la quina que tentativamente ocuparán los cinco puestos que se deben llenar para el tribunal ambiental de Santiago. El máximo tribunal ya comenzó la revisión interna para verificar que los candidatos cumplan con los requisitos y el perfil.

La Corte Suprema tiene la facultad de rechazar a algunos nombres de la propuesta, en caso que no cumplan con los requisitos. Una vez finalizado este proceso debe llamar a una audiencia pública para escuchar a los candidatos, etapa que aún no ha sido fijada. Si debido a ello, del listado original quedan menos de cinco postulantes, el CADP deberá completar la nómina llamando a un nuevo concurso.

En caso de resultar exitosa esta etapa, la quina debe ser visada por el Presidente Piñera, para luego ser votada en el Senado. En este último paso la aprobación enfrentará un escenario adverso.

Esto, porque la discusión en el Congreso de aquí a fin de año estará marcada por el Presupuesto 2012, a lo que se sumará el reajuste del sector público. En diciembre, además, habrá dos semanas distritales del día 3 al 7 y, luego del 24 al 28. Por lo tanto, los tiempos en esta instancia jugarán en contra de la votación por parte de la Cámara Alta del nombre que proponga el Presidente.

Cinco
son los jueces que deben ser electos para liderar los tribunales de Santiago. La puesta en marcha de estas entidades
La Ley 20.600, que creó los tribunales ambientales y que fue publicada el 28 de junio de este año, estableció una gradualidad en la puesta en marcha de estas instancias especializadas. Éstas tienen como objetivo que los problemas judiciales que puedan enfrentar los proyectos que se someten a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) sean resueltos por estas nuevas salas y no por la justicia ordinaria.

En el caso de la nueva normativa ambiental se crearon tres jurisdicciones. Primer Tribunal Ambiental, ubicado en Antofagasta, y con competencia territorial en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama y de Coquimbo; Segundo Tribunal Ambiental, ubicado en Santiago, y con competencia territorial en Valparaíso, las regiones Metropolitana, VI y VII; y Tercer Tribunal Ambiental, ubicado en Valdivia, y con competencia territorial en Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

El Segundo Tribunal Ambiental debía funcionar dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley, es decir, el 28 de diciembre. En tanto, la puesta en marcha del Primer y Tercer Tribunal es junio de 2013. Fuentes de Gobierno señalan que con este último plazo no habrá problemas, ya que el Consejo de Alta Dirección Pública presentará a la Suprema sus nóminas en enero. Así las complejidades se dan en el caso del Segundo Tribunal.

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