Iniciativa propone consagrar el derecho al agua como derecho humano

La moción pretende impedir que en el futuro el legislador establezca el dominio privado sobre las aguas, además de proteger el vital elemento como un derecho, lo que implica responsabilizar al Estado en la protección, el acceso y el diseño e implementación de políticas públicas que garanticen este derecho a toda persona, sin discriminación. Cámara.cl 05 de diciembre 2012.


El proyecto (boletín 8678) destaca el carácter de bien nacional de uso público que tiene el agua y que está reconocido en el Código Civil y en el Código de Aguas, mas no a nivel constitucional.

La idea del texto es establecer en el artículo 19 de la Carta Fundamental que las aguas son bienes nacionales de uso público, y además que el Estado reconoce el derecho al agua como un derecho humano y que tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas.

La propuesta es estudiada por la Comisión de Constitución y fue presentada por los diputados Fuad Chahín (DC), Sergio Ojeda (DC), René Saffirio (DC), Víctor Torres (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Adriana Muñoz (PPD), Hugo Gutiérrez (PC), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Luis Lemus (PS) y Alejandra Sepúlveda (PRI).

Actualmente el Código de Aguas considera este recurso como un bien social y como un bien económico, lo que separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, lo que ha dado origen al mercado de las aguas.

En ese sentido, la norma consagra dos categorías de derechos de aprovechamiento: consuntivas y no consuntivas. La diferencia entre ambas radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. Hoy, el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivas (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos transnacionales como ENDESA.

Lo preocupante es que Chile vive una situación de desabastecimiento, ya que hoy la disponibilidad del agua, por tratarse de un país que tiene una geografía árida o semiárida, es un problema, por lo que resulta necesario darle la relevancia que tiene, lo que se traduce en la necesidad de una consagración constitucional.

A lo anterior, debe sumarse que durante este año representantes de los mundos político, social, ecologista y gremial relanzaron la campaña denominada "Recuperar el Agua Para Chile", iniciada el año 2009, que busca recolectar un millón de firmas para presionar al Gobierno y al Congreso Nacional para que legislen sobre la nacionalización del recurso hídrico, y segundo, la reactivación de un proyecto de reforma constitucional en ese sentido.

Por tanto, los autores de la iniciativa consideran necesario adecuar la Constitución a los tiempos modernos, considerando además la tendencia mundial a la protección constitucional del recurso agua, planteando reconocer dentro de los derechos humanos consagrados en el artículo 19 de la Constitución, el derecho fundamental al agua, así como el dominio absoluto del Estado sobre este recurso.

En consecuencia, los parlamentarios patrocinantes consideran que sólo corresponde al legislador establecer el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que recaigan sobre las aguas, a objeto de proteger un recurso que en nuestro país, debido entre otras razones, al crecimiento económico, el aumento de la población y el cambio climático, cada vez se hace más escaso.

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