Congreso despacha a ley proyecto que regula la pesca con advertencias

Normativa estuvo un año en tramitación. Dos senadores de oposición anunciaron requerimientos ante el TC, pues en su opinión con la normativa se consolida la concentración en el segmento industrial. El Mercurio, 19 de diciembre 2012.
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Listo para convertirse en ley quedó el proyecto que regula la pesca tras la aprobación por parte del Senado por 23 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones. En el equipo del Gobierno las felicitaciones y abrazos se multiplicaban por lograr despachar un proyecto tras un año de tramitación. "Esta es una ley justa y equilibrada, que permitirá el desarrollo armónico del sector", dijo el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.

Pero el proyecto no podrá convertirse en ley hasta que no pase por el Tribunal Constitucional que deberá pronunciarse sobre dos requerimientos anunciados por senadores de oposición, que presentarán hoy.

Uno, liderado por el senador Eugenio Tuma (PPD) y firmado por 11 parlamentarios, critica la ley por "discriminación arbitraria" porque reconoce los derechos de los industriales y no de los pueblos originarios.

El segundo, del presidente del Senado, Camilo Escalona (PS), afirma que interfiere con la libertad económica al permitir la concentración, "estableciendo un monopolio legal", del segmento industrial.

En tanto, los pesqueros industriales de la zona centro sur del país, reunidos en Asipes, destacaron que se hayan aprobado las licencias pesqueras transables a 20 años renovables, pero también expresaron su preocupación porque las causales de caducidad y renovación aprobadas son muy drásticas.

Licencias renovables cada 20 años

La nueva ley establece licencias tipo A asignadas por capturas históricas que duran por 20 años y son transferibles y divisibles.

Son renovables por un período similar, excepto si los industriales han incurrido en cuatro infracciones a la misma ley. También por haber sido sancionado con caducidad tres veces; o por haber incumplido normas ambientales, laborales, previsionales y derechos de los trabajadores

Los armadores artesanales cuentan con permisos de pesca indefinidos y heredables.

A su vez, se incorpora un plazo de seis meses para que los empresarios opten por acogerse a esta nueva ley de licencias transables, o por mantenerse bajo el amparo de la Ley de 1991 con licencias que no son transables.

Base científica para explotar

El nuevo articulado deja la decisión de cuánto y cuándo pescar a los comités científicos técnicos, desplazando estas atribuciones de los actuales consejos nacional y zonales de pesca, que sólo tendrán rol consultivo.

Se crean once comités científicos, por pesquería, integrados por tres a cinco miembros especialistas. Los miembros recibirán una remuneración de tres UTM por cada sesión, y serán definidos por el Sistema de Alta Dirección Pública. Durarán en su cargo cuatro años y se establecen varias incompatibilidades para evitar conflictos de interés.

Estos comités deberán declarar en qué estado se encuentran los recursos mediante el Sistema de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y determinar si están bajo las categorías de plena explotación, sobreexplotados o colapsados. El ministro de Economía, con la ratificación de estos consejos, determinará la cuota dentro del rango estipulado por los estudios.

Licitaciones a todo evento

La nueva ley define qué tipos de pesquería y cuándo se abrirán a licitación. En general estipula que cuando un recurso llegue al 90% del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) se abrirá un 5% de la cuota total a subasta para que ingresen nuevos actores al sistema pesquero.

Este esquema va aumentando en tramos de 5% por año hasta lograr un 15% de apertura a mayor competencia.

Claro que en el caso de que un recurso esté sobreexplotado se dará un respiro de cinco años: dos para fijar los puntos de referencia, y tres para recuperar su RMS. Si en ese lapso no alcanza el RMS se procederá a licitar de todas formas el recurso, con cargo a las cuotas que en ese momento tendrán los industriales. Esto es lo que se denominó durante la tramitación como licitación "a todo evento".

No obstante, se exceptúa de este modelo a las pesquerías "colapsadas", estado en el que se encuentran hoy la merluza, el jurel y la sardina, que son las más relevantes para los industriales. "Al final terminan concediendo el derecho a pescar estos recursos por siempre", indicó el senador independiente Carlos Bianchi, resumiendo las dudas que emergieron en el Parlamento, ya que se piensa que estas especies jamás lograrán su recuperación.

Royalty con tope

El nuevo cuerpo legal fija patentes por nave operando desde 0,4 UTM (unidad tributaria mensual) a 1,66 UTM. Este esquema reemplaza al sistema de pago por nave registrada, como ocurre actualmente.

Además, establece un royalty , cuyo porcentaje de cobro en 2014 corresponderá a un 5,7% de la cuota; de 5,4% en 2015; de 5,1% en 2016; de 4,8% en 2017, para quedar en 4,2% en régimen a partir de 2018.

Se fijó, además, un techo para que los desembolsos no superen el 40% de lo que pagan hoy las empresas por concepto de patentes. La recaudación esperada sería de unos US$ 32 millones.

Pesca artesanal: más cuota

La iniciativa fijó un nuevo fraccionamiento de cuota por los próximos 20 años para doce pesquerías, dejando un 55% de las capturas en manos del sector artesanal.

La primera milla queda reservada para las embarcaciones menores a 12 metros de eslora, y se regulan las cinco millas para la pesca artesanal de naves de hasta 18 metros. Las excepciones (perforaciones o pesca en este territorio por parte de otros actores) pueden ocurrir previo acuerdo entre industriales y artesanales.

Para las naves semiindustriales, de entre 12 y 18 metros, se exige el uso de posicionador satelital a dos años de la entrada en vigencia de la nueva ley.

 

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